Por norma no escrita en el Ejército mexicano cada gobernador cuando asume su cargo, suele reunirse con los comandantes de zona o región militar para ponerse de acuerdo en un principio básico: la coordinación.
Cuando el panista Francisco García Cabeza de Vaca asumió la gubernatura de Tamaulipas en octubre del 2016, los buenos deseos y la retórica del trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas comenzó a ser parte de la relación en una entidad donde la autoridad constituida quedó fracturada por la filtración del crimen organizado en las esferas del gobierno. Basta recordar que dos ex gobernadores, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores enfrentan cargos criminales en cortes de distrito del sur de Texas por presuntos nexos con el tráfico de drogas y lavado de dinero.
En su primer año de gobierno García Cabeza de Vaca se mostró participativo con los acuerdos que su antecesor Egidio Torre Cantú firmó con el gobierno federal entre el que estaba el plan de coordinación en materia de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde finales del 2017 pasado había reportes de que algo no marchaba bien, lo que se confirmó desde marzo de este año cuando mil 400 efectivos pertenecientes a los batallones 11 de infantería que venía de su base en Mérida, Yucatán, y el 101 de Chicoasen, Chiapas, comenzaron a abandonar Tamaulipas.
La medida era el principio de la salida de alrededor de dos mil efectivos que llegaron a Tamaulipas de otras partes del país para reforzar las operaciones en las cuatro zonas en las que fue dividido el estado en 2014, cuando el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció el lanzamiento de la estrategia federal contra la delincuencia en esa región del país.
Hoy día el convenio está muerto. En medio de acusaciones de que los elementos castrenses tienen “bajo desempeño” o “acuden tarde” a los llamados de emergencia, el gobierno estatal dejó de pagar los 25 millones de pesos mensuales que forman parte del acuerdo para la operación y logística de las tropas que realizan labores de seguridad en la entidad.
La penetración del crimen organizado en la policía estatal y en la fiscalía del estado, así como en gran parte de las corporaciones municipales, llevó a que mandos del Ejército se mostraran cautelosos para compartir información y actuaran con reserva en sus misiones.
Desde la creación del convenio en el año 2011 con el gobierno del entonces mandatario Torre Cantú, en los primeros días de casa mes se cubría el pago para no afectar la operatividad de las tropas las cuales venían de otras entidades del país. Desde que el pasado mes de abril la actual administración dejó de depositar la parte que le correspondía, la Sedena decidió regresar a sus efectivos a las bases del país a las que pertenecen.
El convenio incluía que los militares realizaran labores de seguridad con funciones de policía estatal con efectivos en 22 de 43 municipios tamaulipecos. Tras el retiro de las tropas foráneas, la orden del general de división Luis Cresencio Sandoval González, comandante de la cuarta región militar, que comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, fue de continuar la labor de apoyo a la ciudadanía con unidades orgánicas de la octava zona con sede en Reynosa.