Ernesto Villanueva
Ya me he ocupado en otras ocasiones del tema migratorio nutrido de juicios de valor, conjeturas y razones, pero ajenas al marco constitucional y legal vigente en México. El asunto sigue por una ruta de colisión que sigue estando en los medios y desde ahí quieren doblar al Estado de derecho. El gobierno federal no debe cejar en su trabajo de regular la migración con la Constitución y la ley en la mano. Es tiempo de que la ley no sea sólo un fetiche o guía susceptible de aplicarse según convenga y sea posible. He revisado, lo repito una vez más, con acuciosidad el marco normativo mexicano y los tratados y convenciones, firmadas o no por México, y no he encontrado ninguna disposición que sustente el libre tránsito absoluto. La amenaza de los migrantes al Estado mexicano de entrar por la fuerza debe atenderse conforme a la ley.
Y no dudo de lo plausible y bondadoso de los argumentos expuestos. Mi análisis no es moral, sociológico o ideológico, sino estrictamente jurídico. Y debe quedar claro que las reflexiones meta legales no tienen ningún valor probatorio en tribunales. Tan es así que nadie en su sano juicio activaría el derecho para resolver ese diferendo porque saben que no tendrían futuro, razón por la cual se apuesta por la fuerza, por la presión y la denuncia mediática que, como debe saberse, carecen de fuerza legal.
No tengo ni simpatía ni antipatía por los migrantes. Es un asunto que respeto y que corresponde al fuero interno de cada quien. Me opongo, empero, a que se busque doblar la ley por conveniencia, temor o colusión. Si se observa el procedimiento de creación y reforma de normas previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se modifica el actual sistema normativo bienvenido sea. Y actuaremos en consecuencia porque hay que respetar al Poder Reformador de la Constitución que refleja (o debe reflejar) el sentir de la mayor parte de la opinión de la sociedad. Pero mientras ello no suceda, el Estado mexicano no debe convertirse en rehén de probables infractores de la Constitución y la ley que no sólo buscan violentar el derecho, sino ser compensados por infringir las disposiciones vigentes.
Una alternativa en el derecho comparado es permitir el acceso a extranjeros a condición de que un nacional con la solvencia económica se comprometa legalmente a atender sus requerimientos. Muchos defensores de derechos humanos claman y exigen romper la ley, pero nadie (hasta donde tengo conocimiento) ha dicho esta boca es mía. Y se obliga a resolver las necesidades de un o varios migrantes de su propio peculio. Lo anterior, sin embargo, también tendría que ser motivo de una reforma a la actual Ley de Migración en el mejor de los casos. ¿Cuántos mexicanos o residentes legales en México cree usted que estarían dispuestos a subsidiar ad infinitum a migrantes? ¿Cree usted que suponiendo que así sea sean los defensores de derechos de siempre quienes garantizarían techo, comida y seguridad social para los migrantes susceptibles de ser verificados?
Mal mensaje sería que cada quien haga lo que quiera y el Estado de derecho sea sólo una ilusión óptica en perjuicio de todos.
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