Hace mucho tiempo que no hay justicia en este país. Por eso, quizás, se ha olvidado su verdadero significado. O tal vez se ha redefinido acorde a las circunstancias actuales: la impunidad ha provocado una ira colectiva que solo entiende justicia como ir a la cárcel. Sin duda alguna, hay mucho sustento para ello: políticos corruptos que no han sido investigados a pesar de las pruebas en su contra, exfuncionarios que permanecen prófugos y líderes criminales que han pactado su libertad a pesar de las atrocidades que han cometido. La reciente sentencia del youtuber “Rix” por el intento de violar a Natalia Campos (violación equiparada agravada en grado de tentativa) ejemplifica muy bien lo anterior: cuando se anunció su condena hubo alegría, pero fue interrumpida por el enojo colectivo ya que su castigo no fue ir a la cárcel; no hubo justicia, se concluyó.
Contrario a lo esperado, en este caso el sistema penal sí funcionó; todas las instituciones y sus operadores hicieron bien su trabajo. Desde el juez que aprobó la orden de aprehensión y los policías de investigación que la ejecutaron hasta el Ministerio Público que inició la investigación y llegó a una resolución de la misma. Ha habido mucha desinformación por parte de los medios de comunicación sobre las razones de su libertad. Sin embargo, todo lo que pasó fue bajo las reglas establecidas: debido a que aceptó su culpa, se le redujo el máximo de su condena a un tercio y, esto a su vez, le permitió acceder a mecanismos de resolución más rápidos y eficientes e intercambiar el castigo de la cárcel por otras condiciones. Todo lo anterior, en teoría, también puede ser utilizado por otras personas investigadas que cumplan con los requisitos.
¿Queda una insatisfacción por esto? Ciertamente, o así se vio en las redes sociales. La demanda fue que tenía que pasar tiempo en la cárcel. Desafortunadamente para algunas personas y ciertamente para otras, la justicia no se define así; o al menos, no en las leyes de este país. El sistema penal prioriza salidas alternativas para no ir a un juicio que es un trámite largo y costoso y que no siempre garantiza el resultado esperado. Estas salidas tienen como objetivo despresurizar el sistema, reemplazar castigos punitivos por condiciones que permitan la reinserción social y favorecer a la víctima, y no al sentimiento de las masas. Para decirlo en otras palabras: la cárcel no es el único castigo, tampoco sirve para reintegrar a las personas culpables ni para reparar el daño ocasionado.
No todo lo que pasó en este caso fue bueno. Si bien hubo justicia, ésta fue selectiva y privilegiada. Las instituciones no actúan así en todos los casos de violencia de género, ni el sistema opera tan eficientemente. Por ejemplo, a la fecha hay incontables casos de feminicidios que siguen sin resolverse; peor aún, hay muchos más que siguen sin investigarse. Tampoco todas las investigaciones acceden a estas salidas alternativas y beneficios, a pesar de cumplir con los mismos requisitos. Y no todas las personas tienen el dinero suficiente para pagar las multas y reparaciones. Parecería que la fama y el dinero, contrario a lo que predican las autoridades, sí es un factor que influye: la justicia, por lo tanto, solo es para unas cuantas personas.
No queda duda alguna del mérito que tiene la víctima por alzar la voz en un país que poco o nada ha hecho para erradicar la violencia de género. Tampoco de la importancia que tiene su resolución porque deja un gran precedente en la materia. Por ello, más que usarse para desacreditar el sistema y afirmar que no hubo justicia, debería servir para pedir las mismas condiciones en futuras investigaciones y conseguir lo que tanto se ha exigido: un sistema confiable, eficiente e igualitario.
Consultor en seguridad y justicia, @ddblanc.
