/ miércoles 12 de diciembre de 2018

Hacia una crisis constitucional

En el choque frontal con la Judicatura, el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en las cámaras legislativas es del gusto de buena parte de la opinión pública, el pueblo sabio que aprueba toda reducción a los ingresos de los funcionarios públicos identificados por el nuevo gobierno como rescoldos de un viejo régimen o la burocracia dorada. Magistrados, jueces, ministros y empleados del Poder Judicial están ahora en la mira de las críticas que en el pasado reciente eran dirigidas a diputados y senadores. Todo juez, todo comisionado en cualquier tribunal son sinónimo de abuso, corrupción, pereza e insensibilidad social.

A diferencia de la popularidad o el populismo de la postura de la administración y el Congreso controlado por Morena, el argumento de la Suprema Corte de Justicia y la de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial va más allá de la defensa de sus emolumentos para situarse en el plano de la división de poderes y la independencia de cada uno de ellos, características del sistema republicano y el Pacto Federal.

A escasas dos semanas de iniciado su gobierno, el presidente López Obrador está en el umbral de lo que podría convertirse en una crisis constitucional de graves consecuencias para el equilibrio en la gobernabilidad del país. La suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia a la ley de retribuciones a los servidores públicos resolvió la inédita situación jurídica en la que los propios ministros, magistrados y jueces cuestionan, mediante amparos, la constitucionalidad de ese ordenamiento cuya aplicación queda por el momento pendiente. Será una decisión basada en los principios y el criterio constitucional la que decida la discrepancia.

En riesgo como se encuentra la relación entre los poderes del país, surge la voz en este caso autorizada y sensata de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha ofrecido que este día dará a conocer una propuesta concreta para la solución del problema. Ex ministra de la Suprema Corte, pero figura prominente en la administración actual, la secretaria de Gobernación reconoce que la reducción de los ingresos de los funcionarios públicos, y especialmente de los miembros del Poder Judicial es una cuestión complicada y de difícil solución que requiere de un diálogo y un análisis profundo y cuidadoso de cada uno de sus ángulos. Sensato como parece el punto de vista de la exministra Sánchez Cordero, el diálogo, el entendimiento y el análisis sereno que propone habrían sido los caminos antes de llegar al enfrentamiento, a la lucha verbal. No una campaña de desprestigio, no la imposición unilateral, tajante, ni la crítica a los recursos que todo ciudadano tiene a su disposición, aunque sea ministro, magistrado o juez para hacer que la ley prevalezca en defensa de sus derechos.

Como ha ocurrido en los doce días de la presente administración, la aplicación de ciertas decisiones y medidas que fueron temas de las campañas políticas que terminaron con el triunfo de López Obrador son aplicadas con la misma animosidad beligerante y belicosa de tiempos que deberían estar superados. Surgen voces amenazantes, estridentes, en el Congreso: liquídenlos, grita exaltado un diputado. Son deshonestos y corruptos, claman otros. No es frente a adversarios, que deberían dejar de serlo si de gobernar para todos se trata, contra quienes se pretende poner en práctica nuevos instrumentos y políticas de gobierno. Esa no beligerancia implicaría también razonables modificaciones o cambios a algunas promesas y propósitos de campaña. La política es el oficio de gobernar, pero también el arte de encontrar el justo medio, el equilibrio entre lo deseable y lo posible. Aceptar los pesos y contrapesos también es parte del buen gobernar.

Srio28@prodigy.net.mx

En el choque frontal con la Judicatura, el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en las cámaras legislativas es del gusto de buena parte de la opinión pública, el pueblo sabio que aprueba toda reducción a los ingresos de los funcionarios públicos identificados por el nuevo gobierno como rescoldos de un viejo régimen o la burocracia dorada. Magistrados, jueces, ministros y empleados del Poder Judicial están ahora en la mira de las críticas que en el pasado reciente eran dirigidas a diputados y senadores. Todo juez, todo comisionado en cualquier tribunal son sinónimo de abuso, corrupción, pereza e insensibilidad social.

A diferencia de la popularidad o el populismo de la postura de la administración y el Congreso controlado por Morena, el argumento de la Suprema Corte de Justicia y la de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial va más allá de la defensa de sus emolumentos para situarse en el plano de la división de poderes y la independencia de cada uno de ellos, características del sistema republicano y el Pacto Federal.

A escasas dos semanas de iniciado su gobierno, el presidente López Obrador está en el umbral de lo que podría convertirse en una crisis constitucional de graves consecuencias para el equilibrio en la gobernabilidad del país. La suspensión dictada por la Suprema Corte de Justicia a la ley de retribuciones a los servidores públicos resolvió la inédita situación jurídica en la que los propios ministros, magistrados y jueces cuestionan, mediante amparos, la constitucionalidad de ese ordenamiento cuya aplicación queda por el momento pendiente. Será una decisión basada en los principios y el criterio constitucional la que decida la discrepancia.

En riesgo como se encuentra la relación entre los poderes del país, surge la voz en este caso autorizada y sensata de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien ha ofrecido que este día dará a conocer una propuesta concreta para la solución del problema. Ex ministra de la Suprema Corte, pero figura prominente en la administración actual, la secretaria de Gobernación reconoce que la reducción de los ingresos de los funcionarios públicos, y especialmente de los miembros del Poder Judicial es una cuestión complicada y de difícil solución que requiere de un diálogo y un análisis profundo y cuidadoso de cada uno de sus ángulos. Sensato como parece el punto de vista de la exministra Sánchez Cordero, el diálogo, el entendimiento y el análisis sereno que propone habrían sido los caminos antes de llegar al enfrentamiento, a la lucha verbal. No una campaña de desprestigio, no la imposición unilateral, tajante, ni la crítica a los recursos que todo ciudadano tiene a su disposición, aunque sea ministro, magistrado o juez para hacer que la ley prevalezca en defensa de sus derechos.

Como ha ocurrido en los doce días de la presente administración, la aplicación de ciertas decisiones y medidas que fueron temas de las campañas políticas que terminaron con el triunfo de López Obrador son aplicadas con la misma animosidad beligerante y belicosa de tiempos que deberían estar superados. Surgen voces amenazantes, estridentes, en el Congreso: liquídenlos, grita exaltado un diputado. Son deshonestos y corruptos, claman otros. No es frente a adversarios, que deberían dejar de serlo si de gobernar para todos se trata, contra quienes se pretende poner en práctica nuevos instrumentos y políticas de gobierno. Esa no beligerancia implicaría también razonables modificaciones o cambios a algunas promesas y propósitos de campaña. La política es el oficio de gobernar, pero también el arte de encontrar el justo medio, el equilibrio entre lo deseable y lo posible. Aceptar los pesos y contrapesos también es parte del buen gobernar.

Srio28@prodigy.net.mx