El Presidente López Obrador acaba de confesar que él ordenó liberar a Ovidio Guzmán el día 17 de octubre de 2019. Recordemos el país observaba cómo fue detenido y luego desventuradamente fue soltado por los elementos de la operación militar encargada de la aprehensión, que obedecía, informó entonces el gobierno federal, a una solicitud de extradición por parte de la Corte Federal de Columbia, EU. Más de 4 horas de tensión y de terror sobrevivió Culiacán por la reacción del cártel de Sinaloa quienes literalmente tomaron la ciudad para evitar la detención del hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
El objetivo de la operación, que tenía como fin subir a Ovidio a un avión para extraditarlo hacia Estados Unidos, se frustró con saldo de 8 personas muertas, 19 heridas, 51 reos evadidos y un clima de crisis en la población civil, frente a un evento judicial malogrado y vergonzoso. No conozco mucho de la cultura castrense, sin embargo fue evidente que no se aseguró el éxito de la inteligencia militar, puesto que fue un comando militar quien dirigió esta aprehensión, sobretodo tomando en cuenta la evidente influencia de todo tipo que este grupo delincuencial tiene en ese territorio del país. Desde entonces las autoridades federales se hicieron bolas para explicar qué pasó, si hubo o no orden de aprehensión por parte de una autoridad judicial mexicana -entonces el Presidente dijo que sí había, y en febrero de este año el secretario Alfonso Durazo dijo que no hubo ni la había en esa fecha- y quién dio la orden para soltarlo. Finalmente el gabinete de seguridad en pleno asumió que frente a las amenazas contra familiares de militares y civiles, fue este gabinete quien tomó la decisión de dejarlo libre.
Hoy vuelve a ser noticia ese suceso porque el Presidente López Obrador reveló que fue él quien dio la orden de soltar a Ovidio y no el gabinete de seguridad como entonces se informó. Esta declaración tiene trascendencia porque es inevitable observar a un Presidente en una situación ignominiosa e insensata saludando a la abuela paterna de Ovidio en marzo pasado en su visita a Sinaloa.
Cuáles son las consecuencias de lo dicho por el Presidente? Inevitable el debate en donde la consternación de la confesión puede derivar en el delito de evasión de un detenido en términos del artículo 150 del Código Penal Federal y que no es lo mismo refiera a la decisión de un gabinete de seguridad, que al Presidente mismo. Pudiera justificarse que soltar a Ovidio fue por un estado de necesidad: las amenazas reales contra población civil incluyendo a familias de militares. Esa decisión pudiera ampararse en una causa justificada, pero se lesiona un bien -detener a un delincuente vinculado a delitos contra la salud- y se agravia el estado de derecho. Y no hay duda que, en las formas, un asunto judicial tuvo una injerencia política: la decisión del titular del poder ejecutivo de cancelar una orden de extradición.
En conclusión este hecho deja mal parado al gabinete de seguridad quienes mintieron al asumirse como responsables de una decisión que no tomaron y refleja una vez más lo novel y falto de destreza de este gobierno. Un operativo que puso en riesgo a quienes participaron, deterioró la imagen de las fuerzas armadas y empoderó a un cártel. Hoy esta confesión desgasta la investidura presidencial. La pregunta sigue vigente ¿y todo para qué?
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