/ martes 14 de julio de 2020

Gobernanza: el talón de Aquiles

Por: Manuel Guadarrama


En la mitología griega, Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, muere en batalla cuando una flecha envenenada lo alcanza en su punto débil: su talón. Al nacer, su madre trató de volverlo inmortal, al sumergirlo en el río Estigia, pero al sostenerlo por el talón, ese preciso punto de su cuerpo quedó vulnerable. Al igual que en este mito, la Constitución concibe a los estados como entes libres y soberanos. Se les dota de poderes, facultades y funciones, pero en la práctica, la gobernanza persiste como su talón de Aquiles.


El término gobernanza agrupa a las diferentes características que describen al ejercicio de la autoridad en las instituciones. Con ello se hace alusión a conceptos como Estado de derecho, control de la corrupción, calidad del marco regulatorio, estabilidad política, rendición de cuentas y efectividad gubernamental en la provisión de bienes y servicios.


La adopción de la gobernanza implica una amplia gama de condiciones institucionales para el desarrollo económico y político, que permiten impulsar la competitividad y mejorar las condiciones de vida de las personas. En el reciente Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2020 del IMCO, el talón de Aquiles se encuentra en los factores relacionados con la gobernanza. Por más que los estados se esfuercen en ser innovadores, en tener mercados eficientes o en impulsar una economía estable, si no cuentan con gobiernos eficientes y eficaces los avances son castillos de arena.


De acuerdo con el ICE 2020, la entidad con el mejor sistema de derecho confiable y objetivo fue Yucatán, mientras que la peor fue Tabasco. ¿Qué implicaciones tiene esta medición? Ambas entidades están en los extremos en cuanto a temas de Estado de derecho. Por un lado, en Yucatán no se registró ningún secuestro en 2018, fue el quinto estado con menor incidencia delictiva (5.9 delitos del fuero común por cada mil habitantes) y el 67% de sus ciudadanos se sintió seguro. Por el otro lado, Tabasco reportó 4.1 secuestros por cada 100 mil habitantes, un alto robo de vehículos y una baja percepción de seguridad (solo el 7% de sus ciudadanos se sintió seguro).


En materia de corrupción, para 2018 Colima reportó la menor incidencia, con 12 mil 601 actos corruptos de servidores públicos por cada 100 mil habitantes, es decir, la mitad del promedio de los demás estados del país (25 mil 179 actos de corrupción). En el mismo año, Sonora reportó la mayor incidencia en corrupción, con 61 mil 652 actos por cada 100 mil habitantes (2.4 veces más que el promedio del resto de las entidades) y la menor participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 con solo el 52% de los ciudadanos registrados en la lista nominal.


La atención a las demandas ciudadanas debe guiar la actuación de los gobiernos. Querétaro fue la entidad con el mayor acercamiento a la ciudadanía por medios electrónicos (un 14% más que el promedio de los estados). Además, en esta entidad es más fácil registrar una propiedad y abrir una empresa. Por el contrario, Guerrero presentó poca transparencia presupuestal y generación de ingresos propios. Asimismo, se ubicó en la posición 30 de 32 respecto a los hogares que se surten de agua por pipa y casi el 80% de su población estaba en la informalidad laboral.


La función más básica de un Gobierno es la de proteger la integridad de las personas, sus derechos, sus libertades y su propiedad. Si un Gobierno falla en esto, pierde legitimidad y toda la gobernanza se ve afectada. Esto conlleva a que las intervenciones del Estado deban cuestionarse, priorizarse y ser relevantes a las condiciones de cada entidad para lograr contribuir al desarrollo económico y político. Sin embargo, no todos los déficits de gobernanza deben (o pueden) abordarse a la vez. El desarrollo de capacidades es producto del tiempo y en ocasiones, los logros se pueden revertir y convertirse en debilidades.


Quedó claro que el Gobierno federal en esta administración abandonó a los estados. El pacto fiscal es solo uno de los múltiples aspectos que habrá que revisar y que estarán en la agenda pública. Pero son los estados los que con sus propios recursos, métricas y políticas públicas quedaron a cargo (o la deriva) de la contingencia de salud y la crisis económica. En este momento, el manejo de la gobernanza de los estados y la implementación de políticas públicas bien planeadas serán determinantes para llegar a la ya anhelada recuperación o el temido hundimiento.


P.D. Si puedes, #QuédateEnCasa.





Coordinador de Gobierno y Finanzas del @IMCOmx.

@ManuGuadarrama




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Por: Manuel Guadarrama


En la mitología griega, Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, muere en batalla cuando una flecha envenenada lo alcanza en su punto débil: su talón. Al nacer, su madre trató de volverlo inmortal, al sumergirlo en el río Estigia, pero al sostenerlo por el talón, ese preciso punto de su cuerpo quedó vulnerable. Al igual que en este mito, la Constitución concibe a los estados como entes libres y soberanos. Se les dota de poderes, facultades y funciones, pero en la práctica, la gobernanza persiste como su talón de Aquiles.


El término gobernanza agrupa a las diferentes características que describen al ejercicio de la autoridad en las instituciones. Con ello se hace alusión a conceptos como Estado de derecho, control de la corrupción, calidad del marco regulatorio, estabilidad política, rendición de cuentas y efectividad gubernamental en la provisión de bienes y servicios.


La adopción de la gobernanza implica una amplia gama de condiciones institucionales para el desarrollo económico y político, que permiten impulsar la competitividad y mejorar las condiciones de vida de las personas. En el reciente Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2020 del IMCO, el talón de Aquiles se encuentra en los factores relacionados con la gobernanza. Por más que los estados se esfuercen en ser innovadores, en tener mercados eficientes o en impulsar una economía estable, si no cuentan con gobiernos eficientes y eficaces los avances son castillos de arena.


De acuerdo con el ICE 2020, la entidad con el mejor sistema de derecho confiable y objetivo fue Yucatán, mientras que la peor fue Tabasco. ¿Qué implicaciones tiene esta medición? Ambas entidades están en los extremos en cuanto a temas de Estado de derecho. Por un lado, en Yucatán no se registró ningún secuestro en 2018, fue el quinto estado con menor incidencia delictiva (5.9 delitos del fuero común por cada mil habitantes) y el 67% de sus ciudadanos se sintió seguro. Por el otro lado, Tabasco reportó 4.1 secuestros por cada 100 mil habitantes, un alto robo de vehículos y una baja percepción de seguridad (solo el 7% de sus ciudadanos se sintió seguro).


En materia de corrupción, para 2018 Colima reportó la menor incidencia, con 12 mil 601 actos corruptos de servidores públicos por cada 100 mil habitantes, es decir, la mitad del promedio de los demás estados del país (25 mil 179 actos de corrupción). En el mismo año, Sonora reportó la mayor incidencia en corrupción, con 61 mil 652 actos por cada 100 mil habitantes (2.4 veces más que el promedio del resto de las entidades) y la menor participación ciudadana en las elecciones federales de 2018 con solo el 52% de los ciudadanos registrados en la lista nominal.


La atención a las demandas ciudadanas debe guiar la actuación de los gobiernos. Querétaro fue la entidad con el mayor acercamiento a la ciudadanía por medios electrónicos (un 14% más que el promedio de los estados). Además, en esta entidad es más fácil registrar una propiedad y abrir una empresa. Por el contrario, Guerrero presentó poca transparencia presupuestal y generación de ingresos propios. Asimismo, se ubicó en la posición 30 de 32 respecto a los hogares que se surten de agua por pipa y casi el 80% de su población estaba en la informalidad laboral.


La función más básica de un Gobierno es la de proteger la integridad de las personas, sus derechos, sus libertades y su propiedad. Si un Gobierno falla en esto, pierde legitimidad y toda la gobernanza se ve afectada. Esto conlleva a que las intervenciones del Estado deban cuestionarse, priorizarse y ser relevantes a las condiciones de cada entidad para lograr contribuir al desarrollo económico y político. Sin embargo, no todos los déficits de gobernanza deben (o pueden) abordarse a la vez. El desarrollo de capacidades es producto del tiempo y en ocasiones, los logros se pueden revertir y convertirse en debilidades.


Quedó claro que el Gobierno federal en esta administración abandonó a los estados. El pacto fiscal es solo uno de los múltiples aspectos que habrá que revisar y que estarán en la agenda pública. Pero son los estados los que con sus propios recursos, métricas y políticas públicas quedaron a cargo (o la deriva) de la contingencia de salud y la crisis económica. En este momento, el manejo de la gobernanza de los estados y la implementación de políticas públicas bien planeadas serán determinantes para llegar a la ya anhelada recuperación o el temido hundimiento.


P.D. Si puedes, #QuédateEnCasa.





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