/ viernes 6 de septiembre de 2019

Hay quienes dicen

Quienes sugieren que el papel de las autoridades electorales se debería limitar a “poner casillas” cada tres años desconocen el funcionamiento del sistema electoral e ignoran, o pretenden ignorar, la historia de nuestra transición y el rol que juegan el INE y los organismos electorales estatales en la promoción y consolidación de la democracia. El ejercicio de los derechos político-electorales no está sujeto a cierta temporalidad, ni se debe limitar a una sola jornada electoral, sino que debe ser una actividad permanente.

Para quienes tratan de justificar ese desconocimiento bajo el argumento de que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo caro y que su función electoral no justifica el presupuesto que se le destina, debo señalar que los recursos presupuestales solicitados por el INE para 2020 equivalen al 0.21 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación estimado para el próximo año. En otras palabras, el INE ejercerá únicamente 21 centavos por cada 100 pesos del gasto público programado y dicho dinero está justificado, pues existen actividades fundamentales que realiza el INE y que son adicionales a cualquier proceso electoral del país.

Quisiera concentrarme en tres: monitoreo de señales de radio y televisión, labores de credencialización y fomento de la educación cívica y democrática.

Por lo que hace al monitoreo, el INE es el único administrador de los tiempos del Estado con fines electorales. Esto quiere decir que debe asignar a los actores políticos y autoridades espacios específicos en radio y televisión, lo que significa que tiene la responsabilidad de distribuir los tiempos, avisar a todos los concesionarios sobre su obligación de transmitirlas, generar un catálogo de estaciones obligadas a transmitir según el ámbito territorial de una elección y, finalmente, verificar y garantizar que dichos concesionarios cumplan con la transmisión de los promocionales. Hoy, el INE monitorea más de 1700 señales a través de 143 centros de verificación distribuidos en las 32 entidades del país, y debe señalarse que el cumplimiento de la obligación de transmitir los contenidos pautados es de casi 100%.

De hecho, en diciembre pasado el INE firmó un convenio con la SEGOB, de manera que otras autoridades del Estado puedan aprovechar la capacidad desarrollada por el Instituto para verificar, con igual calidad, la transmisión de todos los mensajes que se hagan usando tiempos del Estado.

Respecto a la credencialización, solo refiriéndome a las actividades dentro del país, el INE tiene casi 900 módulos distribuidos en las 32 entidades, con cerca de 5000 personas que atienden más de 60 mil trámites diarios. Con una población que crece de manera constante y siendo la credencial el medio de identificación por excelencia para las y los mexicanos, en lo que va de 2019 se han atendido más de 12 millones de solicitudes.

Esta presencia territorial ha consolidado a la base de datos del INE como la más completa, actualizada y segura del país, pues 98 de cada 100 mexicanos mayores de 18 años tienen su credencial para votar. Sobra decir que ninguno de nosotros ha tenido que pagar un peso sin importar la cantidad de veces que solicite una nueva credencial, aunque el costo de cada una de ellas es mayor a los 200 pesos (poco más de 11 pesos corresponden al “plástico” como tal y el resto a los gastos de operación de los módulos y procesamiento y resguardo de la información).

Finalmente, el fomento de la educación y cultura cívica se logra a través de la publicación de textos, para niños y niñas, adolescentes y adultos, ya sea de forma independiente o en colaboración con otras editoriales, que se encuentran a disposición del público y sin costo alguno. Desde 2014 se han organizado más de 2000 foros, debates, mesas redondas, conferencias y presentaciones en los que todo público puede informarse y debatir sobre los avances, desafíos y problemas de la democracia y el sistema electoral mexicanos. Estos esfuerzos incluyen la colaboración con otras instituciones, la realización de estudios como el Informe País o el índice de Desarrollo Democrático.

Por esas razones no puede reducirse el trabajo del INE a la instalación de casillas cada 3 o 6 años, cuando, de hecho esa autoridad ha participado en la organización de elecciones cada año desde 2015.

El momento en el que estamos en la democracia mexicana es producto de un esfuerzo diario que refleja la evolución que, durante décadas, ha distinguido a las autoridades electorales. Hay espacios y oportunidades de ahorro y mejora para el desarrollo de las actividades. El INE lo ha reconocido y trabaja diario en ello. Sin embargo, valdría la pena que sus críticos colocaran en su justa dimensión las responsabilidades de este Instituto, si es que buscan la consolidación del sistema democrático, pues ello será siempre un buen punto de partida para discutir las mejores formas de fortalecerlo.

*Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE

Quienes sugieren que el papel de las autoridades electorales se debería limitar a “poner casillas” cada tres años desconocen el funcionamiento del sistema electoral e ignoran, o pretenden ignorar, la historia de nuestra transición y el rol que juegan el INE y los organismos electorales estatales en la promoción y consolidación de la democracia. El ejercicio de los derechos político-electorales no está sujeto a cierta temporalidad, ni se debe limitar a una sola jornada electoral, sino que debe ser una actividad permanente.

Para quienes tratan de justificar ese desconocimiento bajo el argumento de que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un organismo caro y que su función electoral no justifica el presupuesto que se le destina, debo señalar que los recursos presupuestales solicitados por el INE para 2020 equivalen al 0.21 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación estimado para el próximo año. En otras palabras, el INE ejercerá únicamente 21 centavos por cada 100 pesos del gasto público programado y dicho dinero está justificado, pues existen actividades fundamentales que realiza el INE y que son adicionales a cualquier proceso electoral del país.

Quisiera concentrarme en tres: monitoreo de señales de radio y televisión, labores de credencialización y fomento de la educación cívica y democrática.

Por lo que hace al monitoreo, el INE es el único administrador de los tiempos del Estado con fines electorales. Esto quiere decir que debe asignar a los actores políticos y autoridades espacios específicos en radio y televisión, lo que significa que tiene la responsabilidad de distribuir los tiempos, avisar a todos los concesionarios sobre su obligación de transmitirlas, generar un catálogo de estaciones obligadas a transmitir según el ámbito territorial de una elección y, finalmente, verificar y garantizar que dichos concesionarios cumplan con la transmisión de los promocionales. Hoy, el INE monitorea más de 1700 señales a través de 143 centros de verificación distribuidos en las 32 entidades del país, y debe señalarse que el cumplimiento de la obligación de transmitir los contenidos pautados es de casi 100%.

De hecho, en diciembre pasado el INE firmó un convenio con la SEGOB, de manera que otras autoridades del Estado puedan aprovechar la capacidad desarrollada por el Instituto para verificar, con igual calidad, la transmisión de todos los mensajes que se hagan usando tiempos del Estado.

Respecto a la credencialización, solo refiriéndome a las actividades dentro del país, el INE tiene casi 900 módulos distribuidos en las 32 entidades, con cerca de 5000 personas que atienden más de 60 mil trámites diarios. Con una población que crece de manera constante y siendo la credencial el medio de identificación por excelencia para las y los mexicanos, en lo que va de 2019 se han atendido más de 12 millones de solicitudes.

Esta presencia territorial ha consolidado a la base de datos del INE como la más completa, actualizada y segura del país, pues 98 de cada 100 mexicanos mayores de 18 años tienen su credencial para votar. Sobra decir que ninguno de nosotros ha tenido que pagar un peso sin importar la cantidad de veces que solicite una nueva credencial, aunque el costo de cada una de ellas es mayor a los 200 pesos (poco más de 11 pesos corresponden al “plástico” como tal y el resto a los gastos de operación de los módulos y procesamiento y resguardo de la información).

Finalmente, el fomento de la educación y cultura cívica se logra a través de la publicación de textos, para niños y niñas, adolescentes y adultos, ya sea de forma independiente o en colaboración con otras editoriales, que se encuentran a disposición del público y sin costo alguno. Desde 2014 se han organizado más de 2000 foros, debates, mesas redondas, conferencias y presentaciones en los que todo público puede informarse y debatir sobre los avances, desafíos y problemas de la democracia y el sistema electoral mexicanos. Estos esfuerzos incluyen la colaboración con otras instituciones, la realización de estudios como el Informe País o el índice de Desarrollo Democrático.

Por esas razones no puede reducirse el trabajo del INE a la instalación de casillas cada 3 o 6 años, cuando, de hecho esa autoridad ha participado en la organización de elecciones cada año desde 2015.

El momento en el que estamos en la democracia mexicana es producto de un esfuerzo diario que refleja la evolución que, durante décadas, ha distinguido a las autoridades electorales. Hay espacios y oportunidades de ahorro y mejora para el desarrollo de las actividades. El INE lo ha reconocido y trabaja diario en ello. Sin embargo, valdría la pena que sus críticos colocaran en su justa dimensión las responsabilidades de este Instituto, si es que buscan la consolidación del sistema democrático, pues ello será siempre un buen punto de partida para discutir las mejores formas de fortalecerlo.

*Jefe de Oficina de la Presidencia del Consejo General del INE

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