Daira Arana Aguilar*
El 27 de marzo de 2022 El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, entro en un régimen de excepción aprobado por su Asamblea Legislativa con una duración de 30 días. Este régimen, implica la suspensión de derechos como la libertad de asociación y reunión, la privacidad en las comunicaciones y el respeto a garantías en el debido proceso, como el derecho a la defensa. El objetivo: que el presidente Nayib Bukele pudiera disminuir el incremento de la violencia homicida cometida por las pandillas, el principal problema social y de seguridad en ese país.
Entre el 25 y el 27 de marzo, se registraron 81 homicidios que las autoridades salvadoreñas atribuyeron a las pandillas, esto después de un periodo en el que parecía se había mantenido a raya dicho delito a partir de lo que se ha denominado “Plan Control Territorial”, que ha consistido en un despliegue masivo de Fuerza Pública y Fuerzas Armadas, pero también, de acuerdo con diversos medios de comunicación nacionales como El Faro, por las negociaciones que el gobierno de Bukele habría mantenido con líderes de la MS-13, la pandilla más grande del país.
No es la primera vez que se señala a un gobierno salvadoreño de negociar con las pandillas, no es la primera ve que eso mantiene en calma la violencia homicida y tampoco es la primera vez que cuando el problema vuelve a salirse de control, esos gobiernos implementan medidas de mano dura que favorecen las violaciones graves a derechos humanos, pero, sobre todo, que no generan paz y seguridad a largo plazo.
El Salvador es un país que vivió un conflicto armado interno por mas de una década (1979-1991), el cual generó un desplazamiento enorme de salvadoreños a Estados Unidos, en donde las pandillas surgieron como una forma de identidad ante una sociedad que rechazaba las diferencias. Al terminar el conflicto armado en la década de los 90 y con la firma de los Acuerdos de Paz, muchos salvadoreños regresaron – a la fuerza o por su voluntad – a su país de origen y generaron una serie de relaciones sociales basadas en la violencia, el poder y la pertenencia simbólica y territorial a un grupo.
Los gobiernos salvadoreños desde los Acuerdos de Paz, bajo la influencia de la estrategia estadounidense contra el crimen organizado, han empleado estrategias altamente militarizadas para contener la influencia de las pandillas y la violencia que generan. En primer lugar, no dejando espacio para la conformación de la Policía Nacional Civil con verdaderas capacidades de acción y con un enfoque orientado a la solución de problemas; en segundo lugar, manteniendo la presencia militar en las actividades de seguridad pública como parte del componente combativo; y, en tercer lugar, implementando medidas relacionadas con el populismo punitivo y la mano dura en sus estrategias de seguridad, basadas en el combate a las pandillas. Todo ello, en los últimos 20 años, no ha traído paz y seguridad en El Salvador, sino que ha generado un espiral de inestabilidad y violencia.
Justamente, el presidente Bukele ha utilizado el termino “guerra contra las pandillas” para hacer referencia al núcleo de su estrategia durante el régimen de excepción. En su cuenta de twitter, el mandatario ha evidenciado las graves violaciones a derechos humanos que se han cometido y ha dejado claro que no le importa la opinión de organizaciones defensoras de derechos humanos sobre el tema, porque lo importante es retirar a los pandilleros de las calles y controlarlos desde las cárceles.
Bukele controla prácticamente la Asamblea Legislativa y al poder judicial y, sobre todo, goza de niveles de popularidad muy altos. En redes sociales, también se pueden leer miles de mensajes de apoyo a la estrategia del mandatario, porque hay una percepción de que los derechos humanos, solo defienden delincuentes y de que las “personas malas” merecen castigos ejemplares, aun cuando esto implique atentar contra su dignidad humana, la cual solo se respeta en los “humanos derechos”.
En toda América Latina se vive una crisis grave en materia de derechos humanos. Los países siguen privilegiando estrategias militarizadas que aumentan el riesgo de que se violen derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la dignidad y a la integridad personal y en las que se atienden los problemas de seguridad únicamente como amenazas y se privilegia el uso de la fuerza pública o las fuerzas armadas, enfatizando el empleo de armas de fuego.
La opinión más impopular que se puede tener ahora es pedir a los gobiernos que conozcan y atiendan sus obligaciones en materia de derechos humanos y que sus políticas públicas tengan un enfoque centrado en todas las personas y el respecto de su dignidad. En la carrera por la democracia, la libertad, la seguridad y la paz, va ganando el modelo que, mediante el autoritarismo, el miedo y la guerra, pretenden generar un poco de estabilidad, ante el caos que esos mismos gobiernos han generado y mantenido. Si no vemos las implicaciones de lo que “la guerra contra las pandillas” implican para la condición humana, necesitamos unas clases de dignidad.
* Directora General de Global Thought Mx y especialista en militarización y militarismo.
