Por: Ernesto Villanueva
La designación de Rosario Piedra Ibarra como nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por el Senado de la República ha generado un movimiento en algunos senadores del PAN para intentar (infructuosamente) hacer naufragar esa decisión que es al día de hoy un hecho consumado. Ni duda cabe que la nueva ombudsperson puede ser objeto de críticas y rechazos. Es parte del ejercicio de la libertad de expresión. El punto nodal de la discusión, empero, es la legalidad de la actuación del Senado en este proceso que concluyó con la unción de la activista social como presidenta de la CNDH.
El movimiento de algunos detractores del PAN ante la decisión por mayoría calificada por el Senado representa un acto también de libertad de expresión y de disenso que la Constitución protege. No pasará de ahí en virtud de que: a) Cada día que pasa las distintas fracciones parlamentarias han cerrado filas con el coordinador senatorial de MORENA, Ricardo Monreal, incluyendo al propio coordinador de los senadores panistas. Esto significa que no sólo no logran reunir la mitad más uno de los integrantes del Senado que pudiera darles algún margen de maniobra ni tampoco opera en este caso la figura de la acción de inconstitucionalidad, donde, aceptando sin conceder que pudiera tener alguna posibilidad de ser usada como herramienta jurídica para impedir el arribo de Piedra Ibarra, tampoco tienen siquiera el número requerido por la Constitución para ejercer esa acción legal; y b) El anuncio de que los inconformes interpondrán una denuncia de hechos por la supuesta intervención de las comunicaciones privadas al exhibir la comunicación entre el presidente del PAN y su coordinador senatorial representa sólo un impacto de consumo mediático sin asideros jurídico para prosperar. El que afirma tiene la carga de la prueba, señala un principio jurídico básico. En la vida real resulta casi imposible que los radicales del PAN puedan aportar indicios que permitan contar con elementos para que la Fiscalía General de la República pueda abrir una carpeta de investigación.
Tengo la convicción de que esa escaramuza para consumo de los medios no pasará al terreno jurídico ni menos tendrá consecuencias legales. Es parte del reconocimiento de que los inconformes carecen de otras vías para hacer valer sus argumentos legales. De ser así, el camino hubiera sido al contrario de lo que ha sido; es decir, primero hubieran ejercido las acciones jurídicas de haberlas tenido y después le hubieran dado acompañamiento en los medios. Sobra decir que las conferencias de prensa no tienen ningún efecto normativo. De igual forma, invocar el vocablo de la “legitimidad” como argumento coercitivo es una falacia. Se trata esa expresión de un ejercicio académico de la ciencia política que un concepto que pueda impactar en el Estado de derecho o, al menos, en el ejercicio de las atribuciones de la nueva titular de la CNDH.
Ni duda cabe que Piedra Ibarra tiene frente a sí un gran reto que debe pasar por allegarse de expertos técnicos en derechos humanos que le den sustento a sus actuaciones, más allá de declaraciones sin racionalidad alguna. Luis Raúl González Pérez, el presidente saliente, deja una vara alta por cuanto a su conocimiento jurídico y técnico de los derechos humanos y un sólido equipo que podrían serle de utilidad a Piedra Ibarra como, tan sólo por citar un ejemplo, Joaquín Narro Lobo, un inteligente y preparado joven que ha hecho una brillante labor dentro de la gestión del ex abogado general de la UNAM, González Pérez, en este cambio en la CNDH que, sería de esperar y agradecer, mantenga independencia de criterio, observaciones apegadas a derecho y compromiso con las víctimas, esto último Piedra Ibarra lo ha vivido en carne propia, faltarían, en todo caso, ver cómo cumple con los dos primeros rubros. Por el bien del país hay que desearle la mejor de la suerte a esta luchadora social en esta compleja tarea.
@evillanuevamx
