/ miércoles 8 de julio de 2020

Integridad: un asunto de toda la sociedad

La integridad pública se entiende como el conjunto de principios y normas que, en el sector público, dan prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. En todos los órdenes del Estado debe darse la adhesión a unos valores éticos comunes que sirvan de base para la conducta de los gobernantes.

Por ello, me parece más que oportuna la presentación que hizo este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del documento titulado “Manual de la OCDE sobre Integridad Pública”, el cual es una orientación para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en esta trascendente materia. El documento tiene como antecedente la “Recomendación sobre integridad pública” de 2017, pensada como un estándar para ayudar a prevenir la corrupción, a través de la implementación de una estrategia completa de integridad pública.

La OCDE explica que la corrupción nos perjudica a todos, porque conduce a políticas públicas subóptimas y al despilfarro de recursos económicos, socavando la confianza en la capacidad de los gobiernos para servir al interés general y, en particular, al de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Me concentro en un par de claves que sugiere la OCDE para implementar una política de integridad exitosa, lo mismo en el gobierno que en las empresas privadas: una evaluación adecuada de los riesgos; y un sistema de gestión de recursos humanos basado en la formación, la apertura y el mérito.

Una evaluación correcta y focalizada de las conductas de riesgo a la integridad es necesaria para un mejor diseño de estrategias. Los riesgos de corrupción son más altos en áreas como la contratación y la obra públicas, es algo en lo que debemos poner más atención. Varias instituciones públicas han hecho avances importantes en esta materia.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con un Código de Ética y uno de Conducta (y un Comité de Integridad), documentos que establecen los valores institucionales y las estrategias de capacitación al personal en materia de integridad, fundamentales para una fiscalización adecuada y una rendición de cuentas que contribuyan al proceso de combate a la corrupción que tanto ha crecido en el país.

No obstante estos avances, las políticas de integridad no han desarrollado la vertiente de la perspectiva de género. Considero que esto es un reto impostergable a nivel global y local. En México, las mujeres ocupamos el 22.7% de los puestos directivos más altos en la administración pública federal y estatal, pero somos el 51% de la población del país, por lo que una política de integridad incluyente es deseable.

Sin duda, requerimos una estrategia nacional de integridad pública. Por lo pronto, pongamos el tema en la agenda, discutamos, fomentemos la crítica y, sobre todo, la proactividad en esta materia.


#OCDE

#Anticorrupción

#Integridad


@ClauCorichi

La integridad pública se entiende como el conjunto de principios y normas que, en el sector público, dan prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. En todos los órdenes del Estado debe darse la adhesión a unos valores éticos comunes que sirvan de base para la conducta de los gobernantes.

Por ello, me parece más que oportuna la presentación que hizo este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) del documento titulado “Manual de la OCDE sobre Integridad Pública”, el cual es una orientación para los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en esta trascendente materia. El documento tiene como antecedente la “Recomendación sobre integridad pública” de 2017, pensada como un estándar para ayudar a prevenir la corrupción, a través de la implementación de una estrategia completa de integridad pública.

La OCDE explica que la corrupción nos perjudica a todos, porque conduce a políticas públicas subóptimas y al despilfarro de recursos económicos, socavando la confianza en la capacidad de los gobiernos para servir al interés general y, en particular, al de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Me concentro en un par de claves que sugiere la OCDE para implementar una política de integridad exitosa, lo mismo en el gobierno que en las empresas privadas: una evaluación adecuada de los riesgos; y un sistema de gestión de recursos humanos basado en la formación, la apertura y el mérito.

Una evaluación correcta y focalizada de las conductas de riesgo a la integridad es necesaria para un mejor diseño de estrategias. Los riesgos de corrupción son más altos en áreas como la contratación y la obra públicas, es algo en lo que debemos poner más atención. Varias instituciones públicas han hecho avances importantes en esta materia.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con un Código de Ética y uno de Conducta (y un Comité de Integridad), documentos que establecen los valores institucionales y las estrategias de capacitación al personal en materia de integridad, fundamentales para una fiscalización adecuada y una rendición de cuentas que contribuyan al proceso de combate a la corrupción que tanto ha crecido en el país.

No obstante estos avances, las políticas de integridad no han desarrollado la vertiente de la perspectiva de género. Considero que esto es un reto impostergable a nivel global y local. En México, las mujeres ocupamos el 22.7% de los puestos directivos más altos en la administración pública federal y estatal, pero somos el 51% de la población del país, por lo que una política de integridad incluyente es deseable.

Sin duda, requerimos una estrategia nacional de integridad pública. Por lo pronto, pongamos el tema en la agenda, discutamos, fomentemos la crítica y, sobre todo, la proactividad en esta materia.


#OCDE

#Anticorrupción

#Integridad


@ClauCorichi