Imposible sustraerse de hablar sobre el suministro de gasolina al consumidor final en estos días, y también de la imposibilidad de no apoyar al gobierno de la República en su decisión de erradicar el huachicoleo. El Estado de derecho pleno es esencial para la construcción del país al que aspiramos, y en el cual las reformas estructurales pueden mejorar los niveles de bienestar de la población.
La crisis en el suministro nos ha dejado varias lecciones. Una es que la existencia de combustibles no ha sido factor en ningún momento, es decir, que el sistema de refinación no funcione más que en una fracción de lo que debiera funcionar no ha sido un factor de desabasto en los puntos finales de venta -las gasolinerías-. Ha sido, según nos ha informado oportuna y claramente la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el proceso de transporte en donde se ha presentado el problema.
Esto no quita que debamos mejorar la disponibilidad del sistema de refinación en territorio nacional, pero abre una discusión respecto a la parte logística de la disponibilidad de combustibles. Es decir, la apuesta de política energética de llegar a la soberanía mediante la autonomía en la producción de combustibles no necesariamente es suficiente. La disponibilidad de energía tiene que ocurrir esencialmente donde el consumidor la requiera.
Esta presunción no es asunto nuevo. Desde siempre, Pemex ha hecho grandes esfuerzos para que el combustible siempre esté disponible en las gasolinerías, pero es sabido de todos que se han estirado los límites del modelo de distribución a puntos donde, en ocasiones, la reserva de combustibles en determinadas zonas ha llegado a ser de algunas horas solamente.
La reforma energética tuvo entre sus supuestos de diseño que para la mitad de la siguiente década tuviéramos hasta 15 días de reserva. Véase la diferencia entre el deber ser -15 días-, y el actual nominal de no más de tres días.
La posibilidad legal de ampliar la base de importadores y almacenadores de combustibles existe. En la mañana de este lunes, en la conferencia matutina del presidente López Obrador se anunció que se cuestionaría a aquellos que ya tienen permisos porque no los ejercen. Conozco a un par de ellos y su respuesta no es muy complicada: es imposible para un privado invertir en un ducto para transportación de combustibles si el Estado mexicano no se puede comprometer a evitar el robo de combustibles.
Este abrupto inicio de año energético tiene que servirnos para un fin mayor: la recuperación del Estado de derecho como principio fundamental de nuestro país, pero también tendría que obligar a que, haciendo caso del pragmatismo del presidente López Obrador, se utilicen todos los mecanismos de promoción de la inversión para lograr que haya infraestructura robusta y resiliente para garantizar el abasto oportuno y económico de combustibles.
En ese sentido hay que considerar que la soberanía energética no sólo es función de la pretensión de autonomía en la producción de combustibles, sino de que el sistema completo funcione. A los planes de mejora en el sistema de refinación hay que agregar las inversiones necesarias en la logística del suministro de combustibles, tal como la reglamentación actual sobre el tema ya lo prevé.
eduardoandrade@mexiconecesitaingenieros.com.mx