“Bajarán la gasolina, el gas, la luz, gracias a la reforma energética”. ¡Cuántas veces nos prometió el gobierno federal. Hasta la saciedad! ¿Y, qué ha pasado a lo largo de estos cinco años de su administración? Que justo a raíz de ella los precios no solo no han disminuido, se han disparado, de lo que los gasolinazos son ejemplo señero, desde la gasolina magna que ha aumentado casi 53%, el diésel 55.7%, hasta la premium que lo ha hecho en un 60.5%.
El gas, por su parte, desde la liberalización de su precio se ha incrementado en 36%, mientras que el de la luz lo ha hecho desmesuradamente: solo en marzo pasado, las tarifas industriales aumentaron entre 56.6% y 78.2%, las comerciales entre 37.6% y 60.4% y las domésticas de alto consumo en un 37.6%. “Lo que pasa, señala el gobierno, es que falta mayor competitividad y en el caso de la luz su precio está vinculado a los vaivenes del costo del gas”. ¡Con qué ligereza reconocen que han fallado en las expectativas prometidas! “Pemex se recapitalizará”, sentenciaron.
Por lo pronto, entre 2013 y 2017 las que han aumentado son sus importaciones mientras la producción ha decrecido, ambas en un 50%, a la par que se ha catapultado como nunca antes el descrédito en los manejos de quienes han estado al frente de la institución en este sexenio. ¡Allí está la cloaca de corrupción impenetrable representada por un nombre: Odebrecht! Y cuando hablamos de corrupción, otra frase inmortal, ésta proveniente del decálogo que algún día prometió el titular del Ejecutivo Federal: “la corrupción es un problema estructural […] su combate será frontal […] se implementará un nuevo protocolo sobre el comportamiento de los responsables de las contrataciones públicas”.
¿Qué ocurrió? Años tardaron en aprobar el marco jurídico y poner en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción y aún carecemos de Fiscal, en tanto la opacidad cierne su espectral sombra en el régimen de las contrataciones petroleras, cobijadas a la sombra de las flamantes leyes en materia energética, mientras la impunidad rampante, ofensiva y escandalosa de casos como el de los exgobernadores y sus redes de colusión, queda intacta. Paralelamente ¿en qué quedó ese proyecto académico de educación de calidad por años esperado, del que tanto alardeó la reforma “educativa”, en realidad solo político-laboral? ¿Dónde están esos recursos que presuntamente destinarían los partidos políticos para las víctimas del 19-S y la reconstrucción de las ciudades afectadas?
Por eso ya no asombran las recientes y oprobiosas declaraciones de funcionarios como los titulares de las secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación. El primero, al revirar tras la reciente visita del primer ministro canadiense que cuestionó los bajos salarios que percibe el pueblo mexicano, que si existen bajos salarios es porque los trabajadores cuentan “con pocas capacidades”.
¡Qué ofensa, qué indignidad! Si a esas vamos, ¿cómo explica las decenas de miles de posgraduados desempleados porque no hay trabajo ni sueldo que alcance? ¿Ésta es la prosperidad prometida de la execrable reforma laboral? El segundo, el asegurar que estamos en “una etapa en la que ya no hay manifestaciones afuera”.
¿Ya olvidó las infatigables y permanentes manifestaciones de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? Y algo aún más preocupante, que vivimos en la “etapa de mayor gobernabilidad en los últimos 15 años”. ¡¿Gobernabilidad cuando estamos acéfalos en la Procuraduría General de la República y en la Fepade?! ¡¿Gobernabilidad cuando 2017 prácticamente es ya el año más violento desde que se tiene un registro oficial de homicidios?!
Sí, México es un país de contrastes criminales y costos dolorosos. Nación secuestrada por la praxis generalizada del doble discurso político que impera sobre una realidad que día a día se descompone más, sin que la propia sociedad haga ni pueda hacer nada por evitarlo.
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@BettyZanolli
