Por Luis Wertman Zaslav
La desconfianza en las instituciones -no importa si son públicas o privadas- siempre hace que cuesten más, porque lograr la credibilidad de los ciudadanos es un proceso largo, difícil, que está antecedido por décadas de gobiernos poderosos, casi absolutos, cuya motivación nunca fue fortalecer organismos que pudieran rivalizar con ellos.
En ese sentido, no debe ser sorpresa para nadie que cada institución en camino de consolidarse requiera de cantidades enormes de presupuesto público para proteger todos los flancos posibles que abre la corrupción, los intereses y la impunidad que ha campeado en México por demasiado tiempo.
Es una coincidencia general que muchos órganos dedicados a garantizar derechos son poco conocidos, están lejos de la mayoría y sus resultados no son prueba de que existe un Estado de Derecho que vela por darle a cada quién lo que le corresponde y sancionar abusos y malas prácticas.
En una entrevista reciente, Carlos Castresana, un eminente abogado español que busca encabezar la fiscalía general de la Corte Penal Internacional, basada en La Haya, considera que existe falta de confianza en esta organización dedicada a procesar, por ejemplo, a criminales de guerra; lo que hace necesario reformarla, hacerla más ágil, eficiente, para obtener resultados más amplios.
Si eso puede sucederle a la Corte Penal Internacional, entonces de ahí podemos continuar con la lista de instituciones de todo tipo que viven muchas veces en realidades diferentes al de sociedades que conviven a diario con la injusticia, la violencia, el influyentismo y la rapacidad. Sin embargo, una nación que no tiene un andamiaje sólido de instancias que puedan resolver los problemas de sus ciudadanos está a merced de la inestabilidad y la falta de autoridad gubernamental.
Esa ausencia se ha podido sustituir con líderes de mucha fuerza o que reciben un apoyo masivo de sus simpatizantes que asumen esas tareas institucionales a través de gobiernos poderosos, con mayorías legislativas, pero en el mejor de los casos ese equilibrio dura el término de su administración, porque la siguiente vendrá con sus propios cambios e ideas.
Reconstruir cada seis años, o cuatro o tres, lo que hicieron los gobiernos anteriores se volvió costumbre en México y mientras no alterara nuestra vida cotidiana, estábamos más o menos conformes con que el país se hiciera de nuevo cada sexenio.
No obstante, los países que avanzan invierten tiempo y recursos en generar instituciones y mecanismos que trasciendan los mandatos y aseguren un piso parejo para sus sociedades, independientemente de si la propuesta política que gana las elecciones, y luego será administración pública, es capaz o no.
Es el debate de los pesos y los contrapesos, aunque creo que la discusión debería ir hacia la manera en que podemos medir el desempeño de las instituciones que tenemos para saber si son útiles o no.
Durante los últimos días la conversación gira en torno a la desaparición de algunas que, por un lado, el gobierno actual considera poco efectivas; mientras sus defensores hablan de un intento por monopolizar el poder y las facultades que hoy estarían en organismos independientes.
No es una u otra, porque el consenso es que, si bien son necesarias, siguen costando muchos recursos que podrían emplearse en otras cosas más urgentes para una sociedad con más de la mitad de su población en la pobreza. Desaparecerlas puede ser una medida radical, pero no revisar su desempeño es parte del problema de confianza que se ha provocado en torno a ellas.
De la explicación que nos brinden esos organismos y el propio gobierno, que quiere tener de vuelta esas atribuciones, podremos saber cuáles sí y cuáles no sirven para el propósito de hacer crecer al país. Demasiada burocracia atora cualquier oportunidad de desarrollo; muy poca deja las decisiones en manos del mejor postor.
En medio de la pandemia, estos argumentos serán difíciles de exponer, y saliendo de ella tampoco creo que sea sencillo justificar dispendios, de ningún lado del espectro político. Faltan servicios de salud, de educación, de seguridad pública, entre otras necesidades que no pueden ser parte de los ataques electorales y luego, convenientemente, olvidarse hasta la siguiente batalla.
Lo recomendable es el equilibrio y el análisis para poder mejorar a las instituciones que ya funcionan, eliminar a las que no, reducir a las que no tengan razón de tener el tamaño actual, pero dotar a todas de las herramientas para construir la confianza que las hará menos costosas y más ágiles para que se conduzcan con el único valor que nosotros como sociedad avalamos y exigimos: la legitimidad.
Experto en gtemas de seguridad pública
