“NO QUIERO SENTIRME VALIENTE CUANDO SALGA A LA CALLE… QUIERO SENTIRME LIBRE”.
Veintidós organizaciones en 14 ciudades, han manifestado su indignación y se lanzaron a las calles en representación de las mujeres mexicanas convocando a protestas pacíficas bajo el lema “la calle es nuestra”, en busca de hacer visible la lucha contra agresiones, acoso y desapariciones forzadas que han sufrido las féminas en México.
Sabemos que entre los años 2000 y 2014, fueron asesinadas 26 mil 267 mujeres -según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)-, en tanto que el Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que cada día se registran 9.48 feminicidios en el territorio nacional: en este mes y medio del 2019, se tienen registrados 133 feminicidios en distintas partes de la República Mexicana.
En día pasados comenzamos a ver numerosos casos de agresiones a mujeres en el Metro de la CDMX y conocimos el relato de una serie de intentos de secuestro, hechos que han puesto sobre la mesa los riesgos que corremos las mujeres, ratificando igualmente que los mecanismos hasta hoy implementados por parte de las autoridades han sido limitados e insuficientes para prevenir y frenar lo que hoy la propia Organización de Naciones Unidas califica como una “pandemia” respecto al tema.
Las denuncias presentadas por mujeres atacadas, han permitido desarrollar un perfil del tipo de persona que buscan los atacantes, se trata de jóvenes de entre 20 y 25 años, cabello largo de color negro, tez morena clara, complexión delgada, en su mayoría universitarias y distraídas con el teléfono celular, lo cual nos lleva a suponer que estos hechos pueden estar relacionados con trata de personas para explotación sexual.
Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) ha confirmado igualmente que la desaparición de mujeres adolescentes se ha incrementado de manera dramática, siendo la frontera norte y el centro del país las zonas más afectadas por estas desapariciones: del 2010 al 2014, las cifras pasaron de 57 a 612 casos registrados, es decir un incremento de 974%, según Redim.
Lo anterior, nos deja claro la alarmante situación, concluyendo que se trata de una emergencia nacional, con miles de víctimas atacadas por el crimen organizado para lo cual, en afán de atacare la situación, se ha declarado que en las reformas al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, habrá de incorporarse el delito de feminicidio; sin embargo, no es posible determinar si con ello podrá prevenirse y más aun hacer frente a este cáncer que hoy nos aqueja… recientemente el ministro Arturo Zaldívar señaló en su cuenta de Twitter: “Lo he sostenido siempre. La prisión preventiva debe ser excepcional. Es una condena sin sentencia que no disminuye la delincuencia, viola la presunción de inocencia y castiga la pobreza”.
Ciertamente, lo que se necesita es una política integral; el secretario general de la ONU ha dicho que “la violencia contra la mujer no es inevitable y podría reducirse radicalmente y llegar a eliminarse, con la voluntad política y los recursos necesarios”, por lo que es recomendable la promulgación de políticas y leyes inequívocas, el establecimiento de mecanismos para el cumplimiento de la ley, personal motivado y bien preparado, la participación de todos sectores de la sociedad y la colaboración directa con los grupos de mujeres, las organizaciones sociales, círculos académicos y profesionales.
Las recientes movilizaciones en coordinación con el Parlamento de Mujeres recientemente implementado, buscan fortalecer el andamiaje para erradicar todo tipo de agresión, lo cual aporta la oportunidad para aprovechar el movimiento social para enfrentar estos hechos: la prisión preventiva como castigo a casos de feminicidio no es suficiente: se trata de aprovechar y consolidar la fuerza de la sociedad manifestada en los últimos días, para construir una política de Estado efectiva, que nos garantice vivir en paz, sin riesgos, respetadas y libres, como hace apenas algunos años...
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