Los tratados bilaterales o multilaterales –compromisos del mundo actual—parecen en ocasiones limitantes a la autodeterminación de los países, me hacia ver don Mario Ramón Beteta en la frecuente correspondencia que mantuvimos durante mi estancia en París. Y sin embargo de esa apariencia, preciso es admitir que en general esos instrumentos internacionales son firmados y aceptados en pleno ejercicio de la soberanía y como resultado de negociaciones que en plena libertad se llevan adelante para hacer frente a cuestiones que afectan a la comunidad internacional. Es el caso del Tratado concluido entre Canadá, Estados Unidos y México con la intervención directa de la administración de Andrés Manuel López Obrador a principios de 2018.
Grave problema tendrán los negociadores de México con la secretaria de Economía Tatiana Cloutier al frente, en las consultas planteadas por Estados Unidos y Canadá sobre el incumplimiento de puntos esenciales del T-MEC, en los intentos que se avizoran para hacer conciliar las posibles violaciones a ese instrumento de América del Norte con la postura amenazante e intransigente del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nadie ni nada obligó a los negociadores mexicanos con Jesús Seade a la cabeza a firmar las cláusulas de ese tratado, que en su momento fue calificado por el gobierno de México como positivo para los planes de desarrollo de nuestro país. Ahora López Obrador sostiene que el cumplimiento de las condiciones del Tratado vulneraría la soberanía de México y que su gobierno no está dispuesto a aceptarlas, declaración que constituye el anuncio de una posible ruptura de nuestro país con el T-MEC y consecuentemente el abandono de ese instrumento.
La realidad es otra a la que alude el presidente con extremos propósitos verbales de corte populista falsamente nacionalista. Estados Unidos y Canadá no intentan intervenir en las decisiones de México en cuanto a su legislación ni las quejas presentadas para la negociación previa a las mesas de arbitraje en el T-MEC buscan limitar la soberanía y la libertad sobre cambios constitucionales o leyes en México.
En los últimos momentos de las negociaciones para el T-MEC, el gobierno de López Obrador, a través del negociador Jesús Seade insistió en la introducción del Capítulo 8 del Tratado que hace referencia innecesaria y sobrante de la libertad de México para legislar en materia de petróleo. Aprobado ese capítulo, que no incluye el aspecto de energía eléctrica, López Obrador se queja de lo que quiere presentar como atentado a la soberanía, no obstante que las quejas norteamericanas y canadienses para convocar a consulta se refieren solamente al posible incumplimiento de las condiciones del T-MEC que establecen un tratamiento equitativo a las inversiones de Estados Unidos. Rechazado el proyecto gubernamental para una reforma en materia energética que requería para su aprobación la mayoría parlamentaria, López Obrador promovió ante el Congreso una ley para la industria eléctrica que aplicada con todo rigor podría justificar el temor del incumplimiento de lo pactado entre Estados Unidos, México y Canadá. Ajustar la ley con los compromisos adquiridos dentro del Tratado sería lo conveniente en vez de la amenaza de una ruptura que nada aportaría a los propósitos de integración de América del Norte, aceptados por México sin menoscabo de su soberanía.
En un adelanto del texto de la carta que envió al presidente Joe Biden, el presidente López Obrador afirma que el norteamericano le ha garantizado el respeto a la soberanía de nuestro país. Sostiene que su política energética, incluída la ley eléctrica no transgreden los acuerdos firmados por México, Estados Unidos y Canadá para el tratado trilateral de libre comercio. Pero las solicitudes de la Unión Americana y de Canadá para consultas sobre el incumplimiento de puntos importantes del T-MEC subsisten, lo cual confirma que no se trata de imposiciones a la soberanía para legislaren sobre cualquier tema, sino de analizar con objetividad el cumplimiento de lo establecido en el T-MEC. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard intenta, y en buena hora, despejar la idea de un rompimiento de México que, sostiene, no sería conveniente para ninguno de los tres países firmantes.
En el comienzo de su gobierno, el presidente Carlos Salinas de Gortari declaraba terminantemente al periodista Jaques Jaquet Francillon, de El Fígaro de París que jamás aceptaría un tratado de libre comercio con Estados Unidos debido a la asimetría de las economías de ambos países, que, afirmaba, colocaba al nuestro en insalvable desventaja frente a la gran potencia del Norte. Pasados los meses Salinas de Gortari, cambiando de opinión, terminó por aceptar las negociaciones que concluyeron con el TLCAN firmado en el año 2000. En el texto de ese documento aparecía una cláusula que hacía explícitamente salvedad del tema del petróleo dentro del Tratado. Dos años después, por acuerdo de los tres países firmantes desapareció esa cláusula por considerar que esa salvedad no constituía un ataque a la soberanía de México.
Algo similar a esa decisión de Salinas de Gortari debería ocurrir dentro del T-MEC aún conservando la cláusula exigida por México referente a la libertad de nuestro país para legislar en materia de petróleo. No es esa manifestación de soberanía lo que Canadá y Estados Unidos interponen para demandar las consultas que están a punto de comenzar; es el cumplimiento de las condiciones del Tratado aceptadas por México sin invocar en su momento atentado alguno a nuestra soberanía.
Los tratados internacionales deben cumplirse. En febrero de 2016, cincuenta y cinco países considerados como los principales emisores de gas de invernadero firmaron en París el acuerdo que lleva el nombre de la capital de Francia mediante el cual las naciones signantes se comprometen a trabajar en la reducción del proceso del cambio climático, una realidad que afecta al mundo entero y que contemplamos como un fenómeno creciente en los últimos años. Desde el comienzo de su gobierno Donald Trump se manifestó escéptico y hasta no creyente en el cambio climático que vive el mundo. Con todo lo reprobable que fue la actitud de Donald Trump, durante su gobierno tuvo un rasgo de cierta honestidad al declarar abiertamente su salida del Acuerdo de París. A diferencia de Donald Trump, el gobierno de López Obrador no ha rechazado públicamente la idea del avance del cambio climático pero en la práctica lleva adelante una política totalmente contraria al propósito de la tarea que a cada quien corresponde para contener ese fenómeno que amenaza al mundo entero. La política de López Obrador en materia energética, tanto en petróleo como en electricidad es totalmente contraria a la lucha contra el cambio climático al promover la generación de energía con el empleo de combustibles fósiles y atacar directamente a las inversiones nacionales o extranjeras generadoras de energías limpias, incluyendo la diatriba, el insulto, la descalificación por supuestos robos aprovechando las concesiones otorgadas de tiempo atrás o bien con multas excesivas a las empresas que detentan la tecnología para la generación de energías limpias, que debería ser uno de los propósitos fundamentales de la administración
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