En menos de un mes la administración pública continúa su transformación. Se eliminó el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), se recortaron recursos para la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y se emitió la declaratoria de expropiación para el Tren Maya. El factor común en estas decisiones es la falta de planeación y la consecuente improvisación.
En otras ocasiones, como el famoso acuerdo presidencial, fue evidente el desdén al derecho y a la legalidad. Ahora nos topamos ni más ni menos con la expropiación. El 17 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de utilidad pública de expropiación para el Tren Maya relativa a 2.4 millones de metros cuadrados de propiedad privada.
La expropiación es la máxima expresión del poder del Estado. Tiene por objeto extraer la propiedad privada para ingresarla al dominio público. Deben cumplirse varias condiciones, las más importantes son que sea por causa de utilidad pública y que se realice una indemnización. En este caso no queda claro ni la idoneidad del bien expropiado. Con esa declaratoria se genera incertidumbre: si usted se cree afectado, vaya a pedir los planos. Un gobierno con enfoque social hubiera optado por esquemas cooperativos para liberar los derechos de vía en lugar de expropiar.
Cuando se planteó por primera vez el proyecto del Tren Maya, se hicieron diversos llamados sobre su viabilidad, costos e impactos. No hicieron caso a la evidencia. Ahora, el Tren Maya enfrenta una improvisación tal que ni en la ruta definitiva se tiene certeza. Esta improvisación ya costó la afectación de miles de árboles, comunidades y zonas arqueológicas.
En el caso de la política gubernamental hacia la educación superior los ataques a la libertad académica son diversos. Por ejemplo, las violaciones a la normatividad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por parte de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o las restricciones presupuestales para la ENAH. La aplicación de la política de austeridad a rajatabla puede ser popular en el corto plazo, pero de manera sostenida puede acabar con instituciones y funciones importantes del Estado mexicano.
El decreto por el cual se elimina el Indesol como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar tampoco debe pasar desapercibido. Ahora será la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social la que asuma sus funciones. Entre las más importantes está la de investigación y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Además, ahora será directamente la Secretaría de Bienestar la que opere el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. Cuestión que puede representar un peligro al espacio cívico, libertad de asociación y expresión. El diseño de las instituciones importa, construirlas lleva tiempo, destruirlas toma un decreto.
Sí hay diferencia entre gobernar con perseverancia o con necedad. Mientras que la perseverancia alude a la capacidad para resolver de forma efectiva los problemas, la necedad se refiere a la falta de evidencia o fundamentos en el actuar. Juzgue usted cómo se gobierna.
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
