Los sistemas de procuración y administración de justicia no pueden investigar y procesar todos los delitos. Imagine usted: ¿cuántas personas sostuvieron una riña la semana pasada?, ¿cuántos robos se denunciaron en el mes? y ¿cuántos vidrios rotos dejó el clásico de fútbol? Por ello, las fiscalías establecen prioridades de qué se puede y qué no se puede resolver. Una prioridad son los eventos que más perjudican a la sociedad, por eso existen los delitos que caen en la categoría de alto impacto. En México, la corrupción es un delito de alto impacto.
El ministerio público debe proponer y acceder a la solución de una riña, con lesiones menores, a través de una amigable composición, literal: cada quien su golpe. Las fiscalías deben ofrecer soluciones al delito de fraude a través de mecanismos alternativos. La teoría y la realidad nos indica que los delitos de homicidio, violación o corrupción son cuestiones que por su sensibilidad deben estar en manos de un juez y la ley. El único incentivo para que el fiscal y la defensa lleguen a un acuerdo es el riesgo de perder el caso en la sentencia. Sin duda, hay casos con pocas pruebas que orillan a la fiscalía a pactar con la defensa. Los libros y la vida práctica también indican que los ministerios públicos desean obtener una condena ejemplar en los grandes casos. El caso del sentenciado Javier Duarte contraviene la teoría y a la realidad. Lector, mire usted, que contradecir a la teoría es sencillo, pero a la realidad no.
El exgobernador de Veracruz estaba acusado de enriquecimiento ilícito y asociación delictiva. La cantidad del aumento patrimonial nunca estuvo clara, con quiénes y cómo se asoció tampoco se esclareció. La Procuraduría General de la República empezó a perder el caso en los tribunales desde el día uno. Más adelante, la PGR modificó la acusación de delincuencia organizada a asociación delictiva. En la óptica de PGR, en este caso no había una estructura delictiva, división de funciones y actividades previamente planificadas, solo un grupo de personas que se reunió para tomar el dinero público. Dicho en otras palabras: cientos o miles de millones de pesos se pueden sustraer del erario por un conjunto de aficionados. En este punto, ya se había disminuido el estándar de prueba. Es distinta la evidencia que se necesita para acreditar una organización delictiva, asignación funcional de tareas y el acuerdo sobre esto, a probar la sola existencia de personas que delinquen de manera cotidiana. Aun así, la PGR tuvo que acordar con la defensa de Javier Duarte un modo de obtener una sentencia condenatoria sin llegar a juicio oral.
¿Qué había que acreditar? El delito de enriquecimiento ilícito requiere demostrar el aumento patrimonial de un servidor público y que éste no pueda explicar cómo se acrecentó su patrimonio, no más no menos. Parece que con los 40 bienes decomisados a Javier Duarte era muy probable establecer un aumento patrimonial. Sin embargo, la PGR llegó a un trato con la defensa de Javier Duarte y se dictó sentencia. La fiscalía perdió una oportunidad de oro para demostrar su eficiencia y la calidad de su investigación. La defensa de Duarte demostró que no estaba tan segura de ganar el caso en sentencia. Las partes acordaron terminar el juicio porque ambas tenían temor de perder ante un juez. Nuestras leyes permitían llegar a una sentencia justa, no modifiquemos la legislación, sino exijamos la explicación de la PGR sobre su incapacidad de probar en juicio que Javier Duarte tuvo un incremento patrimonial ilícito con ayuda de otras personas.
Dr. En Derecho.
