Francisco Antonio Enríquez Rojas, director general de Comunicación Social de la Sedena, envió una carta a este espacio: “Con el fin de complementar la información y así evitar que se generen percepciones equivocadas en sus lectores y en la opinión pública”.
Le informamos que un ciudadano quiere saber cuánto le costó al gobierno contratar a hombres y mujeres para ser choferes de las pipas de Pemex que ayudan a combatir el desabasto provocado por la ofensiva contra los huachicoleros en México. Pero el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, explicó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) simple y sencillamente respondió que toda esa información es inexistente.
Como usted recordará, nos informaron en enero de este año que fueron contratados dos mil conductores para tripular los vehículos de Petróleos Mexicanos. Nos dijeron que recibirían instrucción militar por parte de la Sedena, pues el programa forma parte del Plan DN-III, de acuerdo con el general Luis Cresencio Sandoval.
Sobre el tema que nos ocupa, es decir, el documento que consigne el instrumento financiero que utiliza la Sedena para pagarle a los choferes de las pipas de Pemex, Enríquez Rojas reitera en su misiva que le respondieron al particular que después de una exhaustiva búsqueda en sus archivos, la Sedena no localizó documento que dé respuesta a su solicitud.
Dice que la columna de mi autoría y su título se basa en información errónea relacionada con el proceso antes mencionado. Por razones de espacio y por solamente tratar en este espacio sobre el instrumento financiero, publicamos un fragmento de la misiva:
“En lo que se refiere al documento que consigne el “...documento financiero que utiliza la Sedena para pagar a los choferes de pipas de Pemex que aprobaron y cuentan con la licencia de SCT…” así como el “...documento que consigne cuál fue el costo de esta política pública…” y otros relacionados con las erogaciones financieras para tal fin, se declaró la inexistencia de la información, en virtud de que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha aportado recursos económicos, sugiriendo canalizar su solicitud a la Unidad de Transparencia de Petróleos Mexicanos, por ser la empresa paraestatal que ha asignado los recursos financieros para la implementación del programa objeto de los presentes cuestionamientos”.
Como dice el INAI, no culpen al mensajero, un particular es el que solicita se transparente el instrumento. Y todavía es un misterio.
Francisco Javier Acuña, consejero presidente del INAI, dijo al respecto: “Por eso, compañeras, compañeros, les propongo el sentido para resolver este caso modificando o modificar la respuesta emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional y se le instruye a efecto que realice una nueva búsqueda en la oficina del Secretario de la Defensa Nacional y en la Subsecretaría de la Defensa Nacional respecto del documento que consigne cuál fue el costo de esta política pública”.
Ojalá nos puedan complementar la información pronto.