Hace doce años (en 2009), Manuel Zelaya, expresidente de Honduras elegido democráticamente en 2006, fue defenestrado de la primera magistratura del país a través de un golpe de Estado llevado a cabo por militares, la oligarquía y sectores conservadores, nacionales y extranjeros, debido, entre otros factores, a sus políticas sociales y a su acercamiento con gobiernos como los de Cuba, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Desde entonces, la derecha ha gobernado al país, aplicando el modelo neoliberal de economía, con una corrupción ascendente y con resultados que se encuentran a la vista.
En 2019, de acuerdo con la ONU, el número de migrantes de Honduras hacia el norte del continente americano ascendió a 800,707, lo que supuso un 8.2 por ciento de su población. En lo que va del año fiscal 2021, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, las de nacionalidad hondureña representaron a casi la mitad de las 701,049 personas centroamericanas detenidas en la frontera suroeste de aquel país. Entre las causas de este fenómeno migratorio se encuentran la pobreza, la violencia, la corrupción y los desastres naturales.
De 2019 a 2020, el desempleo ascendió del 5.7 a 10.9 por ciento y el empleo informal pasó del 60.7 al 70.7 por ciento, mientras que para septiembre de 2021 alrededor de 3.3 millones de personas enfrentaban inseguridad alimentaria, sin mencionar que la pobreza en Honduras afecta a casi el 70 por ciento de la población.
En 2020, según proyecciones del Banco Mundial, la proporción de quienes vivían en ese año por debajo de la línea de pobreza de 115.9 pesos al día (5.5 dólares estadounidenses) habría aumentado a un 55 por ciento, es decir, más de 700,000 nuevas personas en situación de pobreza.
Asimismo, la tasa de homicidios en 2020 fue del 37.6 por ciento por cada 100,000 habitantes.
En este contexto, el 28 de noviembre de 2021, con una participación del electorado de alrededor del 70 por ciento, Xiomara Castro, candidata del Partido Libertad y Refundación (de tendencia de izquierda) y quien está casada con el expresidente Zelaya, logró imponerse en la primera vuelta de la elección presidencial, junto con otras formaciones políticas, al candidato oficialista Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Cabe señalar que el compañero de fórmula de la presidenta electa es Salvador Nasralla, del Partido Salvador de Honduras (de centroderecha). El ahora vicepresidente electo decidió unirse unas semanas antes de los comicios a la entonces candidata Castro, por lo que ahora ambos deberán coexistir políticamente con todo lo que esto conlleva, incluida la eventual aparición de diferencias ideológicas.
Entre las propuestas de la jefa de Estado y de Gobierno electa se encuentran las siguientes: una consulta popular para que el pueblo organice y elija la Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución; venta del avión presidencial; disminución de los altos sueldos de personas funcionarias; revisión y cancelación legal de los contratos de energía eléctrica otorgados por el Estado a precios sobrevalorados, e ingreso universal para las familias en situación de pobreza.
La presidenta electa ha propuesto una refundación del país, y señaló que llamará a todos los sectores de la sociedad para que se puedan utilizar puntos de coincidencia y formar bases mínimas para el nuevo gobierno.
Por lo pronto, a fin de conocer la composición del Congreso, Xiomara Castro deberá esperar los resultados oficiales de la elección que se realizó el mismo 28 de noviembre. Y es que del órgano legislativo depende, por ejemplo, la votación en 2022 tanto del fiscal general (cuyo mandato concluye en 2023) como de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el periodo 2023-2030.
Castro asumirá la presidencia del país el 27 de enero de 2022. Su elección da esperanza a la mayoría del pueblo hondureño, pero también se opone al neoliberalismo empobrecedor, a la violencia crónica y a una oligarquía política y económica que controla al país.
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