Por Víctor Hugo Bolaños
La liberación de presuntos peligrosos delincuentes es responsabilidad del Poder Judicial, los poderes legislativo y ejecutivo tienen que cumplir con sus atribuciones y dotar de las herramientas mínimas indispensables a quien se encarga de salvaguardad el respeto irrestricto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Morelos y las leyes que de ellas sean aprobadas por el poder legislativo para la obediencia del ejecutivo.
La liberación de un grupo en Temixco, la partidización y el escándalo contra los elementos policiacos, exige una revisión desde todos los ángulos, la supuesta violencia y violación de los derechos humanos contra los victimarios, es aprovechada por partidos políticos y organizaciones defensoras de todas las causas, porque los jueces liberan a los presuntos delincuentes en un tribunal que afirman ésta en manos del Cartel Jurídico encabezado supuestamente por “juristas destacados” que ponen y quitan “dirigentes” del medio centenar de organizaciones de “profesionistas” que con y sin registro funcionan.
La imagen del gobierno fue impactada por la post verdad y el “fake News” que surge desde el poder judicial, por ejemplo salen de prisión supuestos delincuentes por “tropiezos jurídicos”, no por sentencia, a través de las redes sociales, se asegura que son inocentes aunque en la mayoría de los casos, la culpabilidad o inocencia nunca fue analizada, el caso de Temixco es un ejemplo.
Según un documento de 2016, el poder judicial de Morelos, emitió en materia penal del 2009 al 2015, dos mil 739 sentencias, mil 438 condenatorias, 835 absolutorias y 952 por procedimiento abreviado, el 56 % de quienes son juzgados son absueltos, en el mismo periodo en el Estado de México, se dictaron 46 mil 375 sentencias condenatorias y cinco mil 507 absolutorias, son absueltos menos poco más del 10%.
En 2012, último año del gobierno panista, en el sistema de juicios orales se ingresaron mil 335 causas, 62% fueron vinculadas a proceso, 366 se resolvieron por medios alternativos, 74 absolutorias y solo 104 condenatorias, menos del 10% de las que ingresaron.
La eficiencia del poder judicial puede justificarse por los bajos ingresos de los empleados. En Morelos, un Agente del Ministerio Público percibe un sueldo neto de 13 mil 330 pesos mensuales y un Defensor de oficio un sueldo neto de 11 mil 495, En Nuevo León, en 2016 el salario de ambos funcionarios fue 54 mil 394 pesos.
La prevención del delito enfrenta deficiencias, no solo corresponde a la presencia de la autoridad para inhibir la intención, existen factores multidisciplinarios
La procuración de Justicia, tiene carencias, los bajos salarios son ejemplo, en la impartición donde funciona el poder judicial, los niveles de corrupción alcanzan niveles hoy inmedibles por la opacidad de su propio funcionamiento, la reinserción social frustrada, en 2018 se elige a los poderes, ejecutivo y legislativo, su agenda debe incluir un poder judicial transparente y eficiente.
El Sol de Cuernavaca
