En diferentes momentos he buscado llamar la atención en torno a las distintas problemáticas que impactan en la vida de todos los mexicanos: la creciente criminalidad y la inseguridad, el avance del consumo de drogas entre adolescentes y jóvenes, el incremento de la corrupción, el persistente robo de combustible, la vulnerabilidad en que se encuentran nuestras niñas y niños, los asesinatos de periodistas, la violencia contra las mujeres y más recientemente, el tema de la crisis del sistema penitenciario, entre otros más.
Entre dichos temas existe un hilo conductor que inevitablemente vincula a todos y que, en gran parte, ha provocado la agudización de cada problema; me refiero a la IMPUNIDAD, un mal que tiene secuestrada y sometida a la sociedad.
Hace dos semanas se presentaron los resultados del Índice Global de Impunidad 2017, que realiza la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Como ya es habitual, muy poca atención se le otorga a este tipo de investigaciones, sobre todo cuando nuestro país obtiene pésimas evaluaciones. Todo indica que para el gobierno éste es un asunto que más vale no tocar, por ahora suprioridad -en el marco del V Informe de Gobierno- es solamente hablar de lo que casi no se cuenta, “pero cuenta mucho”.
El primer dato que nos ofrece el Índice es que,entre 69 naciones, México ocupa el lugar 66, esto nos lleva a que seamos catalogados como un país con una muy alta impunidad. Y bueno, tampoco es muy halagador saber que solamente somos superados por Camerún, India y Filipinas, ni que ocupemos el primer sitio de todo Latinoamérica.
Sin embargo, me interesa destacar algunas otras conclusiones que nos permitirán tener una visión más amplia del problema:
El documento señala que el Estado mexicano en su conjunto es el responsable de los altos niveles de impunidad. Desde esta perspectiva, los déficits y omisiones en la actuación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cada uno en el ámbito de sus competencias,constituyen los factores determinantes del problema.
También se plantea que la impunidad alienta la corrupción, profundiza la inseguridad, provoca más violencia, impacta en el Estado de derecho y, desde luego, desencadena graves y constantes violaciones a los derechos humanos. Estamos, por lo tanto, ante una verdadera encrucijada, ya que hasta ahora no veo que exista una estrategia enfocada a atacar de manera simultánea cada una de estas vertientes.
Por si fuera poco, el Índice asocia a la desigualdad con la impunidad y sugiere que aquellos países que no garantizan oportunidades de desarrollo socioeconómico a su gente, tampoco hacen algo para reducir el desigual acceso a la seguridad y justicia entre su población. Esto significa que casi la mitad de la sociedad mexicana no sólo se encuentra en pobreza, sino también en total indefensión.
Como sucede en otros temas críticos de la agenda nacional, la impunidad es considerada como un problema funcional y estructural. Si bien se aclara que esto no nació durante el actual gobierno, sí se puntualiza que estamos registrando un aumento crítico en las estadísticas delictivas.
El estudio de la UDLAP no pudo llegar en mejor momento, justo cuando lo que vemos en el gobierno es impunidad y más impunidad, sin importarles que quien paga las consecuencias únicamente son los ciudadanos.
Presidente de la Academia
Mexicana de Educación A.C.
