Durante décadas, gobiernos anteriores lucraron con la pobreza, fabricaron más pobres e impidieron la movilidad social para mejorar. Y si acaso existió algún cambio en este sentido, fue para deteriorar las condiciones de vida: la prueba evidente e irrefutable fue el deterioro galopante del poder adquisitivo del salario mínimo. Ahora, se ha demostrado que aumentarlo en forma decorosa no trajo inflación ni devaluación —como falazmente nos hacían creer—. Eran sólo “mitos de terror” para someter la esperanza de un pueblo.
Mientras tanto, y sin pudor, precarizaron a mujeres y hombres trabajadores. Con ello, hicieron que las nuevas generaciones vieran un futuro negro e incierto, en donde no importaba el esfuerzo que hicieras; el único camino para tener todos los bienes materiales publicitados era participando en la cultura del narco. Sólo era necesario tener el valor de empuñar un arma contra el débil y eliminar a otra persona con la misma impunidad, bajo la promesa de vivir un día como rey y no 100 como buey. A todo este desastre orilló el esquema neoliberal.
Un manto de impunidad y complicidad gubernamental parecía ejercerse con los que rompieron la ley. En los excesos, se les reconoció e incluso se les premiaba: es innegable que eso era una realidad cotidiana en este país.
Por eso, lo acontecido en Culiacán nos debe llevar a la reflexión y a redoblar los esfuerzos para acabar con los vestigios de tan infame política pública. La reconstrucción de un país no es cuestión de unos días. No es copiar la estrategia de los criminales y comprar un arma más grande y ver quién mata a más personas: ese no es el fundamento del Estado de derecho. Se equivocan gravemente quienes así lo piensan. El Estado no es un pistolero a sueldo —aunque eso nos hayan querido hacer creer—. La estrategia de seguridad se va construyendo bajo las premisas de la 4ta. Transformación, atacando las causas de esta terrible delincuencia, no sólo sus efectos. Arremeter contra los efectos es más vistoso, pero sabemos que no sirve de nada. Miren en qué condiciones nos han dejado este país.
Son tres los soportes del crimen: precarización, corrupción e impunidad. Los diputados de Morena seguiremos construyendo y modificando la estructura legal para acabar con cada uno de ellos. Hemos aprobado presupuestos que realmente ayudan a la población más vulnerable como becas para jóvenes estudiantes, apoyos a jóvenes edificando el futuro, y para la construcción y operación de universidades Benito Juárez. Además, estamos articulando todo el sistema legal para combatir la corrupción: desde definirla como un delito grave (artículo 19) hasta combatir los conflictos de interés y dar un seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos. En el caso del combate a la impunidad, hemos establecido prisión preventiva oficiosa y fortalecido la autonomía de la Fiscalía General de la República.
El punto también es luchar contra la capacidad económica de la delincuencia, mediante el combate al lavado de dinero, que está íntimamente relacionado con la defraudación fiscal; además, acotar su poder de fuego definiendo acuerdos con los Estados Unidos contra el tráfico de armas.
Como dato adicional, se regulará todo lo relacionado con la mariguana, que hoy, es la puerta de entrada de nuevas adicciones, y por ende, de recursos para los criminales.
El proceso de reconstrucción está en marcha. Vamos desde el origen. De las causas a las consecuencias. Es un proceso que va a revertir décadas de sangre y fuego. Estaremos devolviendo la esperanza al pueblo, con la visión de un futuro mejor a base de esfuerzo y trabajo, donde el delito sea combatido y no premiado.
Diputada Federal, Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena
