/ lunes 29 de julio de 2019

Incontrolables los feminicidios ¿y las autoridades?

El reporte de México Social AC que dirige Mario Luis Fuentes, indica que este primer semestre de 2019 fue el más violento para las mujeres de los últimos años. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian un crecimiento sostenido de crímenes violentos contra las mujeres. El primer semestre de 2015 registró 183 víctimas de feminicidio; en 2016, fueron 315 casos; en 2017, 373, y en 2018, 421.

2019 cerró el primer semestre con 470 casos, y si se mantiene esta tendencia será un año atroz pudiendo llegar a más de 900 asesinatos de odio contra mujeres.

El 2 de febrero de 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. En 2009 todos los congresos locales habían aprobado una ley local en esta materia. Las discusiones públicas eran abiertamente puntuales: es sistemática la violación de los derechos humanos de las mujeres y deriva de la desigualdad de género y su discriminación; la modalidad de violencia más cruenta es la violencia feminicida.

Si existe una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que establece el delito penal del feminicidio, con órdenes de protección preventivas y de emergencia y una alerta de violencia de género, y si hay centros de justicia para mujeres, refugios institucionales y hasta el año pasado muchos refugios de la sociedad civil, todos para proteger a mujeres quienes huyen de su agresor y levantan una denuncia, ¿por qué no solo no disminuyen los casos, sino se incrementan?

La explicación está inscrita en la definición hermenéutica de la violencia de género y el feminicidio como el hecho más cruel y misógino perpetrado contra una mujer por ser mujer, es la animadversión a lo femenino, deriva del predominio machista contra la mujer con la que se relaciona, su cosificación y control de manera posesiva; el feminicidio es la forma extrema de violencia conformada por una serie de conductas misóginas, impunidad social e impunidad del Estado. Mientras no haya cambios estructurales en la sociedad desde el Estado, a pesar de la Ley, de la buena Ley, seguirá la violencia contra las mujeres seguirá siendo una cotidianidad.

Lo que observamos hoy es un claro revanchismo del ejercicio del poder de los hombres para no perder el privilegio que han devengado desde siempre y desde donde se han permitido configurar a las mujeres como objetos sexuales, como cosas, como sus dueños. Esos hombres que desde el poder han escrito las normas y el Derecho. Así han visto cómo sus abuelos controlan a sus abuelas, sus padres a sus madres y hermanas, lo han leído y visto en la sociedad; han gozado del poder que les ha dado la ley sobre las mujeres. Y hoy que se han reformado las leyes y se han aprobado otras, siguen actuado insisto, con revanchismo, crueldad, pero también con impunidad.

Eso reflejan los datos. La ley no sirve porque debe aplicarse desde la directriz del Estado, de todo el Estado; no un instituto o una comisión, o una parte de la fiscalía, o un centro de justicia. Las cifras evidencian que son meros paliativos, por cierto, cada vez más ineficaces, por más que se esfuercen las funcionarias que están al frente.

Defensora de Derechos Humanos

@angelicadelap

El reporte de México Social AC que dirige Mario Luis Fuentes, indica que este primer semestre de 2019 fue el más violento para las mujeres de los últimos años. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evidencian un crecimiento sostenido de crímenes violentos contra las mujeres. El primer semestre de 2015 registró 183 víctimas de feminicidio; en 2016, fueron 315 casos; en 2017, 373, y en 2018, 421.

2019 cerró el primer semestre con 470 casos, y si se mantiene esta tendencia será un año atroz pudiendo llegar a más de 900 asesinatos de odio contra mujeres.

El 2 de febrero de 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. En 2009 todos los congresos locales habían aprobado una ley local en esta materia. Las discusiones públicas eran abiertamente puntuales: es sistemática la violación de los derechos humanos de las mujeres y deriva de la desigualdad de género y su discriminación; la modalidad de violencia más cruenta es la violencia feminicida.

Si existe una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que establece el delito penal del feminicidio, con órdenes de protección preventivas y de emergencia y una alerta de violencia de género, y si hay centros de justicia para mujeres, refugios institucionales y hasta el año pasado muchos refugios de la sociedad civil, todos para proteger a mujeres quienes huyen de su agresor y levantan una denuncia, ¿por qué no solo no disminuyen los casos, sino se incrementan?

La explicación está inscrita en la definición hermenéutica de la violencia de género y el feminicidio como el hecho más cruel y misógino perpetrado contra una mujer por ser mujer, es la animadversión a lo femenino, deriva del predominio machista contra la mujer con la que se relaciona, su cosificación y control de manera posesiva; el feminicidio es la forma extrema de violencia conformada por una serie de conductas misóginas, impunidad social e impunidad del Estado. Mientras no haya cambios estructurales en la sociedad desde el Estado, a pesar de la Ley, de la buena Ley, seguirá la violencia contra las mujeres seguirá siendo una cotidianidad.

Lo que observamos hoy es un claro revanchismo del ejercicio del poder de los hombres para no perder el privilegio que han devengado desde siempre y desde donde se han permitido configurar a las mujeres como objetos sexuales, como cosas, como sus dueños. Esos hombres que desde el poder han escrito las normas y el Derecho. Así han visto cómo sus abuelos controlan a sus abuelas, sus padres a sus madres y hermanas, lo han leído y visto en la sociedad; han gozado del poder que les ha dado la ley sobre las mujeres. Y hoy que se han reformado las leyes y se han aprobado otras, siguen actuado insisto, con revanchismo, crueldad, pero también con impunidad.

Eso reflejan los datos. La ley no sirve porque debe aplicarse desde la directriz del Estado, de todo el Estado; no un instituto o una comisión, o una parte de la fiscalía, o un centro de justicia. Las cifras evidencian que son meros paliativos, por cierto, cada vez más ineficaces, por más que se esfuercen las funcionarias que están al frente.

Defensora de Derechos Humanos

@angelicadelap