/ jueves 17 de marzo de 2022

La aplanadora legislativa VS el Estado de Derecho 

El pasado jueves sucedió algo que no podemos dejar de comentar: la Cámara de Diputados aprobó con 268 votos a favor (Morena, PT y PVEM) y 213 en contra, una reforma que permite a las personas funcionarias de la Administración Pública Federal, promocionar la revocación de mandato.

Es decir que el Presidente de la República, las y los Secretarios de Estado, integrantes de las Cámaras de Diputados y Senadores y cualquier persona contemplada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, va a poder hablar públicamente y difundir la participación ciudadana en la revocación de mandato, sin que esto constituya propaganda electoral y por lo tanto, sea susceptible de investigarse y sancionarse como delito electoral.

Jurídicamente hablando, la mayoría legislativa de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, presentaron y aprobaron un Decreto mediante el que se interpretó el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, en una jornada sorprendentemente rápida donde se le apagaron los micrófonos a quienes argumentaban en contra y el Diputado Sergio Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y autor del proyecto, intervino en el debate desde su lugar de presidente y no desde su curul, lo cual bien puede interpretarse como una acción bastante autoritaria. Y quien tenga dudas, puede ir al Canal del Congreso a ver qué pasó.

En los hechos, esto significa que la temporada de veda electoral, que se supone que abarca del 4 de febrero al 10 de abril, puede no respetarse por parte del funcionariado público y no habrá consecuencias, con todo y que dicha propaganda se haga con recursos públicos.

Literalmente, el Decreto aprobado dice “No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.”… pero si esas leyes son justo las que acaban de “reinterpretar”.

Mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos Electoral (FEPADE) dice que un delito electoral es cualquier acción u omisión del funcionariado público que atente contra las características del voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Y claro que un diputado que va a su distrito a “invitar a la ciudadanía” a participar en un ejercicio que ya el INE se ha encargado de difundir, puede ejercer una influencia en el sentido del voto.

Conocedores de esta influencia, ni tardos ni perezosos 9 diputados de Morena solicitaron licencia al pleno del Congreso de la CDMX para “promover el ejercicio de revocación de mandato”; si dicha licencia se le aprueba, ya serían 15, lo que significa que la mitad de la bancada de Morena en el Congreso de la capital van a priorizar sus intereses políticos por encima de sus obligaciones como legisladores.

Desafortunadamente, lo que pasó el jueves en la Cámara de Diputados es una práctica tan mala como añeja: un partido político aprovechó su mayoría y sus partidos satélites para aprobar lo que quiso y cómo quiso; en el argot político, a esto se le conoce como la “aplanadora” y nos solo aplastó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la propia Ley de Revocación de Mandato, sino que le dio un golpe tremendo al ya debilitado Estado de Derecho y nos mostró que el partido en el poder trabaja para el poder, no para las ciudadanía que dice representar, ¿no que ya no son como los de antes?


El pasado jueves sucedió algo que no podemos dejar de comentar: la Cámara de Diputados aprobó con 268 votos a favor (Morena, PT y PVEM) y 213 en contra, una reforma que permite a las personas funcionarias de la Administración Pública Federal, promocionar la revocación de mandato.

Es decir que el Presidente de la República, las y los Secretarios de Estado, integrantes de las Cámaras de Diputados y Senadores y cualquier persona contemplada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, va a poder hablar públicamente y difundir la participación ciudadana en la revocación de mandato, sin que esto constituya propaganda electoral y por lo tanto, sea susceptible de investigarse y sancionarse como delito electoral.

Jurídicamente hablando, la mayoría legislativa de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, presentaron y aprobaron un Decreto mediante el que se interpretó el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, en una jornada sorprendentemente rápida donde se le apagaron los micrófonos a quienes argumentaban en contra y el Diputado Sergio Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y autor del proyecto, intervino en el debate desde su lugar de presidente y no desde su curul, lo cual bien puede interpretarse como una acción bastante autoritaria. Y quien tenga dudas, puede ir al Canal del Congreso a ver qué pasó.

En los hechos, esto significa que la temporada de veda electoral, que se supone que abarca del 4 de febrero al 10 de abril, puede no respetarse por parte del funcionariado público y no habrá consecuencias, con todo y que dicha propaganda se haga con recursos públicos.

Literalmente, el Decreto aprobado dice “No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.”… pero si esas leyes son justo las que acaban de “reinterpretar”.

Mientras que la Fiscalía Especializada en Delitos Electoral (FEPADE) dice que un delito electoral es cualquier acción u omisión del funcionariado público que atente contra las características del voto universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Y claro que un diputado que va a su distrito a “invitar a la ciudadanía” a participar en un ejercicio que ya el INE se ha encargado de difundir, puede ejercer una influencia en el sentido del voto.

Conocedores de esta influencia, ni tardos ni perezosos 9 diputados de Morena solicitaron licencia al pleno del Congreso de la CDMX para “promover el ejercicio de revocación de mandato”; si dicha licencia se le aprueba, ya serían 15, lo que significa que la mitad de la bancada de Morena en el Congreso de la capital van a priorizar sus intereses políticos por encima de sus obligaciones como legisladores.

Desafortunadamente, lo que pasó el jueves en la Cámara de Diputados es una práctica tan mala como añeja: un partido político aprovechó su mayoría y sus partidos satélites para aprobar lo que quiso y cómo quiso; en el argot político, a esto se le conoce como la “aplanadora” y nos solo aplastó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y la propia Ley de Revocación de Mandato, sino que le dio un golpe tremendo al ya debilitado Estado de Derecho y nos mostró que el partido en el poder trabaja para el poder, no para las ciudadanía que dice representar, ¿no que ya no son como los de antes?