Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó una controvertida reforma laboral que dejó fuera la subcontratación laboral, mejor conocida como “outsourcing”, que consiste en que una empresa es intermediaria entre los trabajadores y las personas que recibirán los servicios. Hoy día existen un sinnúmero de páginas de internet que ofrecen los servicios de trabajadoras domésticas, plomería, electricistas, etcétera, por hora y por día, con un costo fijo, asegurando que garantizan la confiabilidad de las y los trabajadores.
El problema con estos intermediarios es que dicha modalidad laboral deja en estado de indefensión a quien contrata el servicio y a los trabajadores. A los primeros, porque si la empresa de outsourcing no les ha otorgado las prestaciones laborales de ley a las y los trabajadores, la responsabilidad podría recaer en quien contrata los servicios.
En el caso de los trabajadores, resulta complejo poder hacer valer sus derechos a través de la justicia laboral, ya que, en muchos casos, las empresas no tienen un domicilio cierto, toda vez que se trata de páginas de internet lo que complica las notificaciones o simplemente cambian de nombre y domicilio de manera regular, dejándolos en estado de indefensión.
A ello se suma que cuando las empresas de outsorcing son contratadas para administrar personal, legalmente no obtienen ganancia de la labor que realizan las y los trabajadores, por lo que éstos no reciben reparto de utilidades.
Sin duda es una manera moderna de contratar un servicio, pero la ley debe proteger los derechos de todas las partes para que ningún patrón quede al margen de la ley en detrimento de quienes prestan sus servicios de manera honrada para sacar adelante a sus familias.