Los recientes acontecimientos ocurridos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México –relativos a la destitución de su presidente–, sin que se hayan seguido las formalidades normativas, generan enorme incertidumbre respecto a la culminación de los procesos electorales; además de provocar inestabilidad social y debilitar la defensa y construcción de una auténtica democracia en nuestro país.
El Tribunal, en lugar de ser un organismo que vele por la correcta interpretación e implementación de las leyes en materia electoral, se ha convertido en una institución tomada por intereses partidistas de los que no ha podido despojarse.
Con frecuencia, los ciudadanos que recurrimos a ese órgano jurisdiccional enfrentamos injusticia y sesgos en las decisiones sobre los temas electorales. Lamentablemente, como lo demostraron los casos recientes de Morón y Salgado, las resoluciones del Tribunal Electoral no son autónomas ni objetivas, y es claro que en su interior se dejan ver sus tendencias, sobre todo en contra de esta Cuarta Transformación.
La inestabilidad institucional del Tribunal Electoral hoy tiene una doble consecuencia, porque en este momento hay importantes pendientes que resolver en casos relativos a la elección federal del pasado 6 de junio, una elección que influirá directamente en la composición de la Cámara de Diputados, órgano que a su vez tiene la responsabilidad de definir en gran medida el rumbo del país.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia ya ha aceptado que la solución no es jurídica, que será política, lo cual es contradictorio en una institución que debe de resolver todo conforme a derecho.
Asimismo, la falta de certidumbre en la más alta y última instancia en materia electoral deja desprotegidos a quienes combatimos fallidas e injustas resoluciones en los tribunales regionales o locales.
El caso que aquí expongo es apenas un ejemplo que destaca la vulnerabilidad en la que se mantiene el resultado definitivo del pasado proceso electoral, y la conformación final del cuerpo legislativo del país.
La Sala Regional de Toluca, en el Estado de México decidió NO considerar las pruebas supervenientes, consistentes en pruebas técnicas y documental pública que acreditaban de forma indubitable que mi adversaria política de la Coalición “Va por México”, Gabriela Olvera, realizó dos eventos proselitistas en templos religiosos, actos que transgreden de forma flagrante la ley electoral y lo dispuesto por nuestra Constitución en materia de protección de la laicidad del Estado mexicano.
Las pruebas presentadas por mi equipo jurídico cumplían con todos los requisitos establecidos por la ley, porque ni la autoridad ni la suscrita tuvimos conocimiento de ellas antes de la interposición del juicio de nulidad. Sin embargo, la Sala Regional de Toluca simplemente argumentó que como eran hechos anteriores, se debían de haber conocido; esto, en directa contravención a toda la jurisprudencia establecida por el Tribunal Electoral, la cual dispone que lo importante es el momento en que las conoce quien presenta las llamadas pruebas supervenientes.
¿Con qué esperanza acudir, en ejercicio de nuestro derecho, a la Sala Superior del Tribunal Electoral, si el propio Tribunal se encuentra en crisis institucional? y en apenas tres semanas toma protesta la siguiente legislatura.
Quede la presente como testimonio de mi trabajo y compromiso auténticos por una democracia real en México, y al mismo tiempo como un llamado a toda persona, organización y gobierno que comparta los ideales democráticos en cualquier lugar del mundo, para acompañarnos en la resolución de los graves problemas en materia de justicia electoral que hoy enfrentamos muchos candidatos a cargos de elección popular.
Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena.
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