En 2016 concluyó la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país, al que comúnmente se le conoce como Juicios Orales, mismo que representó un importante avance para la Justicia en México. Ahora las audiencias son públicas y cualquier persona puede presenciarlas, se favorece el uso de medios alternos como la mediación para resolver los conflictos, se garantiza que quien comete un delito repare el daño, entre muchas otras cosas que permiten alejarnos de aquel modelo de justicia penal tardado, burocrático y costoso.
La puesta en marcha de este Sistema tardó 8 años y requirió de la capacitación de todos los actores vinculados al tema, desde policía, jueces y ministerios públicos hasta abogados postulantes y medios de comunicación, solo por citar algunos.
Pese a ello, el Nuevo Sistema de Justicia Penal no ha dejado satisfecha a la sociedad y requiere ser perfeccionado, solo así podrá cumplir con su principal objetivo: garantizar que la ciudadanía acceda a la justicia penal de manera eficiente.
Es importante dotar a todas las entidades del país, de los avances tecnológicos necesarios para realizar una investigación más eficiente de los delitos, así como para la realización de peritajes más calificados.
Por otro lado, fortalecer las áreas que tienen a su cargo de manera directa o indirecta la atención a las víctimas del delito e incentivar el uso de los medios alternos de solución de los conflictos como la mediación.
Otro aspecto importante es la profesionalización de los operadores a través del servicio profesional de carrera, algo que hoy día solo es común ver en los Poderes Judiciales. Si logramos que los defensores y Ministerios Públicos accedan a su cargo a través de sus méritos y preparación, elevaremos el nivel de justicia que se procura e imparte en el país.
Es fundamental intensificar la capacitación a todos los operadores, principalmente a las policías, que son quienes tienen el primer contacto con la comisión de un delito.
De igual manera es importante voltear la mirada a las universidades para asegurar que sus currículas se encuentren ajustadas al nuevo sistema y valorar la colegiación obligatoria de los abogados para garantizar su adecuada capacitación y conocimiento del sistema.
La meta debe ser alcanzar una justicia de calidad, para ello se requiere entrar a una etapa de consolidación en la que la federación siga acompañando a las entidades del país y a los diversos operadores como ocurrió con la implementación.
