/ viernes 6 de agosto de 2021

Justicia ¿por decreto?

Por Luis Carlos Sánchez Díaz

El pasado 30 de julio, el presidente López Obrador mencionó en su conferencia matutina, la intención de promulgar un decreto para liberar a reos del fuero federal. De acuerdo a lo mencionado, con esta propuesta se beneficiará a aquellos reos que no han recibido sentencia por más de diez años, a personas mayores de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y no hayan cometido delitos graves, así como a personas que se encuentren recluidas y hayan sufrido tortura por parte de alguna autoridad en el marco de lo establecido en el Protocolo de Estambul.

Según las cifras mencionadas en el anuncio, el decreto beneficiará a aproximadamente 12 mil personas que se encuentran en centros de reclusión federales. Cifra que más que resultar un dato positivo, demuestra la falta de garantía de acceso a la justicia a la que nos enfrentamos en el país.

Otro dato igual de alarmante, es el que brindó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde señala que existen al menos 93 mil personas que no han sido sentenciadas en México. Lo anterior, demuestra la falta de garantía a un debido proceso legal y a la presunción de inocencia, sin omitir mencionar la posible violación a derechos humanos por las que en ocasiones atraviesan las personas privadas de su liberad. Aunado a lo anterior, las desigualdades socioeconómicas de los presos y la corrupción en el sistema judicial mexicano, refuerzan que los procedimientos sean opacos e ineficientes.

Pero en lo que esperamos la publicación del decreto para conocer su verdadero contenido, hay que señalar algunas de las contradicciones que existen bajo este intento de brindar “justicia” por decreto.

La primera de ellas, fue la reforma al Código Nacional de Procedimiento Penales, impulsada por la bancada de MORENA, en la cual se aumenta al catálogo el número de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. En términos prácticos, esto significa que un mayor número de personas (presuntos culpables) podrían permanecer en prisión sin la necesidad de una sentencia.

La segunda contradicción en caso de realizar el decreto mencionado, es la Ley de amnistía, cuyos objetivos parecieran ser similares. Desafortunadamente, los resultados de dicha ley han dejado mucho que desear. De acuerdo a datos recabados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, hasta el mes de junio, solamente se habían reportado cinco personas beneficiadas por dicha ley a más de un año de su implementación.

En caso de cumplir con el objetivo de liberar a los miles de presos, el gobierno también tendrá la tarea de crear programas de reinserción social para los adultos mayores y por supuesto intentar resarcir el daño de las personas que sufrieron tortura y de aquellas que no fueron sentenciadas.

Por lo anterior, pensar en impartir justicia a través de decretos, resulta insuficiente, cuando no se busca atacar de raíz los problemas estructurales que imperan en el sistema judicial. Para ello, se necesitan fortalecer las instituciones de impartición de justicia a través de brindar financiamiento y capacitación al personal, así como promover mecanismos de rendición de cuentas que permitan sancionar a los responsables de las inconsistencias y mala praxis que imperan en los procedimientos judiciales.

Por Luis Carlos Sánchez Díaz

El pasado 30 de julio, el presidente López Obrador mencionó en su conferencia matutina, la intención de promulgar un decreto para liberar a reos del fuero federal. De acuerdo a lo mencionado, con esta propuesta se beneficiará a aquellos reos que no han recibido sentencia por más de diez años, a personas mayores de 65 años que padezcan enfermedades crónicas y no hayan cometido delitos graves, así como a personas que se encuentren recluidas y hayan sufrido tortura por parte de alguna autoridad en el marco de lo establecido en el Protocolo de Estambul.

Según las cifras mencionadas en el anuncio, el decreto beneficiará a aproximadamente 12 mil personas que se encuentran en centros de reclusión federales. Cifra que más que resultar un dato positivo, demuestra la falta de garantía de acceso a la justicia a la que nos enfrentamos en el país.

Otro dato igual de alarmante, es el que brindó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde señala que existen al menos 93 mil personas que no han sido sentenciadas en México. Lo anterior, demuestra la falta de garantía a un debido proceso legal y a la presunción de inocencia, sin omitir mencionar la posible violación a derechos humanos por las que en ocasiones atraviesan las personas privadas de su liberad. Aunado a lo anterior, las desigualdades socioeconómicas de los presos y la corrupción en el sistema judicial mexicano, refuerzan que los procedimientos sean opacos e ineficientes.

Pero en lo que esperamos la publicación del decreto para conocer su verdadero contenido, hay que señalar algunas de las contradicciones que existen bajo este intento de brindar “justicia” por decreto.

La primera de ellas, fue la reforma al Código Nacional de Procedimiento Penales, impulsada por la bancada de MORENA, en la cual se aumenta al catálogo el número de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. En términos prácticos, esto significa que un mayor número de personas (presuntos culpables) podrían permanecer en prisión sin la necesidad de una sentencia.

La segunda contradicción en caso de realizar el decreto mencionado, es la Ley de amnistía, cuyos objetivos parecieran ser similares. Desafortunadamente, los resultados de dicha ley han dejado mucho que desear. De acuerdo a datos recabados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, hasta el mes de junio, solamente se habían reportado cinco personas beneficiadas por dicha ley a más de un año de su implementación.

En caso de cumplir con el objetivo de liberar a los miles de presos, el gobierno también tendrá la tarea de crear programas de reinserción social para los adultos mayores y por supuesto intentar resarcir el daño de las personas que sufrieron tortura y de aquellas que no fueron sentenciadas.

Por lo anterior, pensar en impartir justicia a través de decretos, resulta insuficiente, cuando no se busca atacar de raíz los problemas estructurales que imperan en el sistema judicial. Para ello, se necesitan fortalecer las instituciones de impartición de justicia a través de brindar financiamiento y capacitación al personal, así como promover mecanismos de rendición de cuentas que permitan sancionar a los responsables de las inconsistencias y mala praxis que imperan en los procedimientos judiciales.