/ lunes 5 de agosto de 2019

La CNDH y el gobierno

El pasado 30 de julio hubo una reunión con mayor formalidad, entre el gobierno de López Obrador representado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conforme a sus atribuciones constitucionales la CNDH forma parte de diversos mecanismos de protección de los DH, hay una relación muy cercana con ámbitos gubernamentales, de manera que su relación debe inscribirse en el respeto mutuo. Por ejemplo en el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Junta de Gobierno se conforma por 9 integrantes con voz y voto, 4 de la APF, 4 representan a colectivos y redes de Periodistas y personas defensoras de derechos humanos y el noveno integrante es la CNDH.

México es uno de los países más peligrosos para el periodismo, la hostilidad, amenazas y asesinatos contra quienes ejercen esta profesión se da porque en su mayoría cubren temas relacionados con la corrupción de autoridades locales y municipales con la aquiescencia de las autoridades estatales y de la federación. Sólo en Veracruz y con el asesinato de Jorge Celestino Ruiz de hace unos días, desde 2010 han sido asesinados 22 periodistas. Jorge había solicitado al mecanismo local medidas cautelares para él y su familia en octubre pasado. Es espeluznante corroborar que es el tercer periodista asesinado en una semana, y es el 12º en este sexenio. La CNDH ha estado recomendando al Estado justicia, prevención y no repetición de estos crímenes.

La comisión de la verdad sobre el caso Iguala/Ayotzinapa debe tener éxito y es plausible que desde SEGOB se haya reconocido la importancia de la recomendación de la CNDH para que se llegue al fondo de las causas que provocaron este crimen y se conozca el paradero y suerte de los 43 estudiantes y haya justicia para quienes fueron asesinados esa noche y para quienes fueron heridos.

Por supuesto que debemos desearle éxito a los trabajos de la Comisión Nacional de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzosa o desaparecidas por particulares. Sobre esto señalo que apoyo a las familias en su exigencia de que las acciones del gobierno estén inscritas en buscar y encontrar con vida a quienes han desaparecido sin demérito de la investigación y del funcionamiento eficaz de las herramientas de la Ley en la materia.

Destaco el mensaje de Mariclaire Acosta consejera del Consejo Consultivo de la CNDH de ese día 30 de julio ante SEGOB. Quienes somos activistas de derechos humanos compartimos la preocupación esgrimida por Mariclaire respecto de la trascendencia de la descalificación a la CNDH por parte del Presidente. Esos inapropiados dichos no sólo afectan a la Comisión sino a todo el sistema ombusdman nacional, es un ataque al campo de los Derechos Humanos, a su doctrina y a sus principios universales. Y abunda la Consejera al señalar que la ausencia de un estado de derecho sólido, con instituciones de justicia débiles si no es que colapsadas, es difícil que los esfuerzos de este sistema produzcan el cambio que todos aspiramos. Enorme reto, verdad?

Enfatizamos que el Presidente López Obrador no puede socavar la autoridad de la CNDH como si con sus tareas constitucionales pretendiese obstruir su proyecto de gobierno. En una democracia en necesario funcione una vigilancia autónoma que garantice el respeto a los derechos humanos, y eso hace ni más, ni menos, la CNDH.

El pasado 30 de julio hubo una reunión con mayor formalidad, entre el gobierno de López Obrador representado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conforme a sus atribuciones constitucionales la CNDH forma parte de diversos mecanismos de protección de los DH, hay una relación muy cercana con ámbitos gubernamentales, de manera que su relación debe inscribirse en el respeto mutuo. Por ejemplo en el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, la Junta de Gobierno se conforma por 9 integrantes con voz y voto, 4 de la APF, 4 representan a colectivos y redes de Periodistas y personas defensoras de derechos humanos y el noveno integrante es la CNDH.

México es uno de los países más peligrosos para el periodismo, la hostilidad, amenazas y asesinatos contra quienes ejercen esta profesión se da porque en su mayoría cubren temas relacionados con la corrupción de autoridades locales y municipales con la aquiescencia de las autoridades estatales y de la federación. Sólo en Veracruz y con el asesinato de Jorge Celestino Ruiz de hace unos días, desde 2010 han sido asesinados 22 periodistas. Jorge había solicitado al mecanismo local medidas cautelares para él y su familia en octubre pasado. Es espeluznante corroborar que es el tercer periodista asesinado en una semana, y es el 12º en este sexenio. La CNDH ha estado recomendando al Estado justicia, prevención y no repetición de estos crímenes.

La comisión de la verdad sobre el caso Iguala/Ayotzinapa debe tener éxito y es plausible que desde SEGOB se haya reconocido la importancia de la recomendación de la CNDH para que se llegue al fondo de las causas que provocaron este crimen y se conozca el paradero y suerte de los 43 estudiantes y haya justicia para quienes fueron asesinados esa noche y para quienes fueron heridos.

Por supuesto que debemos desearle éxito a los trabajos de la Comisión Nacional de búsqueda de personas desaparecidas de manera forzosa o desaparecidas por particulares. Sobre esto señalo que apoyo a las familias en su exigencia de que las acciones del gobierno estén inscritas en buscar y encontrar con vida a quienes han desaparecido sin demérito de la investigación y del funcionamiento eficaz de las herramientas de la Ley en la materia.

Destaco el mensaje de Mariclaire Acosta consejera del Consejo Consultivo de la CNDH de ese día 30 de julio ante SEGOB. Quienes somos activistas de derechos humanos compartimos la preocupación esgrimida por Mariclaire respecto de la trascendencia de la descalificación a la CNDH por parte del Presidente. Esos inapropiados dichos no sólo afectan a la Comisión sino a todo el sistema ombusdman nacional, es un ataque al campo de los Derechos Humanos, a su doctrina y a sus principios universales. Y abunda la Consejera al señalar que la ausencia de un estado de derecho sólido, con instituciones de justicia débiles si no es que colapsadas, es difícil que los esfuerzos de este sistema produzcan el cambio que todos aspiramos. Enorme reto, verdad?

Enfatizamos que el Presidente López Obrador no puede socavar la autoridad de la CNDH como si con sus tareas constitucionales pretendiese obstruir su proyecto de gobierno. En una democracia en necesario funcione una vigilancia autónoma que garantice el respeto a los derechos humanos, y eso hace ni más, ni menos, la CNDH.