La última semana hemos atestiguado detenciones de personas vinculadas a la delincuencia organizada que salieron libres por falta de pruebas o por afectación al debido proceso. Lo anterior genera indignación social, no es posible explicarle a un ciudadano común, que escucha por parte de la autoridad como una labor exitosa de su función, la detención de personas con armas, drogas y dinero, vinculadas a carteles y a los días enterarse por los medios que fueron dejados en libertad. La historia no termina ahí, después viene el reparto de culpas y las acusaciones de corrupción. Sobre el tema es necesario hacernos dos preguntas: ¿qué está pasando?; y ¿por qué no se corrige?
Las dos preguntas son difíciles de contestar. Para saber que está pasando es necesario que exista una investigación en los casos de alta prioridad nacional, que de cuentas si efectivamente existió un error por parte de la policía o el ministerio público, o el juez se excedió en sus facultades de interpretación de la ley favoreciendo a los delincuentes. Recuerden lectores que en el año 2008 se modificó el sistema penal y se otorgó a las instituciones un término de 8 años para que hicieran las adaptaciones correspondientes.
En el 2016 en todo el país ya operaba el sistema penal acusatorio, el problema de origen es que se diseñó bajo una visión extremadamente garantista, donde la prueba científica constituye el argumento principal de la acusación, en un país donde la investigación policial muchas veces se hacía presionando a testigos e inculpados, sin tener policías que salieran de academias en donde se les enseñara a investigar, con áreas laboratorios forense con múltiples carencias y con poco presupuesto para comprar equipo de punta para la inteligencia criminal.
Bajo el escenario planteado era natural que, al operar un sistema diferente, la consecuencia era el corto circuito. En todas las áreas se han hecho esfuerzos para profesionalizar las policías, formar personal forense y adquirir equipo para la investigación criminal, el problema es que la delincuencia está desbordada y la capacidad de respuesta se ve excedida por los millones de delitos que se cometen en el país. Ante un escenario de pocos recursos públicos y reveses permanentes, se necesita tomar medidas drásticas y elaborar un plan operativo para la efectiva procuración de justicia penal.
Ejemplos exitosos existen en el país, sólo señalaré dos de ellos: el primero que ayudó a resolver cientos de secuestros, fueron las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), instaladas en cada Estado, con personal, presupuesto y dotada de equipo tecnológico de punta. El segundo, es el llamado proyecto “Cosmos” implementado en el Estado de Querétaro, que es una comisión ejecutiva para la seguridad y justicia con múltiples responsabilidades y con facultades de operación para: presentar iniciativas de ley; diseñar sistemas tecnológicos para investigación y atención ciudadana; evalúa permanentemente a policías, fiscales y jueces; organiza reuniones interinstitucionales para analizar y resolver casos complejos; y tiene una fuerte influencia para la asignación de presupuestos.
Resolver el tema de la seguridad pública en el país llevará muchos años, pero serán muchos más, si no se desarrolla y ejecuta la estrategia correcta. Las cosas se pueden agravar, el atentado de la semana pasada al jefe de la policía de la CDMX es un desafío. Es urgente dar evidencias de una estrategia funcional y si lo hecho no es lo correcto, es de sabios cambiar de opinión.
