Por: Lorenia Valles
El próximo 5 de junio se cumplirán once años de una de las tragedias más dolorosas para todo México.
Recordamos con tristeza aquel viernes de 2009 en Hermosillo, en que 49 niñas y niños de la Guardería ABC murieron a causa del incendio provocado en la bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, la cual se encontraba a un lado de la estancia infantil.
Los testimonios narrados en las investigaciones periciales indicaron que las instalaciones de la estancia infantil no cumplían con los requisitos de protección civil necesarios para garantizar la seguridad de las niñas y niños, ni del personal de la guardería; carecían del número reglamentario de extintores, detectores de humo, señalización de las rutas de evacuación, tampoco cumplían con el tamaño y número de puertas de salida. Mientras que la bodega donde surgió el incendio contenía cinco mil kilogramos de material sólido combustible, entre documentos, placas vehiculares, sillas de madera, estantes, escritorios y muebles.
La Guardería ABC funcionaba a través del esquema de subrogación implementado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con que la dependencia delegó a particulares la administración de diversas estancias infantiles en ese entonces, Felipe Calderón se desempeñaba como presidente de la República y Daniel Karam como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social —Juan Molinar Horcasitas le antecedió en el cargo a este último—, y César Arturo Leyva era delegado estatal de la dependencia. En Sonora, Eduardo Bours fungía como gobernador y Ernesto Gándara era el presidente municipal de Hermosillo.
De acuerdo con los reportes elaborados por la comisión investigadora creada por la SCJN, se encontró que la mayoría de las guarderías subrogadas funcionaban de manera irregular en cuanto a los contratos, su operación y supervisión. Asimismo, se reconocieron varios nombres vinculados directamente con funcionarios estatales y federales. Es el caso de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de Margarita Zavala, quien era una de las copropietarias de la sociedad privada que administraba la Guardería ABC.
Por casi una década el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas y sus familias, fue un camino pantanoso, lleno de omisiones administrativas y judiciales de los tres niveles de gobierno. Durante años ninguna instancia estatal ni federal decidió llevar a juicio a los propietarios de la guardería.
Pero en 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí deslindó de toda responsabilidad al ex gobernador Eduardo Bours y a los ex titulares del IMSS, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, a pesar que en julio de 2009 la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación donde señaló la responsabilidad de esta última dependencia y manifestó que la tragedia pudo ser evitada.
Fue hasta mayo de 2016 que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Sonora sentenció a 19 ex funcionarios y representantes de la Guardería ABC con condenas de entre 20 y 29 años de prisión, de los cuales a nueve se les confirmaron penas de entre 28 y 29 años de cárcel, mientras que a los otros diez sus penas fueron ajustadas a poco menos de 15 años de prisión.
Como titular del Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador ha priorizado la atención a las víctimas y sus familias. El 13 de marzo de 2020 firmó un decreto para dar atención de salud vitalicia a las víctimas sobrevivientes, y una pensión para las madres de los menores fallecidos, así como los menores y maestras que hayan sufrido lesiones incapacitantes.
En 2017 se construyó un monumento en la Ciudad de México para no olvidar a las 49 víctimas mortales ni a los 104 menores y maestras que sufrieron daños graves, a manos de un acto de corrupción que tiene nombres y apellidos. Recordamos con dolor y rabia esta cruel experiencia, que nos mantiene de luto y exigiendo justicia por un hecho que no debió suceder ni debe repetirse.
Hoy las familias esperan que el caso sea reabierto por la Corte y que ésta resuelva los amparos que les permitirían acceder a una indemnización y a la reparación integral del daño. Porque no fue un error ni un descuido. Fue la corrupción.
Diputada federal por Morena.
@LoreniaValles
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