/ miércoles 13 de marzo de 2019

La constante lucha por la libertad a decidir

La lucha por los derechos de las mujeres, particularmente aquellos que involucran la toma de decisión sobre nuestros cuerpos, se convierte cada día en uno de los movimientos más importantes de nuestros tiempos. Mientras los pañuelos verdes nos representan a muchas, otras y otros más se ofenden, y los combaten frontalmente. En México el verdadero debate parece disiparse entre una polarización que poco permite visualizar la manera de garantizar el derecho a decidir a millones de mujeres.

La reciente penalización del aborto en el Congreso local de Nuevo León parece haber encendido nuevamente las alarmas sobre lo que parece ser una fuerte iniciativa de los grupos conservadores, por restringir el principio de autonomía de las personas y los derechos sexuales y reproductivos, incluso en plena contradicción de la NOM-046, que desde 2016, habilita que una mujer víctima de violación pueda acceder a un aborto seguro, sin mediar denuncia penal.

A nivel mundial, se estima una media de 28 abortos por cada mil embarazos, enfatizándose esta cifra en Latinoamérica dónde la media es de hasta 32 procedimientos de interrupción. El riesgo que tiene una mujer embarazada o durante el parto de morir en esta región es de 1 cada 130, y según datos del Instituto Guttmacher, el 95% de los abortos se realizan bajo la definición de la OMS, de inseguros.

Desde la creación de la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México en 2007, se calcula que casi 250 mil mujeres se han practicado un aborto, ya sea por condición médica, por tratarse de embarazos no deseados o simplemente por ser una decisión libre al amparo de las leyes. A pesar de esto, el aborto en condiciones inseguras, continúa siendo la cuarta causa de muerte de muerte materna en el país. De no haberse implementado esta medida, se calcula que poco más de 175 mil mujeres podrían haber sido privadas de su libertad, lo que podría haber generado además un costo al erario público de casi 9 mil millones de pesos, si consideramos que el costo de una persona recluida ronda los 140 pesos diarios, sin embargo, más allá de esta alarmante cifra, está el hecho de que de no haberse despenalizado el aborto.

La lucha por los derechos de las mujeres, particularmente aquellos que involucran la toma de decisión sobre nuestros cuerpos, se convierte cada día en uno de los movimientos más importantes de nuestros tiempos. Mientras los pañuelos verdes nos representan a muchas, otras y otros más se ofenden, y los combaten frontalmente. En México el verdadero debate parece disiparse entre una polarización que poco permite visualizar la manera de garantizar el derecho a decidir a millones de mujeres.

La reciente penalización del aborto en el Congreso local de Nuevo León parece haber encendido nuevamente las alarmas sobre lo que parece ser una fuerte iniciativa de los grupos conservadores, por restringir el principio de autonomía de las personas y los derechos sexuales y reproductivos, incluso en plena contradicción de la NOM-046, que desde 2016, habilita que una mujer víctima de violación pueda acceder a un aborto seguro, sin mediar denuncia penal.

A nivel mundial, se estima una media de 28 abortos por cada mil embarazos, enfatizándose esta cifra en Latinoamérica dónde la media es de hasta 32 procedimientos de interrupción. El riesgo que tiene una mujer embarazada o durante el parto de morir en esta región es de 1 cada 130, y según datos del Instituto Guttmacher, el 95% de los abortos se realizan bajo la definición de la OMS, de inseguros.

Desde la creación de la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México en 2007, se calcula que casi 250 mil mujeres se han practicado un aborto, ya sea por condición médica, por tratarse de embarazos no deseados o simplemente por ser una decisión libre al amparo de las leyes. A pesar de esto, el aborto en condiciones inseguras, continúa siendo la cuarta causa de muerte de muerte materna en el país. De no haberse implementado esta medida, se calcula que poco más de 175 mil mujeres podrían haber sido privadas de su libertad, lo que podría haber generado además un costo al erario público de casi 9 mil millones de pesos, si consideramos que el costo de una persona recluida ronda los 140 pesos diarios, sin embargo, más allá de esta alarmante cifra, está el hecho de que de no haberse despenalizado el aborto.