A lo largo de nuestra historia contemporánea, el ejercicio de la democracia en México ha sufrido permanentemente toda clase de embates. Sin embargo, el del pasado viernes 15 de diciembre resulta atroz por ser el más fino y, paradójicamente, brutal de todos.
Se trata de un golpe de Estado orquestado desde el corazón del Poder Legislativo federal -encarnado en las cámaras legislativas integrantes del Congreso de la Unión- y asestado en el preciso momento en que asaltaron el control político con toda la celeridad de que son capaces, atropellando tiempos y formas como es su praxis, pero sobre todo ejerciendo una abominable violencia “institucional” al hacer nugatoria, de tajo, la soberanía popular.
De nada sirvió que la voluntad de un pueblo pidiera y exigiera frenar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que advertía excesiva, contraria no solo al Texto Supremo sino a los más elementales derechos humanos.
Quienes detentan el poder cupular desoyeron las voces de los intelectuales, académicos y defensores de derechos humanos; ignoraron las condenas de representantes de organizaciones no gubernamentales y despreciaron la petición de diálogo solicitada por los rectores de universidades públicas como la UNAM, la Ibero y la Universidad de Guadalajara, así como el llamado urgente a frenar la ley de organismos nacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales -que tachó de inconstitucional dicha ley al ser un peligro para la tutela de los derechos humanos- e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia ONU. Todo fue inútil.
La decisión estaba tomada, en menos de 24 horas y a la víspera del periodo vacacional decembrino, el Senado aprobó la ley con modificaciones insustanciales y la turnó a la Cámara de Diputados que, en cuestión de minutos, la aprobó a su vez y turnó para su promulgación al Ejecutivo Federal. El golpe de Estado quedaba así perpetrado.
Hoy más que nunca ha quedado evidenciado que el mandato popular no existe para sus mandatarios: son indiferentes e insensibles al clamor social y actúan no solo al margen sino en contra de la voluntad popular. Por eso su sentido del interés público está distorsionado y su concepto de “preservar” la seguridad interna se encuentra en la antípoda de lo que es el bienestar social.
La finalidad que subyace en el nuevo ordenamiento es indubitable: el legislador no buscó proteger al pueblo sino protegerse de él. Qué mejor prueba que simultáneamente los mismos diputados golpistas hayan aprobado la reforma extensiva al Código Civil Federal sobre daño moral, acotando con ello aún más los canales para la libertad de expresión y augurando que la inseguridad se escalará y los derechos humanos, más que nunca, serán mera entelequia de papel.
Toda acción jurídica que “legalice” lo que es de origen ilegítimo, inconstitucional y contrario a todo Estado de Derecho, máxime proviniendo del Poder Legislativo, desnaturaliza la función esencial del Estado que en un régimen democrático consiste en velar por el interés público. Lo contrario solo conduce al totalitarismo, el mismo cuyo germen asoma en el artículo 2 de la ley y que nos recuerda al famoso lema fascista que creímos ya extinto: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”. Sí, los eternos legisladores de la cúpula al poder han terminado de cimentar las bases para el arribo dictatorial cuya justificación mayor es y será: “por necesidad de Estado”.
Ciudadanos, entidades federativas, medios de comunicación, la sociedad en pleno, podrán ser cooptados y censurados, pues en la indefinición y ambigüedad así legisladas, toda extralimitación del poder supremo será factible y con ello el socavamiento impune de la dignidad humana, esencia y fundamento de los derechos fundamentales.
bettyzanolli@gmail.com
@BettyZanolli
