/ domingo 1 de diciembre de 2019

Intermediarios

La palabra presupuesto dice mucho acerca de su significado: presumimos que gastaremos e ingresaremos recursos como país, de acuerdo a un pronóstico de muchas variables económicas para que el gobierno administre, lo mejor posible, esa riqueza que producimos en conjunto.

La madrugada del viernes pasado, en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó ese ejercicio de planeación para 2020 con recortes a diferentes organismos autónomos y la asignación a partidas enfocadas en mantener los apoyos directos hacia varios sectores de la población mexicana. Como cada año, no todos los involucrados terminaron satisfechos.

¿Qué representa para nosotros, los ciudadanos, este primer presupuesto diseñado enteramente por el gobierno que elegimos hace año y medio? Uno de los aspectos principales es que modifica la forma en que se entregarán miles de millones de pesos en la forma de programas que, tradicionalmente, llegaban a organizaciones que servían de intermediarios para, a su vez, repartieran ese dinero entre sus agremiados como mejor consideraban sus líderes.

Esta forma de relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo generó una infinidad de situaciones poco claras o de abierta corrupción a la hora de ejercer un presupuesto que, se supone, es de todas y todos. Con eso, en los hechos se compraron lealtades, se crearon sectores de apoyo político y se pervirtió el otorgamiento de respaldo público a iniciativas sociales y privadas que tenían el propósito de asistir, pero que, en muchos casos, terminaron solo con un medio de vida para quienes las encabezaban y hasta un mecanismo de influencia personal y acceso a quienes tomaban esas decisiones.

Hoy el tablero ha cambiado y en la idea de que se abusó de la repartición presupuestal, el recorte es masivo y la concentración de recursos a los objetivos de la administración actual es notable. Es decir, si como ciudadanos aprovechamos esa vía directa de interacción con el gobierno, nos informamos, conocemos derechos y obligaciones, es posible que nuestra participación civil cotidiana sea mayor.

Tomemos, por ejemplo, los apoyos a las y los adultos mayores. Sin entrar en la polémica artificial de la edad y el origen de hace una semana, este importante segmento de la población ha podido -y podrá- mejorar sus condiciones de vida, gracias a que ha sido un programa sólido, eficiente y bien conducido desde que arrancó hace casi dos décadas en la Ciudad de México.

No olvidemos que el programa fue ampliamente criticado cuando se propuso y se llevó a cabo en la capital del país, pero que ahora es una medida a nivel nacional que ningún gobierno o político puede dejar de lado si quiere ser electo o mantener una buena evaluación de sus gobernados.

Falta la evaluación del impacto que ha tenido en los últimos doce meses este programa a lo largo del territorio nacional y aún hay muchos retos que resolver para brindarle a las y los adultos mayores mexicanos un servicio público pleno (que todos, en algún momento vamos a necesitar) en salud, atención, movilidad e incluso espacios públicos diseñados especialmente.

Ahí queda confirmado que, por medio de una relación directa, los ciudadanos de mayor edad pueden entrar en contacto con el gobierno, al igual que sus familias, ahorrarse los intermediarios y recibir un apoyo bimestral que, en muchos casos, se vuelve vital para llegar a fin de mes.

Uno de los propósitos de este gobierno, según ha prometido públicamente, es hacer de esta idea un derecho constitucional que ninguna administración pueda modificar en el futuro sin pagar un precio político alto. Es una buena intención y puede extenderse a muchas otras medidas que ayuden a jóvenes, madres solteras, niñas, niños y adolescentes, en un país que ha padecido más por la existencia de intermediarios, que por la difícil relación que cualquier ciudadana y ciudadanos puede tener con sus autoridades en su vida cotidiana.

La base del éxito en esta relación es ejercer nuestros derechos civiles, al mismo tiempo que cumplimos con nuestras obligaciones y exigimos tratar con un gobierno transparente, honesto y que tengan una visión de largo plazo, tal como siempre hemos demandado.

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La palabra presupuesto dice mucho acerca de su significado: presumimos que gastaremos e ingresaremos recursos como país, de acuerdo a un pronóstico de muchas variables económicas para que el gobierno administre, lo mejor posible, esa riqueza que producimos en conjunto.

La madrugada del viernes pasado, en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó ese ejercicio de planeación para 2020 con recortes a diferentes organismos autónomos y la asignación a partidas enfocadas en mantener los apoyos directos hacia varios sectores de la población mexicana. Como cada año, no todos los involucrados terminaron satisfechos.

¿Qué representa para nosotros, los ciudadanos, este primer presupuesto diseñado enteramente por el gobierno que elegimos hace año y medio? Uno de los aspectos principales es que modifica la forma en que se entregarán miles de millones de pesos en la forma de programas que, tradicionalmente, llegaban a organizaciones que servían de intermediarios para, a su vez, repartieran ese dinero entre sus agremiados como mejor consideraban sus líderes.

Esta forma de relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo generó una infinidad de situaciones poco claras o de abierta corrupción a la hora de ejercer un presupuesto que, se supone, es de todas y todos. Con eso, en los hechos se compraron lealtades, se crearon sectores de apoyo político y se pervirtió el otorgamiento de respaldo público a iniciativas sociales y privadas que tenían el propósito de asistir, pero que, en muchos casos, terminaron solo con un medio de vida para quienes las encabezaban y hasta un mecanismo de influencia personal y acceso a quienes tomaban esas decisiones.

Hoy el tablero ha cambiado y en la idea de que se abusó de la repartición presupuestal, el recorte es masivo y la concentración de recursos a los objetivos de la administración actual es notable. Es decir, si como ciudadanos aprovechamos esa vía directa de interacción con el gobierno, nos informamos, conocemos derechos y obligaciones, es posible que nuestra participación civil cotidiana sea mayor.

Tomemos, por ejemplo, los apoyos a las y los adultos mayores. Sin entrar en la polémica artificial de la edad y el origen de hace una semana, este importante segmento de la población ha podido -y podrá- mejorar sus condiciones de vida, gracias a que ha sido un programa sólido, eficiente y bien conducido desde que arrancó hace casi dos décadas en la Ciudad de México.

No olvidemos que el programa fue ampliamente criticado cuando se propuso y se llevó a cabo en la capital del país, pero que ahora es una medida a nivel nacional que ningún gobierno o político puede dejar de lado si quiere ser electo o mantener una buena evaluación de sus gobernados.

Falta la evaluación del impacto que ha tenido en los últimos doce meses este programa a lo largo del territorio nacional y aún hay muchos retos que resolver para brindarle a las y los adultos mayores mexicanos un servicio público pleno (que todos, en algún momento vamos a necesitar) en salud, atención, movilidad e incluso espacios públicos diseñados especialmente.

Ahí queda confirmado que, por medio de una relación directa, los ciudadanos de mayor edad pueden entrar en contacto con el gobierno, al igual que sus familias, ahorrarse los intermediarios y recibir un apoyo bimestral que, en muchos casos, se vuelve vital para llegar a fin de mes.

Uno de los propósitos de este gobierno, según ha prometido públicamente, es hacer de esta idea un derecho constitucional que ninguna administración pueda modificar en el futuro sin pagar un precio político alto. Es una buena intención y puede extenderse a muchas otras medidas que ayuden a jóvenes, madres solteras, niñas, niños y adolescentes, en un país que ha padecido más por la existencia de intermediarios, que por la difícil relación que cualquier ciudadana y ciudadanos puede tener con sus autoridades en su vida cotidiana.

La base del éxito en esta relación es ejercer nuestros derechos civiles, al mismo tiempo que cumplimos con nuestras obligaciones y exigimos tratar con un gobierno transparente, honesto y que tengan una visión de largo plazo, tal como siempre hemos demandado.

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