Para la izquierda en el mundo la supresión total de la empresa privada ha dejado de ser meta fundamental. China, ejemplo de esa transformación, sigue siendo una economía centralizada pero ha dejado atrás el monopolio estatal para dar paso a la iniciativa particular con la creación de entidades y mecanismos que entre otras cosas le han dado creciente competitividad en los mercados. En América la economía de Cuba transita por el difícil camino de la apertura al capital privado sin abandonar principios fundamentales del socialismo. En los años del dominio soviético, la Yugoslavia del mariscal Tito apuntaba a la liberalidad de la iniciativa privada con la autogestión y el impulso a la pequeña empresa y el cooperativismo.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador muestra resabios mal aplicados de un marxismo trasnochado que no va más allá de la descalificación y el odio a la empresa, pero no entiende el pragmatismo económico y político que a gobiernos de la izquierda moderna en Europa llevó a Francois Mitterrand, lo mismo que a Felipe González a convertirse en promotores de la actual Unión Europea y a aceptar la participación, en el marco comunitario de las fuerzas del capital privado procurando darle un sentido eminentemente social. No es ya la destrucción o el ataque a las fuerzas del mercado como se logra la aproximación a los ideales de justicia social y desarrollo equilibrado. El tratamiento que el actual gobierno ha dado al complejo problema del suministro y distribución de medicamentos e insumos es una muestra de errores, fallas e incompetencia que han generado desabasto, escasez y altos costos.
Fracasó la centralización de las compras de medicamentos asignadas a la oficialía mayor de la secretaría de Hacienda. La adquisición y distribución de medicinas y material médico, a tropezones sigue apoyándose en la compra, aunque por asignación directa, a los laboratorios que funcionan en México en tanto que la distribución y las importaciones siguen a cargo de los mismos grupos empresariales a los que ahora se pretende sustituir con un monopolio estatal cuyos costos de operación se ven venir.
La sustitución de entidades y mecanismos privados por parte del Estado no puede obedecer al caduco dogma del socialismo de hace décadas. En el equilibrio entre lo deseable y lo posible esa sustitución no debe convertirse en carga económica para el erario ni estar destinada al fracaso. Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y creó una empresa del Estado que durante años se convirtió en pilar del desarrollo económico y del proceso de industrialización. Lo deseable fue devolver a México su soberanía sobre ese recurso natural; lo posible fue la integración de una empresa exitosa sin detrimento para la economía. El proyecto de una empresa de distribución de medicamentos es todo lo contrario a esa racionalidad entre lo deseable y lo posible. Acabar con una industria que no obstante vicios e incluso corrupción, es el fin del gobierno; el medio es la creación de un mecanismo estatal destinado al fracaso. En ocasiones lo injustificado está en el fin, pero también en el medio para su aplicación. El gobierno invoca los casos de mecanismos de distribución de los refrescos y otros productos que llegan a los más recónditos lugares del país. La distribución de medicinas e insumos requiere, además de un gigantesco aparato comercial cuyos costos se compensan por la utilidad económica que generan. La distribución de medicinas requiere no sólo del transporte, sino también de un conocimiento preciso de almacenamiento, refrigeración y tratamiento. La corrupción, afirma el gobierno, ya no existe en una administración de funcionarios probos de insospechable honestidad. Castíguese a la corrupción del pasado pero no se destruya a una industria que genera cientos de miles de empleos.
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