Por David Martín de la Fuente
En un año convulso, atípico y lleno de incertidumbres, si algo claro dejó el 2021, es que el vínculo entre las Fuerzas Armadas y López Obrador es cada vez más estrecho, y que, si bien desde un principio el actual mandatario había repetido en numerosas ocasiones que quería a los militares dentro de los cuarteles, lo cierto es que su apoyo a las fuerzas castrenses es cada vez más notorio.
Este apoyo también es recíproco, lo cual se pudo comprobar en las palabras de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, quien el pasado 20 de noviembre aprovechó su discurso por el 110 Aniversario de la Revolución Mexicana para reafirmar una vez más que las Fuerzas Armadas están completamente a disposición del Gobierno; y es que, a pesar de las dudas que suscita esta estrecha relación, Sandoval fue tajante: “no anhelamos ningún poder, porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”.
Además del aumento de presupuesto al Ejército, podemos ver la confianza que el Gobierno Federal tiene puesta en esta institución en la continua transferencia de competencias. El inventario Nacional de lo Militarizado del Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE muestra cómo la transferencia de funciones civiles a los órganos castrenses ha aumentado durante los últimos sexenios (2006 – 2021) y las Fuerzas Armadas intervienen cada vez más en la vida pública en áreas como salud, medioambiente y obras públicas ―que van desde el nuevo aeropuerto en Ciudad de México hasta la faraónica construcción del Tren Maya.
Esta confianza ―quizás de interés, basada en el intercambio de favores―, también se ve reflejada en la opinión pública. Los últimos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) publicados por el INEGI, correspondientes a septiembre de 2021, muestran como la Marina y el Ejército cuentan con una alta valoración de desempeño en materia de seguridad pública (86.8% y 84.5%, respectivamente), mientras que otras autoridades como la Policía Estatal o la Policía Preventiva Municipal mantienen unos niveles de confianza mucho más bajos (52.5% y 47.5%, respectivamente).
En este caso, es importante señalar que, si bien históricamente la población ha reconocido la actuación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y desastres naturales, no valora la impunidad con la que actúa, pues la progresiva presencia de militares en las calles se ha traducido en un importante aumento de casos de tortura, desaparición y asesinatos. Además, la comparación es injusta si nos remitimos al trato desigual que estas instituciones (Fuerzas Armadas y Policía) reciben por parte del Gobierno: presupuesto, prestaciones, etcétera.
El 2021 dejó varias lecciones y nos invita a reflexionar sobre cuál será el panorama en materia de seguridad pública para el año 2022 y hasta dónde puede llegar la intervención de las Fuerzas Armadas en este ámbito: ¿continuará la progresiva militarización del país o encontraremos otras vías alternas en materia de seguridad pública?
