La inversión es el componente fundamental de cualquier receta para lograr que la economía mexicana salga del marasmo y pueda crecer sostenidamente a tasas superiores al 3%, más allá del efímero rebote pandémico y la inercia dependiente a la economía estadounidense, que es lo que por ahora tenemos. Es preciso revertir su caída, precipitada por la erosión en otro elemento clave: la confianza.
Lamentablemente, en vez de mejorar en la fórmula dual de confianza-inversión, son recurrentes las señales en contrario.
Por ahora, la inversión total representa poco menos de 19.5% como proporción del PIB, de acuerdo con los datos del primer trimestre del año. Para lograr un crecimiento como el de países asiáticos o de estados como Querétaro, tendríamos que llegar a por lo menos un 24 por ciento. Para comparar, China consistentemente está por arriba del 40% y en Vietnam, país que ha crecido a tasas superiores al 5% anual desde hace 20 años, consistentemente se invierte un porcentaje superior al 26% del PIB.
Hay que insistir en que de mediados del 2018 a la llegada de la pandemia, la inversión en México bajó 15 por ciento. Por tuvimos una contracción del PIB de 0.1% en 2019, mientras que Vietnam creció 7% ese año. Sumando a la recesión del 2020, acumulamos una década de retroceso en términos de inversión en menos de tres años. Ni siquiera tras las reaperturas de la actividad económica se notó una recuperación significativa, e incluso se presentó una baja mensual de 0.9% en la medición de abril, lo cual rompió la dinámica de recuperación que se estaba registrando.
Las causas son las mismas. El informe recién publicado por el Departamento de Estado del gobierno estadounidense sobre clima de inversión, en su capítulo para México, es puntual en consignar la preocupación de inversionistas y su incertidumbre, no compensada por la entrada en vigor del T-MEC. Entre otros retos, reportan frecuentes y repentinos cambios regulatorios y reversiones de programas y políticas públicas, como las legislaciones para echar abajo la reforma energética del 2014 y el empeño de remonopolizar los sectores eléctrico y de hidrocarburos.
El informe también resalta problemas seculares que arrastramos de inseguridad, informalidad y corrupción, pero agrega otros nuevos que elevan aún más el costo y los riesgos de hacer negocios en México. Además de temas de incumplimiento de contratos, los inversionistas ven agresividad en auditorías y prácticas de las autoridades tributarias, cambios de reglas del juego, así como vulneración de la autonomía de las entidades regulatorias o interferencia en su trabajo.
También se reportan dificultades crecientes para solicitar y recibir reembolsos del IVA por parte de las IMMEX (maquiladoras de exportación) y de empresas de otros sectores. Incluso, que el proceso de registro de marcas ya toma hasta ocho meses.
Ejemplos de hostilidad a la inversión sobran. Podemos destacar el decreto del 11 de junio que da exclusividad a las Empresas Productivas del Estado en el permiso de despacho en lugar distinto al autorizado para mercancías de petrolíferos, hidrocarburos, minerales y otros precursores químicos. La International Chamber of Commerce México señaló que propiciará la pérdida de cerca de 30% de las operaciones que se realizan solamente por puertos.
La medida incluso ha sido calificada como expropiatoria, pues la infraestructura para descarga fiscalizada que hay en los puertos es mayormente de propiedad privada. Además de los importadores, se afecta a sus clientes y a las cadenas productivas, logísticas y de distribución involucradas en varios sectores, y con ello, al consumidor final. Incluso podría haber desabasto de hidrocarburos y productos relacionados, y hasta para CFE y Pemex, que dependen en gran medida de las importaciones que procesan los particulares.
Otra señal disruptiva reciente es la nota de Bloomberg en el sentido de que la autoridad tributaria mexicana estaría buscando tomar medidas contra lo que conceptúa como incentivos a las armadoras automotrices, en su empeño de aumentar la recaudación aun a costa de achicarla a mediano y largo plazos. La intención incluiría eliminar la exención fiscal a tasa cero que permite a estas trasnacionales y a la industria obtener reembolsos sobre el IVA que pagan, pero no pueden recuperar.
Estas medidas no sólo restringirían drásticamente la inversión futura en un sector clave para la economía nacional: podrían generar desinversión y sentar un precedente muy negativo. Lo que la autoridad llama incentivos no sólo va en línea con el éxito para atraer al país a las firmas automotrices más importantes, hasta hacer de México el cuarto mayor exportador de automóviles en términos de valor. Están relacionados con el sistema de ajuste transfronterizo para el IVA que se usa en todo el mundo dentro de la normalidad del comercio internacional. Es fundamental para empresas exportadoras que no pueden trasladar hacia delante el impuesto que les cobran sus proveedores.
México necesita inversión. De otra manera, la perspectiva seguirá siendo de bajo crecimiento, inclinado al estancamiento. La certidumbre jurídica y un clima de negocios propicio son indispensables. Como en todo, es muy difícil construir confianza, pero muy fácil perderla. Tenemos que despertar.
