Esta semana el tema en la agenda pública son las condonaciones de impuestos. Los apoyos o gastos fiscales son las condonaciones o exenciones de impuestos que se otorgan a los contribuyentes. Son los impuestos que el Estado decide no cobrar. Se denominan gastos porque son equiparables al desembolso de recursos públicos presupuestales. Es decir, el propósito con el que se perdona su cobro es que los contribuyentes lo destinen a gastos de operación, inversión o para incentivar algún sector económico. El lunes pasado dejaron de existir.
El presidente López Obrador emitió un decreto que deja sin efectos esos apoyos o condonaciones. Cada año las misceláneas fiscales y otras disposiciones en la materia contemplaban exenciones de impuestos, tasas reducidas, deducciones o créditos fiscales. El decreto del Ejecutivo que pretende acabar con el huachicoleo de cuello blanco critica que, en las administraciones pasadas, la condonación fiscal se volvió una política pública generalizada y desvirtuada. AMLO señala que el Estado de derecho se vio afectado al aplicar privilegios a unos cuantos a costa de las arcas públicas.
El mencionado decreto considera que la claudicación del fisco federal comenzó en el año 2000, con una serie de reformas y modificaciones al Código Fiscal de la Federación, y que se ha repetido en las últimas tres administraciones. De acuerdo con los Presupuestos de Gastos Fiscales, tan solo de 2013 a 2018, el monto que el Gobierno dejó de recaudar asciende a 4 billones 021 mil 933 millones de pesos, el equivalente al 70% del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019.
Es cierto que el manejo de las finanzas públicas del sexenio pasado no se preocupó por un diseño responsable de estas condonaciones. Tampoco se dio monitoreo o conocieron los resultados de esta política tributaria. Por el contrario, lo que supimos fue de condonaciones discrecionales en las que al día de hoy ni siquiera conocemos a cuánto ascienden. Es el caso de #YoContribuyente en el que el Gobierno condonó el pago del impuesto sobre la renta a gobiernos estatales y municipales.
Con este decreto presidencial queda claro, para bien o para mal, que el pago de impuestos aún tiene un grado de discrecionalidad. El régimen mexicano permite al presidente en turno emitir resoluciones que puedan condenar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones. Esta facultad tiene como último fin el de normalizar la actividad económica en regiones del país o un sector productivo y, por ende, apoyar a los más pobres.
Organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial recomiendan contar con sistemas fiscales sólidos que limiten las excepciones, establezcan reglas claras en materia de política tributaria y ayuden a reducir significativamente la desigualdad entre los mexicanos.
El fin de los privilegios fiscales parece ir encaminado a cumplir estas recomendaciones. En cualquier caso, es necesario dar seguimiento puntual a la potestad tributaria cuando se usa como política pública social.
@ManuGuadarrama
Coordinador de Buen Gobierno y Finanzas Públicas del IMCO
