México no tuvo grandes problemas con el fenómeno delictivo la primera parte del siglo XX, una imagen de ello es: la película titulada Los Ladrones Viejos o la historia de Alfredo Ríos Galeana. Era otro México y otra sociedad, donde se podría decir que el Estado tenía cierto pacto con la delincuencia, los miembros del Estado pertenecían a la delincuencia o los índices delictivos no lastimaban a nuestra comunidad política como sucede ahora. De una u otra manera, el Estado tuvo cierto control del delito.
Las personas encargadas de esclarecer los hechos delictivos no tenían métodos de investigación, cruces de información, peritos capacitados, bases de datos o policías bien formadas; y en esa época esto no agravió el país. En la década de 1980 a 1990 cambió el fenómeno delictivo en México, y las autoridades encargadas de resolver los crímenes fueron incapaces de dar una respuesta. Así las cosas, el Estado mexicano decidió aumentar las penas cómo símbolo de que estaba haciendo algo, y las procuradurías decidieron fabricar culpables para justificar su presupuesto. Por supuesto que esto no resolvió nada y la violencia se comenzó a desatar.
En el año 2006, se gestó la llamada guerra contra las drogas y la violencia se fue en una espiral interminable. De nueva cuenta, los métodos de investigación eran casi nulos y la capacitación de la policía fue mínima. En ese año, la sociedad civil, la academia y varios operadores del sistema de justicia penal ya sabían que el método para decidir si una persona era culpable o inocente era ineficiente, y que esto incidía en cuántos delitos se cometen. En ese modelo de proceso penal era más sencillo condenar a una persona en un tribunal, lo que generaba impunidad, pues muchos casos eran fabricados, la tortura era tolerada, y no había incentivos para tener procuradurías y policías profesionales.
Un sistema de justicia penal no se trata de condenar a cualquier persona y a cualquier costo. En cambio, debe gravitar sobre una investigación que logre demostrar quién cometió el delito, cómo lo hizo y porqué. En caso contrario, lo único que se logra es más impunidad y violación a derechos humanos. En efecto, cuando las fiscalías crean culpables tenemos un inocente en la cárcel y el verdadero autor del hecho delictivo está en las calles -o- desconocemos cómo se desarrollan los crímenes y, por ende, no podemos generar políticas públicas para combatirlo
En el año 2008, se dio la reforma que cambió la forma del juicio penal, y se dio un modelo de proceso con más derechos para las personas acusadas de cometer un ilícito. Proteger a la persona que está imputada es acorde a los derechos humanos, a un sistema democrático de impartición de justicia y genera que la policía haga un buen trabajo de investigación. Una fiscalía eficiente es igual a la reducción del evento delictivo y mayor seguridad pública.
Hace unos días, algunos jueces han tomado decisiones polémicas al otorgar la libertad a ciertos acusados. De nueva cuenta, la respuesta de los otros actores del sistema ha sido pésima. Ahora nos dicen que van investigar a los jueces por otorgar las libertades. Desde principios del siglo XX, tenemos el problema de fiscalías ineficientes y malas policías; y en lugar de reformarlas se acude a la vieja fórmula de aumentar penas y ahora a señalar a los jueces. Que no es obvio que el problema está en el ministerio público y qué no han visto las imágenes de personal de la extinta PGR sembrando pruebas o torturando.
