En las coincidencias, las Cámaras y Asociaciones del Sector del Transporte han sido pieza fundamental para el impulso de diversos mecanismos legales para contrarrestar los efectos nocivos que ocasiona el robo al transporte.
Las consecuencias de este tipo de delito, por nombrar algunas, van desde la pérdida de confianza de los clientes en las empresas, pues implica una afectación al nombre de la marca; el desabasto de mercancías, su reposición y la competencia desleal que se genera con precios más bajos que los costos de producción; no podemos omitir el aumento de primas de los seguros.
En un tema logístico, el cambio de horarios que involucra retrasos y multas por incumplimiento de contratos; por otro lado, la generación de nuevas rutas que implica mayores costos en la distribución de mercancías y un aumento en la inversión de la seguridad privada y funciones adicionales de GPS.
Todo lo anterior se traduce en mayores gastos de operación y pérdidas económicas para las empresas, sin embargo, estos no son sólo números o un derrame monetario, el tema crucial es la nula capacidad de las autoridades para neutralizar este delito que nos afecta como sociedad, y continuamos sin tener los resultados esperados.
Estos impactos, son un acoplamiento de violencia, impunidad e inseguridad que afecta prácticamente todas las carreteras del territorio nacional desde hace más una década, y ha rebasado un espíritu garantista, mal empleado, por los operadores del sistema de justicia penal.
Entre hechos y datos podemos destacar que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó, con corte al primer semestre del año que, el robo a transportistas por Estado fue de un total de 6,016 robos, de los cuales 5, 284 (88 %) fueron con violencia y 732 (12 %) sin violencia. Además, al último día de julio, la misma autoridad expuso al Estado de México, Puebla, Michoacán, Nuevo León, Morelos, San Luis Potosí, Tlaxcala, Jalisco, Ciudad de México y Veracruz, como los diez Estados con mayor índice en este tipo de delito.
Esto no es un asunto menor, así como tampoco intrascendente, ya que la afectación social y monetaria para el propio país corresponde a tópicos que trastocan la incidencia, la movilidad, la seguridad vial y la violencia e impunidad en perjuicio de la sociedad y economía local y nacional.
Estos escenarios han generado diversas estrategias como la llamada “federalización de los delitos carreteros” que reformó al Código Penal Federal y determinó la competencia del Poder Judicial en ese ámbito para conocer de este tipo de delito, que hemos mencionado en distintas ocasiones, hace falta aún voluntad institucional para su correcta implementación.
Además, y derivado del impacto negativo que conllevan las consecuencias del robo al transporte en todas sus modalidades, este ha sido catalogado a la par de la delincuencia organizada; homicidio doloso; violación; secuestro; trata de personas; delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, entre otros, ameritando prisión preventiva oficiosa con la finalidad de buscar disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas, altamente lesivas para quienes son víctimas.
Además de estos esfuerzos, he tenido la oportunidad de participar en la construcción de una propuesta de texto legislativo para prohibir el uso ilícito de inhibidores, bloqueadores de señales radioeléctricas, conocidos como jammers, que pueda repercutir de manera positiva en la disminución de este delito.
El sector del transporte, en cualquiera de sus modalidades, constituye un factor estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, así como un modo de integración nacional pues se trata de pasajeros, mercancías, hidrocarburos, etc. que, además es una fuente de generación de empleo y sustento de familias mexicanas a lo largo de todo el territorio nacional.
mafrcontacto@gmail.com
