/ miércoles 27 de septiembre de 2017

Hacia la política de mercado

Desde el comienzo de la democracia se ha planteado en el mundo diversas formas de financiamiento para los procesos electorales, público o privado para sustentar el voto ciudadano. El Estado o el mercado, ambos con inconvenientes que sólo pueden superarse con la madurez de las instituciones y la sociedad.

Dispersos en corrientes o facciones en los años posteriores a la Revolución, a partir de 1929 esos grupos se aglutinaron en torno a ese concepto del que surgieron los partidos modernos. Junto a la hegemonía del partido surgido de la Revolución, se dio el fortalecimiento de la oposición y, con voluntad democrática, se decidió el camino de la comunidad, la sociedad civil, la ciudadanía, como rectores de la manifestación del sufragio que ha transcurrido sin alteración desde su implantación como sistema electoral.

En una competencia por congraciarse con el electorado, los principales partidos políticos, el PRI, el llamado Frente Amplio Ciudadano y Morena proponen un camino diferente al que México optó desde hace varios años para el financiamiento de la operación y las campañas de los partidos: la sustitución de los recursos oficiales por aportaciones privadas. Con el pretexto de destinar ese dinero a la reconstrucción de lo destruido por los sismos, esta solución conduciría a una suerte de darwinismo político en el que, como en la evolución de las especies, sobreviviría el más fuerte, en este caso el que tuviera la posibilidad de captar las fuerzas del mercado. La supresión de las prerrogativas de los partidos políticos, así como la desaparición de los legisladores plurinominales significaría la muerte segura de algunos partidos en detrimento de la pluralidad que se ha dicho buscar con ellos. De aceptarse cualquiera de las propuestas del PAN y el PRI, se tendría una copia del sistema norteamericano y de otros países que en la práctica son la privatización de la política y de los procesos electorales. La mano invisible del mercado sustituiría al Estado, a la sociedad en su conjunto para apoyar la de suyo imperfecta expresión de la voluntad popular. El capital, los grandes intereses del mercado en el neoliberalismo terminarían por influir en la vida política del país. En México, esta predominancia de los sectores privados en la política estaría agravada por la presencia de la delincuencia y la mezcla de la corrupción y la impunidad, que son reales y contra lo cual se ha buscado que el costo del voto recaiga mayormente en la propia ciudadanía y en la vigilancia de la limpieza de los procesos electorales.

Es una realidad que el precio del sufragio en México es uno de los más altos del mundo y recae sobre recursos que podrían destinarse a otros menesteres de beneficio colectivo. Pero la solución a esta circunstancia no podría ser la privatización de los sistemas electorales y su entrega a poderosos intereses. El voto se convertiría en una mercancía vendida al mejor postor en una imaginaria bolsa de valores desde la cual se pondría a remate la voluntad del elector. Un mercado en el que la voluntad ciudadana estaría regida por las leyes de la oferta y la demanda. La plena democracia, aún por alcanzar, tiene para el país un alto precio. Una solución a ese dilema, sobre todo en la difícil situación que la economía del país afrontará en los próximos meses para restañar las heridas de los fenómenos naturales, sería la reducción razonable de los gastos de campaña de cada uno de los partidos nacionales o estatales para dar a esa actividad la austeridad que el momento requiere. Al mismo tiempo, podría establecerse un sistema para el control y vigilancia de las aportaciones privadas. Sería una solución.

Srio28@prodigy.net.mx

Desde el comienzo de la democracia se ha planteado en el mundo diversas formas de financiamiento para los procesos electorales, público o privado para sustentar el voto ciudadano. El Estado o el mercado, ambos con inconvenientes que sólo pueden superarse con la madurez de las instituciones y la sociedad.

Dispersos en corrientes o facciones en los años posteriores a la Revolución, a partir de 1929 esos grupos se aglutinaron en torno a ese concepto del que surgieron los partidos modernos. Junto a la hegemonía del partido surgido de la Revolución, se dio el fortalecimiento de la oposición y, con voluntad democrática, se decidió el camino de la comunidad, la sociedad civil, la ciudadanía, como rectores de la manifestación del sufragio que ha transcurrido sin alteración desde su implantación como sistema electoral.

En una competencia por congraciarse con el electorado, los principales partidos políticos, el PRI, el llamado Frente Amplio Ciudadano y Morena proponen un camino diferente al que México optó desde hace varios años para el financiamiento de la operación y las campañas de los partidos: la sustitución de los recursos oficiales por aportaciones privadas. Con el pretexto de destinar ese dinero a la reconstrucción de lo destruido por los sismos, esta solución conduciría a una suerte de darwinismo político en el que, como en la evolución de las especies, sobreviviría el más fuerte, en este caso el que tuviera la posibilidad de captar las fuerzas del mercado. La supresión de las prerrogativas de los partidos políticos, así como la desaparición de los legisladores plurinominales significaría la muerte segura de algunos partidos en detrimento de la pluralidad que se ha dicho buscar con ellos. De aceptarse cualquiera de las propuestas del PAN y el PRI, se tendría una copia del sistema norteamericano y de otros países que en la práctica son la privatización de la política y de los procesos electorales. La mano invisible del mercado sustituiría al Estado, a la sociedad en su conjunto para apoyar la de suyo imperfecta expresión de la voluntad popular. El capital, los grandes intereses del mercado en el neoliberalismo terminarían por influir en la vida política del país. En México, esta predominancia de los sectores privados en la política estaría agravada por la presencia de la delincuencia y la mezcla de la corrupción y la impunidad, que son reales y contra lo cual se ha buscado que el costo del voto recaiga mayormente en la propia ciudadanía y en la vigilancia de la limpieza de los procesos electorales.

Es una realidad que el precio del sufragio en México es uno de los más altos del mundo y recae sobre recursos que podrían destinarse a otros menesteres de beneficio colectivo. Pero la solución a esta circunstancia no podría ser la privatización de los sistemas electorales y su entrega a poderosos intereses. El voto se convertiría en una mercancía vendida al mejor postor en una imaginaria bolsa de valores desde la cual se pondría a remate la voluntad del elector. Un mercado en el que la voluntad ciudadana estaría regida por las leyes de la oferta y la demanda. La plena democracia, aún por alcanzar, tiene para el país un alto precio. Una solución a ese dilema, sobre todo en la difícil situación que la economía del país afrontará en los próximos meses para restañar las heridas de los fenómenos naturales, sería la reducción razonable de los gastos de campaña de cada uno de los partidos nacionales o estatales para dar a esa actividad la austeridad que el momento requiere. Al mismo tiempo, podría establecerse un sistema para el control y vigilancia de las aportaciones privadas. Sería una solución.

Srio28@prodigy.net.mx