A unos días de haber comenzado el mundial de fútbol en Rusia, la atención pública se ha volcado de las campañas a las canchas de juego. La noticia de que México (junto con Canadá y Estados Unidos) serán sede de la Copa Mundial para 2026, ha abierto grandes expectativas para muchos, mientras que para otros impone toda una lista de interrogantes. Los principales retos, están en el financiamiento para un evento de estas dimensiones, e incluso más allá, cuestiones como el libre tránsito de personas, que no es precisamente una característica de la región.
Pero ¿qué efectos tienen las justas deportivas en los países sede? Uno de los referentes históricos más importantes al respecto, es la experiencia de Montreal cuando fue anfitriona de los Juegos Olímpicos en 1976. La ciudad canadiense tardó 30 años en pagar la deuda generada por el evento, pues originalmente se habían presupuestado cerca de 310 millones de dólares, cuando el monto final de su realización superó los 2 mil millones. La Universidad de Oxford, ha señalado que los mayores sobrecostos de este tipo de eventos, los han registrado Montreal en 1976 (796 %), y Barcelona 1992 (417 %).
El gobierno de Grecia, que albergó los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, tras su conclusión, señaló por ejemplo, haber tenido que enfrentar un déficit presupuestario de casi 8,600 millones de dólares, lo que significó para la nación helénica un desequilibrio fiscal de hasta el 5,3%. Muchos especialistas incluso comenzaron a rastrear la crisis económica griega a partir de este evento.
Para Sudáfrica, sede del mundial de fútbol en 2010, la historia fue un tanto parecida, pues se calcula que el balance total de perdidas ascendió a los 3 mil millones de dólares, cifra casi igual a la inversión de más de 5 mil millones de dólares que representó el evento.
La última celebración olímpica en Río hace dos años, generó una inversión total en infraestructura deportiva de 12 mil millones de dólares, más ingresos por turismo (estimados en 400 millones de dólares). Sin embargo, estos sólo aportaron un 0,05% al PIB brasileño, que cayó en un 3,6% al año siguiente. Entre el mundial de fútbol de 2014, y las olimpiadas de 2016, Brasil acumuló una inflación del 8.6% anual.
En México no somos nuevos respecto a estas presiones financieras. Después del anuncio de los Juegos Olímpicos de 1968, el pago de la tenencia vehicular pasó de ser una medida temporal de dos años contemplada en la Ley de Ingresos, a formalizarse permanentemente como financiamiento público para la federación, estados y municipios. Para 1978, la tenencia habría ayudado a cubrir con prontitud las inversiones y los gastos olímpicos, por cerca de 2,198 millones 800 mil pesos.
Muchas expectativas genera la noticia de ser sede, junto con nuestros –aun- socios del TLCAN, de la próxima copa del mundo de fútbol en 2026. A 8 años de distancia, poco se cuestiona sobre el peso financiero que nos viene encima, así como de qué manera será posible crear y mantener la infraestructura y condiciones necesarias para dicho evento. No sólo son los estadios, o la promoción turística, lo son también el garantizar la seguridad de los visitantes y de los partidos, así como generar empleos de calidad y con salarios dignos derivados de este proyecto.
Aunado a todo esto, está por igual el evitar endeudarnos, o quedarnos con elefantes blancos sin mayor uso. Aunque el fútbol es un de las pasiones más grandes para muchas y muchos mexicanos; este proyecto debería llevarnos a cuestionar, cómo es que ese imaginario regional –hoy plenamente reconocido al unísono como Norteamérica, y concretado en una Copa del Mundo-, tiene grandes pendientes llenos de asimetrías, tensiones y filias, por lo que hay mucho trabajo por delante.
Diputada por el Movimiento Ciudadano
@ClauCorichi
