/ domingo 26 de junio de 2022

Impunidad…

Ante la situación actual, es evidente que nuestra historia está hoy basada en la llamada “pax narca” cuya esencia radica en los pactos con los principales grupos delictivos; aunque no es posible señalar ejemplos de acuerdos formalizados y sería irresponsable señalar a cualquier funcionario, Gobernador o incluso a cualquier Presidente de haberlos realizado, es inocultable que, durante mucho tiempo, en México se toleró el narcotráfico bajo la justificación de ser simplemente un “país de paso”... nada más equivocado…

Sin embargo, no es sencillo pactar con los cárteles de la droga: el problema es que, por la naturaleza de sus negocios, el narco incumple sus pactos y llega a considerar la debilidad de su contraparte ante la incompetencia e ineptitud para combatirlo. Lo cierto es que los pactos de facto con los grupos criminales permitieron durante mucho tiempo, cuando menos en apariencia, tranquilidad y paz social, hoy, por mucho, ya rebasada ante la cantidad y el poder de los grupos criminales que en los pleitos por acaparar plazas y sin mando único, no dan paso a una “disciplina vertical”.

Reconocemos que el problema del narcotráfico en México comenzó desde mediados del siglo pasado; no obstante, en el sexenio de Felipe Calderón, ante la declaratoria de guerra contra el narcotráfico usando básicamente la fuerza del Estado, se concluye que la estrategia no fue suficiente: además de que el aparato judicial ha sido deshonesto e ineficiente, nunca se atacó a fondo el problema del lavado de dinero, los prestanombres de los criminales han estado ligados al poder político y económico y, aunque en su momento se ha sabido quienes son, no se hizo nada para contenerlos, o más aún, combatirlos.

Durante el sexenio de Enrique Peña la lucha continuó a sabiendas de que no se ganaría, pero no era posible abandonarla dado que reconocer perderla implicaba claudicar en las obligaciones del Estado con la sociedad.

Y así las cosas, llegó López Obrador, y bajo el lema de “abrazos, no balazos”, prodigando clemencia a los criminales porque “son seres humanos”, se deja de perseguir y peor aún, de combatir al crimen organizado, ante lo que ha sido prácticamente la proclamación de la rendición del Estado ante la delincuencia: se incrementan las muertes por la violencia, se sabe que poco se hará por combatir a los delincuentes, y si se encuentran el Ejercito con los delincuentes, los milicias han de huir sin ofrecer resistencia...

A manera de ejemplo, recientemente el prejidente Andrés López expresó su molestia de llamar “Triángulo Dorado” a los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango, lanzando la propuesta de renombrarlo el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”.

Y así, ante las evidencias, esta semana se suscitaron los terribles hechos: El pasado lunes se atendió el reporte en que nos informaron que José Noriel Portillo Gil, “el Chueco”, arribó a un domicilio de Cerocahui a fin de localizar a Paul B., habitante de la comunidad (...) Días antes se había llevado a cabo un juego de beisbol en el que participó un equipo patrocinado por “el Chueco”, y tras haber sido derrotado se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul y Armando B…”, esta fue la explicación de la Fiscalía de Chihuahua: un partido de beisbol fue el factor que terminó en los asesinatos de tres personas, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y el guía de turistas Pedro Heliodoro Palma.

El discurso de Andrés López ha sido muy agresivo en contra de sus críticos y adversarios políticos y muy consecuente con los criminales. Es evidente que su gobierno ocupa la fuerza del Estado para amenazar a quienes no coinciden con su manera de actuar y de pensar, el mismo prejidente desacredita e intimida a sus contrarios en tanto que otorga impunidad a los criminales, victimándolos como “seres humanos” que son…


gamogui@hotmail.com

Ante la situación actual, es evidente que nuestra historia está hoy basada en la llamada “pax narca” cuya esencia radica en los pactos con los principales grupos delictivos; aunque no es posible señalar ejemplos de acuerdos formalizados y sería irresponsable señalar a cualquier funcionario, Gobernador o incluso a cualquier Presidente de haberlos realizado, es inocultable que, durante mucho tiempo, en México se toleró el narcotráfico bajo la justificación de ser simplemente un “país de paso”... nada más equivocado…

Sin embargo, no es sencillo pactar con los cárteles de la droga: el problema es que, por la naturaleza de sus negocios, el narco incumple sus pactos y llega a considerar la debilidad de su contraparte ante la incompetencia e ineptitud para combatirlo. Lo cierto es que los pactos de facto con los grupos criminales permitieron durante mucho tiempo, cuando menos en apariencia, tranquilidad y paz social, hoy, por mucho, ya rebasada ante la cantidad y el poder de los grupos criminales que en los pleitos por acaparar plazas y sin mando único, no dan paso a una “disciplina vertical”.

Reconocemos que el problema del narcotráfico en México comenzó desde mediados del siglo pasado; no obstante, en el sexenio de Felipe Calderón, ante la declaratoria de guerra contra el narcotráfico usando básicamente la fuerza del Estado, se concluye que la estrategia no fue suficiente: además de que el aparato judicial ha sido deshonesto e ineficiente, nunca se atacó a fondo el problema del lavado de dinero, los prestanombres de los criminales han estado ligados al poder político y económico y, aunque en su momento se ha sabido quienes son, no se hizo nada para contenerlos, o más aún, combatirlos.

Durante el sexenio de Enrique Peña la lucha continuó a sabiendas de que no se ganaría, pero no era posible abandonarla dado que reconocer perderla implicaba claudicar en las obligaciones del Estado con la sociedad.

Y así las cosas, llegó López Obrador, y bajo el lema de “abrazos, no balazos”, prodigando clemencia a los criminales porque “son seres humanos”, se deja de perseguir y peor aún, de combatir al crimen organizado, ante lo que ha sido prácticamente la proclamación de la rendición del Estado ante la delincuencia: se incrementan las muertes por la violencia, se sabe que poco se hará por combatir a los delincuentes, y si se encuentran el Ejercito con los delincuentes, los milicias han de huir sin ofrecer resistencia...

A manera de ejemplo, recientemente el prejidente Andrés López expresó su molestia de llamar “Triángulo Dorado” a los límites de Chihuahua, Sinaloa y Durango, lanzando la propuesta de renombrarlo el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”.

Y así, ante las evidencias, esta semana se suscitaron los terribles hechos: El pasado lunes se atendió el reporte en que nos informaron que José Noriel Portillo Gil, “el Chueco”, arribó a un domicilio de Cerocahui a fin de localizar a Paul B., habitante de la comunidad (...) Días antes se había llevado a cabo un juego de beisbol en el que participó un equipo patrocinado por “el Chueco”, y tras haber sido derrotado se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul y Armando B…”, esta fue la explicación de la Fiscalía de Chihuahua: un partido de beisbol fue el factor que terminó en los asesinatos de tres personas, los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y el guía de turistas Pedro Heliodoro Palma.

El discurso de Andrés López ha sido muy agresivo en contra de sus críticos y adversarios políticos y muy consecuente con los criminales. Es evidente que su gobierno ocupa la fuerza del Estado para amenazar a quienes no coinciden con su manera de actuar y de pensar, el mismo prejidente desacredita e intimida a sus contrarios en tanto que otorga impunidad a los criminales, victimándolos como “seres humanos” que son…


gamogui@hotmail.com