/ viernes 24 de julio de 2020

INE: un tren en movimiento

El miércoles pasado la Cámara de Diputados designó por consenso como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por un periodo de 9 años a Norma Irene de la Cruz Magaña, a Carla Astrid Humphrey Jordan, a José Martín Fernando Faz Mora y a Uuc-kib Espadas Ancona.


Es importante señalar que ellas y ellos se integran a una autoridad que no ha detenido su actividad. De hecho, fue la pionera en transmitir las sesiones virtuales de sus órganos colegiados, lo que hace evidente que, aun en condiciones de pandemia, siguió trabajando y tomando decisiones en las distintas actividades que constitucional y legalmente tiene encomendada. Me parece que ello debe ser motivo de reconocimiento al trabajo de las y los Consejeros que ya estaban en funciones.


En las sesiones del Consejo General hubo resoluciones a quejas, informes de actividades y decisiones que buscaron garantizar derechos de la ciudadanía. A manera de ejemplo fue la aprobación de constancias digitales como mecanismo que permita el ejercicio del derecho a la identidad. Todo lo anterior sin perder de vista el debido cuidado de la salud de sus trabajadores.


¿Esto significa que las y los nuevos Consejeros Electorales se están incorporando a una institución estática? No. Al contrario, hay un cúmulo de decisiones que deben ser analizadas y, en su caso, aprobadas, a la brevedad. Me centraré en 3 de ellas.


La primera se refiere a un tema de pluralismo político; es decir, la decisión sobre el otorgamiento o no del registro de nuevos partidos políticos. El INE determinó hace unos días que a más tardar el 28 de agosto del presente año deberá decidirse sobre si las 7 organizaciones participantes cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y legislación: esto es, asegurar que los nuevos partidos políticos sean producto de un auténtico ejercicio libre y voluntario del derecho de afiliación.


De hecho, en los siguientes días la institución continuará con la revisión de afiliaciones, con la fiscalización de los gastos de las organizaciones y desahogando las quejas presentadas por presuntas irregularidades acontecidas durante el proceso de constitución. Debemos ser claros en este tema: a la fecha el INE no ha otorgado ningún registro.


La segunda decisión tiene que ver con los procesos electorales. Desde abril, con el objetivo de garantizar la salud de la ciudadanía, el Consejo General del INE determinó aplazar diversas actividades relacionadas con los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo: registro de candidaturas, campañas y jornada electoral.


En ese sentido, las y los nuevos Consejeros Electorales deberán tomar en consideración que la propia institución ha señalado que se requieren 70 días como mínimo para realizar las actividades previas a la jornada electoral. Ello implica que, para garantizar la certeza entre la ciudadanía y actores políticos, la autoridad electoral deberá aprobar los plazos en los que se deben desarrollar las actividades pendientes.


Por otra parte, quienes se incorporan al Consejo General se sumarán en el análisis de aquellas actividades que por ley deben aprobarse (estrategia de capacitación electoral) antes del banderazo de salida del proceso electoral federal de 2021, el cual está previsto que inicie para la primera semana de septiembre.


La tercera de las decisiones corresponde a la aprobación del presupuesto de la institución para 2021. Por mandato de ley, el INE debe enviarlo a finales de agosto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo integre al proyecto que envía el Presidente de la República a la Cámara de Diputados.


El presupuesto debe tomar en cuenta, además de las actividades cotidianas que realiza el instituto y los derechos laborales de sus empleados, que el próximo año tendremos la elección más grande de la historia de México. Estarán en contienda más de 3500 cargos a lo largo y ancho del país, además de que se espera que el universo de electores ascienda a más de 96 millones. De ahí que la cantidad de recursos que se apruebe debe seguir garantizando que las actividades electorales se apeguen a lo establecido en la legislación, sin descuidar la lógica que ha movido al INE desde hace unos años: la racionalidad en el ejercicio del gasto.


También es importante señalar que el INE deberá aprobar el financiamiento público de los partidos políticos. Las cantidades que se aprueben son resultado de la aplicación estricta de una fórmula establecida en la constitución. En otras palabras, la autoridad electoral en ese tema, solo se limita a administrar los recursos. De ahí que se traten de temas distintos.


Como puede advertirse las y los nuevos Consejeros Electorales se estarán subiendo a un tren en movimiento y que no ha parado desde hace muchos años. Sin duda su trayectoria profesional y sus conocimientos aportarán mucho a la dinámica institucional y a la democracia de México.




Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.

@ebuendiaz



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El miércoles pasado la Cámara de Diputados designó por consenso como integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por un periodo de 9 años a Norma Irene de la Cruz Magaña, a Carla Astrid Humphrey Jordan, a José Martín Fernando Faz Mora y a Uuc-kib Espadas Ancona.


Es importante señalar que ellas y ellos se integran a una autoridad que no ha detenido su actividad. De hecho, fue la pionera en transmitir las sesiones virtuales de sus órganos colegiados, lo que hace evidente que, aun en condiciones de pandemia, siguió trabajando y tomando decisiones en las distintas actividades que constitucional y legalmente tiene encomendada. Me parece que ello debe ser motivo de reconocimiento al trabajo de las y los Consejeros que ya estaban en funciones.


En las sesiones del Consejo General hubo resoluciones a quejas, informes de actividades y decisiones que buscaron garantizar derechos de la ciudadanía. A manera de ejemplo fue la aprobación de constancias digitales como mecanismo que permita el ejercicio del derecho a la identidad. Todo lo anterior sin perder de vista el debido cuidado de la salud de sus trabajadores.


¿Esto significa que las y los nuevos Consejeros Electorales se están incorporando a una institución estática? No. Al contrario, hay un cúmulo de decisiones que deben ser analizadas y, en su caso, aprobadas, a la brevedad. Me centraré en 3 de ellas.


La primera se refiere a un tema de pluralismo político; es decir, la decisión sobre el otorgamiento o no del registro de nuevos partidos políticos. El INE determinó hace unos días que a más tardar el 28 de agosto del presente año deberá decidirse sobre si las 7 organizaciones participantes cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y legislación: esto es, asegurar que los nuevos partidos políticos sean producto de un auténtico ejercicio libre y voluntario del derecho de afiliación.


De hecho, en los siguientes días la institución continuará con la revisión de afiliaciones, con la fiscalización de los gastos de las organizaciones y desahogando las quejas presentadas por presuntas irregularidades acontecidas durante el proceso de constitución. Debemos ser claros en este tema: a la fecha el INE no ha otorgado ningún registro.


La segunda decisión tiene que ver con los procesos electorales. Desde abril, con el objetivo de garantizar la salud de la ciudadanía, el Consejo General del INE determinó aplazar diversas actividades relacionadas con los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo: registro de candidaturas, campañas y jornada electoral.


En ese sentido, las y los nuevos Consejeros Electorales deberán tomar en consideración que la propia institución ha señalado que se requieren 70 días como mínimo para realizar las actividades previas a la jornada electoral. Ello implica que, para garantizar la certeza entre la ciudadanía y actores políticos, la autoridad electoral deberá aprobar los plazos en los que se deben desarrollar las actividades pendientes.


Por otra parte, quienes se incorporan al Consejo General se sumarán en el análisis de aquellas actividades que por ley deben aprobarse (estrategia de capacitación electoral) antes del banderazo de salida del proceso electoral federal de 2021, el cual está previsto que inicie para la primera semana de septiembre.


La tercera de las decisiones corresponde a la aprobación del presupuesto de la institución para 2021. Por mandato de ley, el INE debe enviarlo a finales de agosto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo integre al proyecto que envía el Presidente de la República a la Cámara de Diputados.


El presupuesto debe tomar en cuenta, además de las actividades cotidianas que realiza el instituto y los derechos laborales de sus empleados, que el próximo año tendremos la elección más grande de la historia de México. Estarán en contienda más de 3500 cargos a lo largo y ancho del país, además de que se espera que el universo de electores ascienda a más de 96 millones. De ahí que la cantidad de recursos que se apruebe debe seguir garantizando que las actividades electorales se apeguen a lo establecido en la legislación, sin descuidar la lógica que ha movido al INE desde hace unos años: la racionalidad en el ejercicio del gasto.


También es importante señalar que el INE deberá aprobar el financiamiento público de los partidos políticos. Las cantidades que se aprueben son resultado de la aplicación estricta de una fórmula establecida en la constitución. En otras palabras, la autoridad electoral en ese tema, solo se limita a administrar los recursos. De ahí que se traten de temas distintos.


Como puede advertirse las y los nuevos Consejeros Electorales se estarán subiendo a un tren en movimiento y que no ha parado desde hace muchos años. Sin duda su trayectoria profesional y sus conocimientos aportarán mucho a la dinámica institucional y a la democracia de México.




Jefe de oficina de la Presidencia del Consejo General del INE.

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