“Toda censura es sin duda una forma extrema y paranoica de crítica”, dice en su libro “El colgajo” el periodista y escritor francés Philippe Lanson, uno de los sobrevivientes del atentado al local del semanario Charly Hebdó en el que perdieron la vida doce personas y otras tantas resultaron heridas por un grupo de fundamentalistas islámicos, el 7 de enero de 2015. Lanson permanecería 9 meses internado entre los hospitales de la Salpetriere y el de Los Inválidos en donde vivió el martirio de injertos e intervenciones quirúrgicas para restaurar la mandíbula destrozada por las balas de los atacantes. El atentado islámico fue ciertamente una censura extrema contra una revista que nueve años atrás había publicado caricaturas y comentarios de crítica hacia la religión musulmana.
La muerte como forma de censura sería el último castigo que puede esperarse de la intolerancia de gobiernos o grupos de poder. Puede comenzar por la represión en diversas formas de la libertad de expresión y la manifestación de las ideas. Desde el arribo de la nueva administración México vive un clima de censura que puede, si no llegar a la muerte física como ocurrió a los periodistas de Charly Hebdó, sí a los intentos de muerte civil por la vía de la estigmatización, el insulto, la violencia y la provocación del odio social de un régimen que en nombre del derecho de réplica deja atrás el diálogo y la confrontación de las ideas ante toda crítica o expresión contraria al discurso oficial. La paranoia del pensamiento único afecta no sólo a los medios de comunicación y a los periodistas que ejercen esa libertad. De esa forma de intolerancia son objeto también analistas, estudiosos de los problemas sociales, intelectuales, académicos y hasta políticos de regímenes anteriores y del presente a los que se coloca en un índice de réprobos de la administración a quienes se aplican los peores epítetos de conservadores y enemigos de una supuesta transformación que no admite la menor crítica o disidencia.
Contra los periodistas se aplica no sólo la estigmatización y el ataque verbal, sino medidas administrativas como la llamada inhabilitación que les impide el acceso al ingreso lícito de la publicidad oficial que se reparte a los incondicionales, ejecutantes de la censura a quien no se pliega a los designios de la política oficial. El gobierno de la República cuenta con ministros de esos castigos entre los cuales se encuentra, cual Torquemada de siglos atrás, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, brazo armado de las venganzas del gobierno. Todo personaje del pasado o del presente a quien se acuse de promover actos contrarios a la administración actual se expone al fulminante bloqueo de sus cuentas bancarias sin previa orden de autoridad judicial alguna. En el periodismo casos como la revista Nexos y en la política exgobernadores como José Reyes Baeza, de Chihuahua, son ejemplos de esa persecución producto de su crítica o su disidencia frente a las imposiciones del gobierno.
Como el Legislativo, el Poder Judicial no escapa a esa voluntad de control sobre la independencia y la libertad que debe caracterizarlos. Los miembros de la Suprema Corte de Justicia deberán pronunciarse mañana en favor o en contra de la ponencia del ministro de Luis María Aguilar, quien califica de un concierto de inconstitucionalidades la propuesta del presidente de la República para llevar a cabo una consulta popular en la que se determine si cinco expresidentes deben ser o no sometidos a juicio. La ponencia del ministro Aguilar es tan clara y contundente al afirmar que la aplicación de la ley no está sujeta a votación, que difícilmente alguno de los integrantes podría votar en contra de ella. Pero quien vote a favor de ella, que deben ser los más, arrostrará el riesgo de la venganza inquisitorial del gobierno que espera y exige lealtad plena, ciega a todos sus dictados, aun si se trata de propuestas descabelladas que nada tienen que ver con la procuración de justicia a lo que todo funcionario público está obligada.
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