Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña hicieron crecer la administración pública federal de forma importante, sin muchos resultados tangibles. Es decir, se contrataron más servidores públicos sin que los beneficios fueran visibles para el pueblo de México. También durante este periodo vino la feria de creación de los organismos autónomos, lo cual significa que el Estado tuvo que contratar más personas y pagar más sueldos. Además, hubo muchos abusos en cuanto a las remuneraciones de un cúmulo funcionarios, había sueldos de cientos de miles de pesos mensuales.
El problema es que Roma no se hizo en un día y no existe continuidad en nuestras políticas públicas transexenales. Cada cambio democrático da vuelta a la página y comienza de cero. Así, resulta complicado ver los frutos de una administración en la otra. Esto se debe remediar con prudencia y servicio civil de carrera.
El activo más valioso que tiene el Estado mexicano es su gente. En este orden de ideas, los servidores públicos son la mayor riqueza de la administración pública federal. En el mismo sentido, los empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Organismos Constitucionalmente Autónomos son el mayor activo de estos. La mayoría de estos mexicanos hacen que el Estado camine todos los días y funcione con todos los problemas, defectos, tribulaciones y vicios que conocemos, pero hacen que marche. Ellos dejan allí los mejores años de sus vidas. Los lujos, y excesos se tienen que acabar, pero sin afectar derechos humanos y sin provocar daños colaterales como los representaron servidores públicos que ganaban menos de 15 mil pesos -o- estaban sindicalizados y no recibieron vales en diciembre de 2018.
La Ley de Remuneraciones se expidió para acabar con los vicios ya señalados. El problema es que ésta acabó afectando a todo tipo de servidores públicos sin distinción. Esa ley se discutió con prisa. La ley se aprobó sin técnica, sin contexto o realidad social que modular, puesto que la iniciativa de ley era del 2009 y, de la nada, llegó al 2018. Esa ley que no distinguió entre el servidor de los cientos de miles de pesos y el otro de diez mil pesos. La ley tiene un buen propósito, pero pésimos vehículos para lograrlo, por ello, vinieron en aluvión amparos y otros medios de impugnación.
Uno de los medios de impugnación fue la acción de inconstitucionalidad que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro Pérez Dayán es el encargado de dar la primera opinión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley de Remuneraciones, su proyecto señala que la ley es inconstitucional por vicios en el procedimiento legislativo e inseguridad jurídica. Los defectos en el trámite parlamentario, así como la inseguridad que genera que cada Presidente se pueda poner un sueldo distinto son lo que hacen a la Ley de Remuneraciones inconstitucional, en óptica del ministro. Esto no debe ser una batalla política ni un enfrentamiento de poderes. En cambio, esto debe ser entendido como un proceso legal en un ambiente político de respeto, sobre todo, porque los jueces también se ven afectados por esta ley.
Una norma hecha con descuido no debe ser ley. Esperamos que la Corte haga su trabajo, y que en su caso, el Congreso de la Unión puede generar un cuerpo jurídico preciso, exacto, fiel al texto constitucional y sin daños colaterales para eliminar todo tipo de excesos, lujos y dispendios.
Doctor en Derecho
@jangulonobara
