“Conversar es entrar en el surco que ha trazado el otro, y proseguir en el trazo y perfección de aquel surco; diálogo es colaboración”.
Massimo Bontempelli
El inicio del periodo vacacional en Europa resultó un desafío logístico ante el cual los gobiernos y las empresas se han visto desbordados: a la urgencia de la recuperación del derecho al ocio y al descanso de millones de europeos se han opuesto las demandas salariales de los pocos trabajadores fijos o recontratados, así como la falta de suficiente personal para atender aeropuertos, estaciones de trenes y puertos marítimos, más una séptima ola de Covid que mantiene en ascuas a vacacionistas, empresarios y gobiernos.
Más allá de las crisis políticas, las económicas y las beligerancias entre la Unión Europea y la Federación Rusa, los ciudadanos de a pie -particularmente los franceses-, han dado muestras de su insumisión ante la inteligencia artificial, es decir, ante las máquinas “inteligentes” que lo mismo expiden boletos, pero no responden a las intempestivas cancelaciones derivadas por huelgas o mal tiempo; a las contestadoras automáticas de las líneas aéreas que por errores logísticos retuvieron 13 mil maletas en el aeropuerto Charles de Gaulle, o bien a las APPs localizadoras, saturadas ante el exceso de uso en destinos turísticos con poca cobertura de internet.
Y esta insumisión vacacional atizó el debate generado por el reporte anual de la Ombudsperson francesa, Claire Hédon, cuyo informe inicia con una fuerte recomendación al gobierno galo en virtud del incremento de quejas presentadas por adultos mayores cuyos derechos de acceso a servicios se ven conculcados precisamente por los servicios en línea.
La defensora de derechos acredita la llamada “fracture numérique” (fractura tecnológica) existente en generaciones de más de 50 años, derivada de la falta de capacitación educativa en el manejo de las tecnologías de la llamada “inteligencia artificial”.
El ejemplo utilizado por el ministerio a su cargo provocó, en su momento, una repulsa generalizada de la sociedad francesa en contra de la aplicación de una multa de 50 euros a una mujer de más de 70 años que al no encontrar ninguna persona en la estación de tren en la que abordó su convoy, y al carecer de boleto “electrónico”, fue detenida y forzada a pagar la cuantiosa multa.
Para la defensora de derechos francesa, el gobierno y las empresas de servicio deben tener en cuenta que en Francia existen 13 millones de personas mayores de 50 años y que su falta de capacitación o de habilidades tecnológicas no puede marginarles del ejercicio de sus derechos, por lo que la automatización de los servicios debe ser considerada como un problema de gobernanza que si no se atiende tomando en cuenta a los sectores impedidos por cualquier razón eso provocaría una degradación irreversible del estado de derecho, inadmisible en una sociedad democrática.
El reporte concluye pidiendo a gobernantes y empresarios del servicio, contemplar la necesidad de garantizar los derechos humanos a los humanos dependientes de las administraciones, sin menoscabo de los avances tecnológicos ni de su accesibilidad.
Esta propuesta fue prevista tanto por la UNESCO como por el Consejo de Europa en sendos documentos emitidos muy recientemente a favor del uso ético de la Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es fortalecer los valores integrales de los avances tecnológicos y evitar a toda costa la deshumanización o degradación de los servicios públicos y privados en favor de toda la sociedad.
La coincidencia de sucesos estivales ha puesto en mira de las instituciones, relanzar el compromiso de no deshumanizar los servicios públicos y las actividades de gobierno y fomentar un diálogo que, como lo definió el pensador italiano Bontempelli, logre entender el valor de ingresar en el surco del dialogante para, juntos, conversar en ese trazo colaborador.
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