En su arranque, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), lejos de parecerse a la panacea presentada en la narrativa oficial, como el comienzo de un sistema de salud que garantizaría derechos equiparables a los que existen en países escandinavos, ha añadido más carencias y problemas a lo que ya se arrastraba.
No puede tomarse en serio la acusación de una especie de montaje mediático para sabotear un proceso cuyas fallas están a la luz del día, incluyendo la ausencia de un plan de transición. Son demasiadas las quejas y dramáticos los testimonios de desesperación de pacientes, familiares y, en general, del público usuario y de la gente que trabaja en el sistema público de salud. Más aún, se ha tenido que recular y retrasar la entrada en vigor de esta utopía de ofrecer gratuidad en todos los servicios médicos a toda la población, sin siquiera un aumento del presupuesto en la materia (al contrario, como proporción del PIB ha bajado de 2.8 a 2.4 por ciento en cinco años).
Con la extendida confusión, sobre la que no hay visos de que puedan darse las aclaraciones pertinentes pronto, se presentan riesgos puntuales. Salomón Chertorivski y Julio Frenk, ex secretarios de salud, han puesto en datos duros la amenaza: “Conviene recordar la escala a la que opera el sistema público de salud: cada día se atiende a un millón de mexicanos, se otorgan 900 mil consultas, nacen 4,500 niñas y niños, se realizan 12 mil cirugías. Por tanto, la alteración operativa de los servicios perjudica a millones de personas con consecuencias potencialmente devastadoras para su salud, su sobrevivencia y su estabilidad económica”.
Por lo pronto, lo que priva, como refieren los ex secretarios, es la incertidumbre: sobre losd recursos y quién pone qué, para los pacientes que pasaron “de una certeza, sin duda con muchas oportunidades de mejora, a una ilusión demagógica” y para los trabajadores de la salud, muchos de los cuales no saben siquiera en qué estructura estarán y que institución pagará su nómina.
Se ha reportado que en clínicas y hospitales se ha recurrido a medidas de emergencia como cambiar las dosis de las recetas y tratamientos o que las familias paguen las cuotas que supuestamente habían quedado erradicadas o bien acudan por su cuenta a farmacias o clínicas privadas.
En este contexto, todo apunta a que, luego de meses de problemas e incertidumbre en el 2019, con situaciones de desabasto intermitentes de medicamentos e insumos, con el 2020 entramos a una fase crítica.
Sería el desenlace de cambios repentinos y sin previsión, de la ausencia de lineamientos y convenios. De que no ha habido organización y sustentación sobre cuestiones elementales: modelo de financiamiento, reglas, procedimientos e incluso una estrategia de información y comunicación. En suma, de todo lo que se necesita para la adecuada coordinación y el funcionamiento de un esquema ultra complejo, en el que intervienen la Federación y los estados, así como diversos institutos de salud y dependencias involucradas.
Visto este caos en retrospectiva, parece que difícilmente se habría evitado, ante un cambio tan intempestivo para desmantelar el Seguro Popular, que, aun con defectos e incluso señalamientos de irregularidades, funcionó por casi dos décadas.
Más allá del debate en la clase política, según los especialistas, había contribuido a reducir la mortalidad infantil y a disminuir de manera sustantiva el número de familias sin cobertura para enfrentar gastos catastróficos por enfermedades crónicas y degenerativas con alto costo de atención. Poco o mucho, eso se ha desechado, junto con fondos ahorrados ex profeso con los que no se sabe bien a bien adónde pararán, por lo que parece una quimera: acceso universal a la salud, gratuito para los usuarios, pero sin pistas de cómo se pagará.
Urge actuar y es imperativo que no se politice esta situación. En gran medida, el problema que tenemos deriva de que eso, junto con una aproximación ideológica al tema, sin reparar en los aspectos estratégicos, técnicos y de sustentabilidad. Las soluciones tienen que ir en ese sentido y, desde luego, sustentarse en la consulta, conocimiento y coordinación de todas las instancias involucradas.
Continuamos con las distorsiones que desincentivan la creación de empleos formales, sobre los que trabajadores y patrones pagan cuotas de seguridad social, además de ISR, mientras que por otra parte se impulsa un sistema de salud complementario “universal”, sin cuotas, ni pagos, ni disposiciones fiscales de fondeo. Además, ¿ahora el IMSS, con sus propios problemas y graves desafíos, tendría que entrar al rescate, con la obligación de atender a sus derechohabientes y a todos los mexicanos con la misma infraestructura, personal y recursos?
Ante este dilema, resurge la urgencia de entrarle al tema de una reforma hacendaria de fondo, sin la que no puede pensarse en un sistema de salud realmente universal, sin fragmentación institucional, que cubra a todos los mexicanos hoy y en el largo plazo, con la plataforma financiera, institucional y operativa que lo haga realizable en la práctica, más que en la retórica y en las leyes.
Como señalan Frenk y Chertorivski, por el bien de las personas más vulnerables, entre otras cosas, hay que “retornar a la fructífera práctica de basar las políticas públicas en evidencia”.
