Por una #SociedadHorizontal
Recientemente, la organización Impunidad/Cero, presentó la nueva edición del “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías (IEDF) 2021”. En él, se evalúa la forma en la que funcionan las instituciones de procuración de justicia en el país; se presenta un análisis sobre la forma en que las fiscalías de los estados están estructuradas, cómo operan y los resultados que éstas entregan a la sociedad. El documento es imprescindible, pues conocer la forma en la que funciona este eslabón en la cadena de seguridad, impartición de justicia y sistema penitenciario, es necesario para dimensionar correctamente la grave situación que vive el país en materia de violencia, pero también, para pensar las rutas de solución.
En un país conformado por 130 millones de personas y una extensión territorial de 1,973 kms2, el federalismo significa cuerpos de policía y fiscalías en 32 entidades de la República, así como alrededor de 2,500 municipios con policías locales de distinto tamaño y organización. Es indispensable revisar a fondo la eficiencia de un modelo descentralizado como el que tenemos en México.
En mi opinión, pese a las muchas deficiencias que prevalecen, será mucho más eficiente fortalecer el sistema federalista y municipalista, que regresar a una condición centralizada. Aún cuando, frente a la amenaza del crimen organizado habrá que fortalecer instrumentos con presencia y amplia penetración en todo el territorio como la Guardia Nacional, para atender la terrible crisis que vivimos, con más de 350 mil homicidios dolosos en tres sexenios, habrá que mejorar decididamente los mecanismos descentralizados en nuestras entidades federativas.
Las cifras de impunidad en nuestro país son escalofriantes. De los 27,639,203 de delitos ocurridos en el 2020, sólo un 10.1% de ellos fueron denunciados; tan sólo 6.7% vieron iniciar una carpeta de investigación y apenas el 1.2% de ellos fueron resueltos. Por ello, no solo debemos apostarle a robustecer las policías locales -municipales y estatales- sino especialmente las áreas de procuración de justicia en el ámbito estatal.
En este contexto, el citado informe detalla la situación prevaleciente. Aún cuando la cifra de fiscales o agentes del ministerio público por cada 100 mil habitantes a nivel nacional ha aumentado en los últimos años, ésta sigue siendo baja. Mientras en 2016 teníamos 8.4 en promedio a nivel nacional, en 2020 se contabilizaron 10.4. Este dato es relevante, pues la cantidad de fiscales afecta directamente las cargas de trabajo y por ende, la calidad en las investigaciones para perseguir el delito. Las cifras varían dramáticamente entre estados; mientras Chihuahua contaba con 33.3 fiscales por cada 100 mil habitantes o la CDMX con 21.3, en el Edomex apenas hubieron 5.7.
“El esclarecimiento del delito hace referencia a la posibilidad de conocer la verdad del hecho denunciado, así como la facultad de resolverlo por medio de uno de los mecanismos procesales contemplados en el rubro de efectividad”. Según el estudio, “los estados que menos gastan en combatir la impunidad, presentan mayores niveles de impunidad en cuanto a homicidios dolosos”. Aunque la probabilidad de esclarecimiento de un delito es muy baja en términos generales, existe una gran varianza entre estados. Mientras que en el estado mejor posicionado (Guanajuato), la probabilidad de esclarecimiento es del 2.99%, en la entidad peor posicionada (Guerrero), es del 0.10%.
El citado reporte es lectura obligada. Garantizar las libertades de todos los mexicanos depende de que construyamos un verdadero Estado de Derecho. La #SociedadHorizontal debe proponerse este objetivo.
