El nuevo gobierno recibe un país con reclamos en materia de seguridad pública. Tener mayoría en el congreso le permite promover cambios legales en la administración pública y busca reformas a la Constitución las cuales serían factibles si no se contrapusieran con el derecho internacional.
Desde Naciones Unidas se le ha pedido al Congreso de la Unión no apruebe cambios estructurales que militaricen la seguridad pública; se le recuerda que ya se había avanzado en atender recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos al modificar en 2014 el Código de Justicia Militar para que militares sean vistos por la justicia civil si en una investigación hay un civil.
Seguridad pública, procuración de justicia e impartición de justicia imparciales e independientes son el mejor antídoto contra el deterioro del estado de derecho.
Por eso insistimos que la Guardia Nacional como respuesta a la inseguridad no debe repetir esquemas fracasados de Calderón y de Peña. Insistir en que las fuerzas armadas doten sus policías armada y naval a la Guardia, es un error. Los miles de policías militares que ya existen no cambiarán con sólo cambiarles el uniforme; seguirán siendo lo que son: militares, capacitados en la doctrina militar. Y los nuevos integrantes de la GN tampoco pueden formarse en los cuarteles.
Reformar la Constitución como pretende el Presidente provocará señalamientos de inconvencionalidad, y el Estado Mexicano recibirá señalamientos en ese sentido desde el Examen Periódico Universal de ONU.
En medio de este debate hubo dos hechos importantes en el Senado: el viernes legisladoras y legisladores del PAN, PRI, MC, el senador independiente y el PRD escucharon a especialistas quienes ratificaron que los mitos están del lado de quienes no quieren ver más que su realidad. Se concreta también un acuerdo de la Junta de Coordinación Politica para realizar esta semana a audiencias inscritas en parlamento abierto.
Parlamento abierto significa escuchar con apertura propuestas ciudadanas a partir de establecer un diálogo de colaboración recíproca horizontal hacia acuerdos legitimados por la parte pasiva porque no vota en el parlamento pero legitima los acuerdos.
El Senado podrá decir que su dictamen sobre Guardia Nacional fue producto del parlamento abierto si establece con precisión que: a) no será integrada por mandos militares, b) que si se integran efectivos de las policías militar y naval, tendrán que aprobar el mismo examen por el que pasan policías civiles; c) las instituciones académicas necesariamente serán del orden civil; d) la corporación policíaca debe tener controles internos y externos; e) respeto irrestricto a la ley contra la tortura, la responsabilidad penal abarca a toda la cadena de mando; f) leyes de uso de la fuerza y otras dictaminadas en comisiones con especialistas, y g) revisión periódica tripartita de la estrategia de seguridad: gobierno, CNDH, organismo internacional de DH.
Cámara de Diputados y Hacienda deben etiquetar recursos para que se constituyan de manera suficiente las policías que urgen en las entidades federativas y municipios. Un problema tan complejo como la falta de policías capaces no se resolverá de un día para otro. Ojalá este gobierno rectifique y dignifique a las Policías civiles y ceje su pretensión de centralizarlas.
